Activistas de derechos humanos, en peligro

"Ayer mismo recibimos una multa financiera de 30.000 rublos", dijo el activista de derechos humanos Grigory Okhotin en una conferencia de prensa organizada por Amnistía Internacional en Berlín. Okhotin es parte de la junta directiva de la ONG rusa Memorial International. Una ley rusa requiere que todas las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos del extranjero se registren como "agentes extranjeros". La negativa de Memorial a hacerlo acarreó la sanción posterior de unos 5.000 euros.

"Esto fue una gran sorpresa para nosotros", dijo Okhotin. Las ONGs rusas están actualmente bajo una gran presión para continuar operando. "Nos difaman, nos etiquetan como enemigos del Estado o como partidarios del terrorismo", explicó Okhotin, refiriéndose a las transmisiones de los medios de comunicación estatales y a las frecuentes manifestaciones realizadas fuera de la oficina de su organización. "Si se ponen agresivos, la policía simplemente se niega a intervenir".

Ataques a la sociedad civil

Según Amnistía Internacional, 27 de las 148 ONG rusas registradas como "agentes extranjeros" se vieron obligadas a suspender sus operaciones. Asimismo, en muchos otros países, activistas de derechos humanos se han visto cada vez más reprimidos e incluso expuestos a actos violentos. Al menos 156 defensores de derechos humanos han muerto en el último año, informó Amnistía Internacional. "La situación es alarmante", dijo la organización en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos.

En vista de la violenta coyuntura actual, el poder que tiene las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional debe reforzarse. Mientras tanto, Amnistía Internacional tiene la intención de hacer de la salvaguardia de los derechos humanos su enfoque clave para el próximo año.

Abusos de los derechos humanos en Turquía

Amnistía Internacional ha condenado la situación actual en Turquía, donde el Gobierno ha emitido un estado de emergencia, aún en curso, desde el fallido intento de golpe militar en julio. "El relator especial sobre tortura de la ONU ha informado de casos generalizados de tortura tras el golpe de Estado", dijo Markus Beeko, secretario general de Amnistía Internacional en Alemania. "Sobre la base de nuestras observaciones, en Turquía se siguen llevando a cabo torturas". Los inspectores independientes deben, por tanto, tener acceso sin obstáculos a las comisarías y prisiones.

"La libertad de expresión, así como el derecho de reunión y asociación, permanecen significativamente restringidos como parte de la represión sistemática del Gobierno turco contra cualquier forma de crítica", dijo Beeko. Desde que se emitió el estado de excepción, se han cerrado más de 160 organizaciones de medios de comunicación, mientras que se han detenido a 130 periodistas. Además, el Gobierno de Recep Tayyip Erdogan ha ordenado el cierre de 375 organizaciones no gubernamentales, entre ellas asociaciones de abogados, organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y órganos rectores de los derechos del niño.

Despedida por expresar críticas

Zeynep Kivilcim, profesora de derecho internacional en la Universidad de Estambul, ha sufrido personalmente las restricciones impuestas a la sociedad civil. En octubre fue despedida por firmar una petición titulada "Académicos por la Paz": más de 2.000 académicos y científicos turcos habían suscrito sus nombres a la petición para pronunciarse en contra de la violenta ofensiva a la población civil por parte del Gobierno turco, particularmente en la región kurda. Kivilcim se enteró de su despido en Alemania, donde le gustaría quedarse de momento: durante la conferencia de prensa de Amnistía Internacional, dijo que enfrenta en Turquía la amenaza de que se le dicte una pena de prisión de hasta siete años.