¿Golpe de Estado en Paraguay?

Cuando el ministro alemán de Cooperación y Desarrollo, Dirk Niebel, partió hacia Brasil para asistir a la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, no podía anticipar que las tensiones políticas en el vecino Paraguay requerirían que actuara, virtualmente, como un ministro de Exteriores. Niebel voló de Río de Janeiro a La Asunción este sábado (23.6.2012) para reunirse con Federico Franco, quién acaba de ser juramentado como nuevo presidente de Paraguay en circunstancias controvertidas.

La vocera de la Unión Europea en materia de política exterior y seguridad, Catherine Ashton, hizo pública su inquietud por los acontecimientos políticos que tuvieron lugar en el país suramericano y le aseguró su respaldo a la población paraguaya, haciendo hincapié en que su voluntad democrática debía ser respetada. En la capital paraguaya, después de conversar con Franco en el Palacio de Gobierno, Niebel se mostró menos preocupado, declarando que “no existen señales de que el cambio haya sido inconstitucional”.

A juicio del político alemán, las votaciones en el Congreso que llevaron a la destitución del presidente Fernando Lugo “son un mensaje político claro”. No obstante, Niebel subrayó que su cita con Franco no significa que Alemania reconozca formalmente su Gobierno. El ministro alemán es el primer alto funcionario europeo en reunirse con Franco después de la destitución de Lugo; pero asumir una posición de cara a la situación política de Paraguay es una materia que sólo compete a Guido Westerwelle, ministro alemán de Exteriores, y a la canciller, Angela Merkel.

Niebel en Paraguay

Previamente, Niebel había dicho que Paraguay debía encontrar un “camino constitucional” para resolver su actual crisis política, refiriéndose al ambiente de crispación que reina en ese país latinoamericano desde este viernes (22.6.2012), cuando se destituyó a Fernando Lugo de la jefatura del Gobierno mediante un opaco proceso que duró menos de 48 horas. Lugo fue sustituido en el cargo por el vicepresidente, Federico Franco, obedeciendo lo establecido en la Carta Magna; pero eso no evitó que la medida fuera mal recibida en buena parte del continente.

Aunque, oficialmente, el ministro alemán de Cooperación y Desarrollo viajó al territorio guaraní por dos días sólo para sopesar la posibilidad de impulsar proyectos germano-paraguayos en el ámbito educativo, Franco aprovechó el encuentro para aclarar la situación que condujo a la remoción de Lugo. Convencer a la comunidad internacional –sobe todo a sus homólogos de Brasil, Uruguay y otras naciones suramericanas– de la legalidad y legitimidad de esa moción parece ser la prioridad de Franco.

Después de todo, si la mayoría de los miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Mercado Común del Sur (Mercosur) considera que la destitución de Lugo constituye una ruptura del hilo constitucional, un Paraguay regido por Franco puede terminar siendo excluido de esos foros regionales. Este viernes (22.6.2012), la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, recordó que, en ambos bloques, el irrespeto de las cláusulas democráticas por parte de un Gobierno es castigado con la expulsión.

¿Golpe de Estado?

Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela se pronunciaron con mucha mayor dureza, dejando claro que el temor al aislamiento atribuido a Franco tiene fundamento. Los mandatarios de estos países dijeron desconocer al nuevo Gobierno paraguayo porque el juicio político celebrado en el Congreso para destituir a Lugo era ilegítimo. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, anunció que Unasur podría realizar una reunión extraordinaria la próxima semana para tratar el asunto.

Secundando al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Miguel Insulza, el ministro de Exteriores chileno, Alfredo Moreno, lamentó que el proceso contra el ex gobernante paraguayo no cumpliera con los “estándares mínimos que requiere la defensa de cualquier persona”. A Lugo se le atribuyó la responsabilidad política por la intensificación de los conflictos sociales en el país. El catalizador del juicio fue la muerte de once campesinos y seis policías en un enfrentamiento ocurrido la semana pasada.

Alrededor de un centenar de minifundistas usaron sus armas contra los agentes policiales cuando éstos procuraban expulsarlos de un terreno invadido hace tres semanas. En Paraguay, uno de los países más pobres de Suramérica, el 2 por ciento de la población acapara el 80 por ciento de las tierras; de ahí que los conflictos asociados a la propiedad de tierras constituyan un problema crónico. Al ganar las elecciones presidenciales en abril de 2008, Fernando Lugo prometió impulsar una reforma agraria y regularizar la tenencia de tierras.

Autor: Evan Romero-Castillo
Editor: José Ospina Valencia