Alarma en Venezuela por el estado de la libertad de expresión

Como si la crisis política en Honduras no fuera motivo de preocupación suficiente para quienes temen por el futuro de la institucionalidad democrática en América Latina, ahora se aviva también el miedo a que el Gobierno de Hugo Chávez trunque de un plumazo la libertad de expresión de los venezolanos al aprobar propuestas como el proyecto de ley sobre “delitos mediáticos”, que se discute en la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional.

“Estamos frente al ataque más frontal a la libertad de expresión en Venezuela desde que Chávez asumió el poder. Con la excepción de Cuba, Venezuela es el único país en la región al cual le resultan abiertamente indiferentes los estándares universales sobre libertad de expresión”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), aludiendo en un comunicado a varias medidas que restringen considerablemente ese derecho fundamental en la nación suramericana.

Alarma en los medios

Puede que la prohibición de una campaña publicitaria que promovía la protección del derecho a la propiedad privada, la iniciativa gubernamental de obligar a los canales de cable a transmitir en directo los discursos del Presidente Chávez y la propuesta de limitar la capacidad de las estaciones de radio de agruparse en circuitos para extender su cobertura a todo el país, hayan pasado inadvertidas por la comunidad internacional durante el mes de julio.

Pero las últimas actuaciones del estamento "chavista" y las de sus partidarios más radicales han hecho sonar la alarma, dentro y fuera de Venezuela: el sábado, primero de agosto, fueron clausuradas 34 emisoras privadas de radio y televisión, y se anunció el posible cierre de otras 206 consideradas como medios opositores; el lunes, un grupo oficialista atacó con bombas lacrimógenas la sede de la cadena de televisión Globovisión, un conspicuo crítico del Gobierno; y hoy martes se discute en el Parlamento la entrada en vigencia de una polémica ley sobre “delitos mediáticos”.

¿Camino a un régimen de censura?

El esbozo más reciente de esta ley penaliza con hasta cuatro años de prisión la divulgación de noticias “falsas”, “manipuladas” o “tergiversadas”, que vayan en contra de los intereses del Estado o lesionen la paz social, la seguridad nacional, el orden público, la salud mental o la moral pública. Pero, considerando que las nociones de veracidad, manipulación y tergiversación son tan propensas a ser interpretadas subjetivamente, ¿no es la aprobación de esta ley la vía más expedita para la instauración de la censura previa en los medios de comunicación venezolanos?

“La libertad de expresión está siendo restringida en Venezuela”, sostiene Anja Viohl, encargada de prensa de la ONG Reporteros sin Fronteras (RSF). “Venezuela ocupa el puesto 113 en el ranking de RSF sobre el estado de la libertad de prensa en el mundo. En la lista aparecen 137 países y nosotros tememos que, debido al cierre masivo de emisoras de radio y televisión, y al proyecto de ley sobre ‘delitos mediáticos’, Venezuela pueda caer aún más bajo”, añade.

Definiendo los “delitos mediáticos”

Al pronunciarse sobre el tema, HRW ha insistido en que, de ser sancionada, esta ley constituiría una violación del derecho internacional sobre libertad de expresión. La ONG cita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según la cual un régimen de censura previa presuntamente destinado a filtrar informaciones consideradas falsas por funcionarios estatales no se puede justificar invocando el derecho de la sociedad a estar informada verazmente.

La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2000, establece que condicionamientos previos por parte de los Estados –como los criterios de veracidad, oportunidad o imparcialidad- son incompatibles con el derecho a la libertad de expresión reconocido en los instrumentos internacionales.

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¿Adónde se dirige la política mediática de Chávez?

Para justificar la clausura de las estaciones de radio y televisión, varios representantes del Gobierno venezolano han recurrido a argumentos que van desde lo meramente técnico y administrativo –irregularidades en la asignación de las licencias o vencimiento de las concesiones operativas– hasta lo político-ideológico. Según el diario venezolano El Nacional, el propio Chávez ha asegurado que estas acciones forman parte de la “lucha contra las mentiras de la burguesía y la oligarquía”.

“Estas medidas son tan ilegítimas como ilegales. Las razones que se han esgrimido para explicar el cierre de estas emisoras de radio y televisión por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones venezolana (Conatel) son, a juicio de Reporteros sin Fronteras, sólo pretextos. Detrás de eso lo que se esconde es la intención de reprimir las críticas y las opiniones de la oposición”, comenta Viohl, de RSF. “Nosotros vemos desde hace mucho tiempo una creciente tendencia a la censura y al cierre de medios, y observamos este desarrollo con mucha preocupación”.

El poder de la palabra

En lo que se refiere a los ataques físicos de los que han sido objeto los periodistas y los medios de comunicación venezolanos en los últimos años, Anja Viohl comparte la impresión de los analistas políticos que ven en el agresivo discurso político de Chávez un posible catalizador de la violencia de calle: “Yo no describiría sus palabras como fanfarronadas que no deben tomarse en serio, porque uno puede ver que tienen consecuencias. No creo que cualquiera se deje inspirar para organizar ataques a los medios; pero los partidarios más radicales de Chávez –grupos militantes como el de La Piedrita– se sienten aludidos y animados por sus palabras”, asegura.

“Por eso nos preocupa que el futuro del debate democrático en Venezuela sea puesto en peligro por una política de medios como la del Gobierno actual. Si las voces opositoras no encuentran un canal para dejarse oír, ellas pueden radicalizarse y llegar a hacer uso de la violencia. Ya hemos visto que periodistas afines al Gobierno también han sido amenazados o agredidos. La violencia no afecta solamente a los periodistas que critican a Chávez”.

Autor: Evan Romero-Castillo

Editora: Luna Bolívar Manaut