Acuerdo de Paz en 2021:¿Logrará o malogrará Colombia la paz?
6 de enero de 2021
Solo habían pasado cuatro horas y media del nuevo año cuando la joven Yolanda Zabala se convirtió en la primera víctima mortal en 2021. Yolanda, de 22 años, había dejado las armas gracias al Acuerdo de Paz de 2016 y adelantaba su proceso de reintegración en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en Anorí, departamento de Antioquia. Además de Yolanda y su hermana, se reportan los asesinatos de Rosa Amalia Mendoza Trujillo en Montecristo, Bolívar, y de Manuel Alonso en Miranda, Cauca. Estos últimos también en proceso de reintegración a la vida sin armas.
La ONG Indepaz cifraba hasta diciembre en 250 el número de excombatientes asesinados después de la firma del Acuerdo de Paz el 24 de noviembre de 2016, ahora la cuenta no oficial va en 253. "Colombia ha sido uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defienden los derechos humanos, los territorios ancestrales y los recursos naturales. Pero desde la firma del Acuerdo de Paz la situación ha empeorado”, dice Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Asesinatos no son "casos aislados”
"No se trata de casos aislados. Los asesinatos, tanto de excombatientes como de líderes defensores de Derechos Humanos, son un fenómeno que vivimos desde el inicio de la implementación del Acuerdo de Paz y que está relacionado con el deterioro de las condiciones de seguridad. Los asesinatos se han concentrado en 6 de los 21 departamentos del país en los que se han presentado estos hechos", dice a DW Diana Esther Guzmán, subdirectora de Dejusticia, un centro de estudios dedicado al "fortalecimiento del Estado de derecho y a la promoción de los derechos humanos”, con sede en Bogotá.
"Las disidencias de las FARC y los neoparamilitares o grupos armados residuales, producto de la desmovilización de paramilitares en el proceso de Justicia y Paz (bajo Álvaro Uribe, 2005), son considerados los principales victimarios de los excombatientes y líderes sociales”, explica a DW el jurista Sergio Ruano, magister en Derechos Humanos y derecho internacional humanitario de la Universidad Nacional de Colombia.
"Causas erradas” del Gobierno de Iván Duque
Para Ruano, "la postura limitada del Gobierno nacional” frente a las causas de los asesinatos dificulta su investigación, toda vez que "está probado que el narcotráfico no es el principal motivo de los homicidios porque en el 63% de los territorios con cultivos de coca no se presenta este tipo de homicidios”. A esta conclusión llega la UIA, la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, el órgano que en materia de policía judicial aporta la documentación al Tribunal para la Paz. Por ello el jurista habla de "causas erradas” en las que incluye la leyenda de que los excombatientes caen víctimas de "rencillas personales”.
"Los asesinatos de excombatientes, ya sean por intereses económicos o políticos, dentro o fuera de las zonas de reincorporación, nos habla de los riesgos que enfrenta la implementación del Acuerdo y la paz como un todo”, advierte Diana Guzmán, especialista en investigación socio-jurídica de la Stanford University.
Si bien las causas de los asesinatos son múltiples y hacen parte de la larga historia de violencia socio-política en Colombia, la subdirectora de Dejusticia destaca como factor decisivo "la persistente estigmatización de los excombatientes, llamándolos ‘terroristas'”, lo que dificulta el mantenimiento de garantías de seguridad y la implementación misma del Acuerdo de Paz. La analista resalta, además, que "los ataques de fuerzas políticas del Centro Democrático (partido de Gobierno), que aún rechazan vehementemente el Acuerdo, complican la construcción de paz en la que se encuentra Colombia”. En este contexto, la jurista recuerda que "la implementación del Acuerdo de Paz no ha recibido la financiación requerida por parte del Gobierno nacional”. "El apoyo y la voluntad política juegan un papel importante en la garantía de seguridad de los excombatientes y todos los que se la están jugando por la paz”, concluye la jurista.
Ambos juristas coinciden: "La solución a la violencia que viven las y los excombatientes se encuentra en la implementación de los instrumentos previstos por el Acuerdo Final de Paz, medidas que el gobierno no aplica vigorosamente”, es igualmente la convicción del investigador Sergio Ruano.
El Acuerdo de Paz (aún) no ha fracasado
Diana Esther Guzmán no cree que el Acuerdo de Paz haya fracasado, aunque "sí enfrenta retos y riesgos significativos como la seguridad de excombatientes y defensores de derechos humanos”, reconoce, y urge "fortalecer la institucionalidad encargada de los derechos de las víctimas”.
Si bien políticos y violentos siguen atacando el Acuerdo de Paz, a pesar de las muy lamentables muertes, hay éxitos de mostrar plasmados en sendos informes a concluirse en los próximos meses: "Los avances de la Comisión de la Verdad demuestran el importante trabajo de dignificación, reconocimiento y empoderamiento de las víctimas y sus comunidades; la JEP ha avanzado con la apertura de casos, así como la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, además de las múltiples iniciativas de paz en las regiones”. Tanto para Diana Esther Guzmán como para Sergio Ruano, el seguimiento y participación de la comunidad internacional, en este caso de la Unión Europea, es ahora más importante que nunca.
Por último, la subdirectora de Dejusticia insta a que "Colombia, como sociedad y como Estado, debe jugársela este 2021, un año que será decisivo para fortalecer la implementación de la paz”. Así, 2021 será clave para ver si Colombia logra afianzar la paz, a pesar de los que insisten en sembrar la guerra.
(few)