Alemania quiere endurecer sus leyes

Poco tiempo después del 11 de septiembre, el entonces Gobierno rojo y verde (coalición de socialdemócratas y verdes alemanes) aprobó dos amplios paquetes de leyes antiterroristas. Estos paquetes contenían un total de 19 cambios legislativos y gran cantidad de nuevos decretos. Así, se aumentaron las competencias de los servicios secretos, de la Oficina Federal Alemana de Investigación Criminal y de la ahora llamada Policía Federal. Las fuerzas de seguridad adquirieron acceso a los datos personales almacenados por las empresas de telefonía, los bancos y las compañías aéreas.

Cinco años a prueba

Ya entonces, el que fuera ministro del Interior y el responsable en aquellos momentos de las nuevas medidas contra el terrorismo, Otto Schily, tuvo que lidiar con numerosas críticas. Defensores de los derechos humanos y otros observadores consideraron exagerado el celo del Gobierno. Inocentes podían caer en la furia de la sospecha generalizada y ser investigados por las autoridades sin motivo. Pero los atentados de Madrid y Londres acallaron a las voces disconformes.

No obstante, algunas de aquellas medidas llevaban una fecha de caducidad de cinco años. Superado ese periodo, en enero de 2007, debía ser evaluada de nuevo su efectividad y en caso necesario alargado su tiempo de vida. En mayo de 2005, el ex ministro Otto Schily hizo una valoración positiva del rendimiento mostrado hasta ese momento por las nuevas leyes antiterroristas. En algunos casos, las fuerzas de seguridad habían logrado gracias a ellas desmantelar planes para llevar a cabo atentados: atentados que, de manera directa o indirecta, hubieran afectado a Alemania.

Valoración puesta en duda

Por ello, Schily propuso eliminar el carácter temporal de las leyes antiterroristas y convertirlas en permanentes. Sus palabras hicieron eco, por lo menos, en una parte de sus sucesores. Ahora, en julio de 2006, la gran coalición (socialdemócratas, democratacristianos y socialcristianos) aprobó alargar la vigencia de las leyes antiterroristas a otros cinco años más, cuestión sobre la que aún tiene que dar su veredicto el Bundesrat alemán (la cámara alta).

Pero las críticas se hacen oír de nuevo: las leyes antiterroristas y sus resultados no han sido valorados adecuadamente, se queja la oposición en Berlín.

Aún se esperan más medidas que complementen a las ya existentes. Medidas que afectan principalmente al derecho de las fuerzas de seguridad a recaudar información. Con una ampliación de esta competencia, el Gobierno alemán espera que las autoridades puedan actuar más fácilmente contra los que "predican el odio" y contra los extremistas de derechas.

Finalizado el descanso veraniego en el Parlamento alemán, el ministro del Interior, Wolfgang Schäuble, quiere presentar un proyecto de ley para elaborar una "Base de Datos Antiterrorista" centralizada para todo el país y a la que tenga acceso todas las fuerzas de seguridad, del servicio secreto a la policía.