Hay muchas razones para preocuparse de la reforma al Poder Judicial que, en el ocaso de su mandato, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quiere imponer a como de lugar, con la ayuda de la candidata electa Claudia Sheinbaum y la construcción amañada de una mayoría calificada en el Congreso, que estará en discusión en el Tribunal Federal Electoral.
Diversas voces dentro y fuera de México han expuesto el alto riesgo de que, de ser electos sus integrantes por voto directo como si se tratara de gobernantes, el poder judicial quede en manos de grupos de intereses políticos y económicos desviados, y del narcotráfico. En México está probado que muy seguido conviven en complicidad anteponiendo sus intereses a los ciudadanos.
Mike Pompeo, ex secretario de Estado de Estados Unidos, afirmó categóricamente en un editorial publicado en The Wall Street Journal, que de la reforma propuesta por AMLO "solo se beneficiarán los carteles de la droga que introducen veneno en ambas naciones”. Y trabajadores del Poder Judicial, el 23 de junio, también manifestaron públicamente su preocupación de que el narco se meta en la elección directa de jueces, magistrados y ministros que propone López Obrador.
Más allá de esa muy válida preocupación, hay, desde mi punto de vista, una de más fondo. La reforma propuesta por AMLO parte de una premisa falsa: la injusticia e impunidad en México es por el mal Poder Judicial.
La realidad es que de acuerdo a la información estadística del propio gobierno federal, el principal problema recae directamente en las fiscalías estatales, la fiscalía federal y las fuerzas del orden. En el funcionamiento de esas áreas están las razones de fondo de la injusticia en México.
Correr el alto riesgo de que grupos de intereses políticos y económicos desviados, y del narcotráfico, tomen control del poder judicial a través de la reforma, no resolverá el problema de fondo, sino que lo va a empeorar.
El caso de "Don Rodo”
El 22 de abril pasado, el gobierno de AMLO anunció como gran éxito la detención de Abraham Oseguera Cervantes, hermano del "Mencho”, el poderoso líder del Cartel Jalisco Nueva Generación. Se afirmó que era parte del grupo criminal y que, tras semanas de investigación, la Guardia Nacional lo había capturado en Jalisco con armas y dosis de fentanilo.
Ocho días después, por orden de un juez federal, "Don Rodo”, como se conoce en el mundo criminal al hermano de Rubén Oseguera Cervantes, salió como si nada de la cárcel federal de máxima seguridad ubicada en el Estado de México.
Aunque el gobierno culpó al Poder Judicial de su liberación, la realidad es que la responsabilidad fue de la Guardia Nacional y el Ministerio Público federal porque en sus reportes mintieron sobre las circunstancias de su detención, lo cual afectó de fondo el caso penal, según corroboró este viernes 21 de junio un tribunal federal.
Este caso no es la excepción sino la regla del verdadero problema de injusticia en México, de acuerdo a estadísticas y análisis sobre la impartición de justicia.
Ante la preocupante reforma poder judicial propuesta por AMLO, que hace temblar a los mercados financieros y que según Pompeo de ser aprobada pondrá en riesgo el tratado de libre comercio, porque éste exige condiciones mínimas de legalidad y democracia, es importante exponer donde está realmente el primer y principal obstáculo que genera una impunidad de casi el 100 por ciento.
Impunidad imperante
En 2022, se cometieron 26 millones de delitos en México del fuero común. El 90 por ciento de los delitos de todo tipo no fueron denunciados por las víctimas de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicada en 2023, la cual se realiza desde el año 2010.
Se trata de un problema de fondo que no tiene que ver con jueces, magistrados ni miembros de la SCJN, sino con las policías locales, la Guardia Nacional, así como los ministerios públicos y las fiscalías estatales, y sus correspondientes policías de investigación.
Esa cifra del 90 por ciento de delitos no denunciados se ha mantenido casi estática en lo que va de este siglo. No se puede achacar sólo al gobierno en turno, sino que es un problema sistémico, no ocasional.
Ese es el primer nodo que impide la justicia; después de haber sido víctimas de un delito, los ciudadanos se encuentran desamparados o no tienen confianza en la justicia. En el 60 por ciento de los casos, las víctimas dijeron que no denunciaron porque las autoridades no les dieron las condiciones para hacerlo.
De los 26 millones de delitos que se cometieron en México en 2022, solo el 10 por ciento fueron denunciados ante el Ministerio Público. Es decir, uno de cada diez. En 2010, las victimas denunciaron el 12 por ciento de los delitos. *
De los 2,6 millones de delitos denunciados ante las autoridades, solo en el 70 por ciento los ministerios públicos abrieron algún tipo de investigación. En el resto no, con eso disminuyen aún más los delitos que podrían ser juzgados y por lo tanto sancionados.
Estamos hablando que de los 26 millones de delitos que se cometieron en 2022 solo en 1,8 millones las autoridades abrieron una carpeta de investigación. Es decir solo el 6,4 por ciento.
No corresponde a jueces, magistrados ni ministros del Poder Judicial abrir las carpetas de investigación ni hacer las investigaciones de delitos, sino que eso corresponde a las fiscalías locales, cuando se trata de delitos del fuero común, y a la Fiscalía General de la República (FGR) cuando se trata de delitos federales. Una vez investigado el delito, se comprueba o no su existencia, se deben encontrar a los responsables y es hasta ese momento que el delito pasa al Poder Judicial cuando un ministerio público presenta la acusación formal.
La situación es aún mucho peor. Del 1,8 millones de delitos de los que se abrió una carpeta de investigación en el 46 por ciento no pasó nada, según el INEGI.
Solo en la indignante cifra de 97 mil delitos del fuero común a nivel nacional, de los 26 millones que se cometieron en México en 2022, el responsable del delito fue presentado ante un juez, de acuerdo a las cifras oficiales. Es decir solo el 0,34 por ciento, ni si quiera. Ahí está el principal punto donde la impunidad se hace masiva y la posibilidad de justicia se aniquila.
De acuerdo al informe de la reconocida organización México Evalúa, sobre 2022, los cuatro estados con mayor índice de impunidad en México fueron Hidalgo, 99,6; Jalisco, 99,5; Colima, 99,5; y la Ciudad de México, 99,1. En el primer estado gobernaba el priísta Omar Fayad, en el segundo Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, en el tercero, la morenista Indira Vizcaino, y en el cuarto, la candidata presidencial electa, la morenista Sheinbaum.
La FGR igual de mal
A nivel de delitos federales, la Fiscalía General de la República (FGR) no lo hace mejor que las fiscalías estatales. De acuerdo al análisis de México Evalúa existe en los delitos de orden federal del 95 por ciento.
Para empezar, la FGR en 2022 disminuyó en más del 30 por ciento el número de apertura carpetas de investigación en comparación a 2018, no porque hayan disminuido los delitos federales, sino porque ya no abre investigaciones por oficio sino solo si la víctima denuncia. Esto podría explicar por qué, por ejemplo, a los hijos de Joaquín Guzmán Loera conocidos como "Los Chapitos”, pese a los diversos delitos que cometen, si nadie los denuncia, la autoridad no los investiga, aunque sus crímenes son públicos y notorios.
De acuerdo a las cifras del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2023, correspondiente a 2022, realizado por el INEGI, que consulté para este artículo, de las 77 mil investigaciones abiertas por FGR, la mayor parte, el 18 por ciento, fueron por delitos relacionados con posesión de armas de fuego prohibidas; 16 por ciento por robo, 7 por ciento por delitos "en materia de hidrocarburos y sus derivados”, 6 por ciento por "delitos federales contra la salud relacionados con narcóticos”, es decir, producción, transporte, tráfico, comercio y posesión de drogas ilegales. Esta cifra es por demás escandalosa, porque es pública y notoria la proliferación de estos delitos en diversas partes del país. La disminución de carpetas al respecto favorece a los carteles de la droga como el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación.
Y, según el análisis de México Evalúa, del total de investigaciones iniciadas, solo el 45 por ciento llegó a un punto de resultado. Lo peor es que, de ese escaso porcentaje, en más de las dos terceras partes se resuelve no ejercer la acción penal. Solo el minúsculo 4 por ciento de las averiguaciones previas abiertas tuvieron un resultado concreto, ya sea sentencia o alguna salida alterna o anticipada.
AMLO y la falsa búsqueda de la justicia
Esta catástrofe en las fiscalías y ministerios es el principal motivo para que en México impere la impunidad y la injusticia. Y si bien es cierto el Poder Judicial requiere reformas, ni la mejor de ellas podrá resolver el colapso en ese rubro si no reforman y mejoran las fiscalías y policías investigadores. SI AMLO buscara una verdadera solución, no comenzaría por una reforma al Poder Judicial.
La elección directa de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia no solo no va a resolver la situación sino que incluso la puede empeorar, si el Poder Judicial queda sujeto a intereses políticos, económicos o criminales durante el proceso de elección, igual que ocurre con aspirantes a cualquier otro puesto de elección popular en una débil democracia como la de México, aún más débil por la hegemonía de un solo partido, y del crimen organizado.
Para ejemplificar más la falsa búsqueda de la justicia está la Ministra Lenia Batres, cuyo único mérito para estar en la SCJN es ser incondicional de AMLO y Morena; nunca ha ocupado un cargo relacionado con la impartición de justicia. Si a López Obrador le preocupa tanto el Poder Judicial hubiera nominado a alguien con mucho mejor perfil y fuera de las filas de su partido.
El 22 de junio de manera irregular Batres participó en un evento organizado por Morena para defender la peligrosa reforma Judicial de Amlo. Ahí dijo a los oyentes que era injusto que un juez liberara a un presunto culpable "solo” porque el MP y la policía habían hecho mal su trabajo. Con este planteamiento la integrante de la SCJN hace a un lado la Constitución que exige que todo acusado debe tener un proceso justo, y el proceso justo se inicia desde el momento de la investigación y su detención. Si fue detenido de modo diverso a como dice el reporte policiaco, si le inventaron cargos, si le sembraron pruebas, si violaron sus derechos humanos, el proceso está viciado de origen. Ningún juez puede remediar un proceso que nació putrefacto.
La premisa de Batres es tan absurda como si dijera que es injusto que un juez libere a un acusado "solo porque fue torturado”.
Si la idea de ella, AMLO, Sheinbaum y Morena es tener jueces, magistrados y ministros que simplemente obedezcan al Ministerio Público aunque éste manipule los casos, habrá muchos condenados por consigna, no por la verdad y justicia a la que tiene derecho la víctima. Con ello, habrá muchos más inocentes encarcelados y mucho más culpables libres.
* Las cifras provienen de la encuesta ENVIPE 2023 y para efectos prácticos las cifras en este artículo, han sido redondeadas.
(ers)