Latinoamérica en la COP26: anuncios y cuestiones pendientes

La adaptación al cambio climático ha sido el punto de partida de la segunda semana de negociaciones climáticas que se llevan a cabo en Glasgow, Reino Unido, hasta el próximo 12 de noviembre en el marco de la COP26. Esta cuestión es vital para la región, una de las más vulnerables al cambio climático, que, durante los pasados días, protagonizó diversos anuncios en materia medioambiental. 

Argentina, Colombia, Ecuador, Brasil, Chile, Honduras, Perú, Costa Rica, Guatemala, Cuba, México, Panamá, Paraguay y Uruguay se comprometieron, junto a un centenar de gobiernos, a frenar la deforestación y la degradación de la tierra en 2030. Para ello, se proporcionarán 12.000 millones de dólares para la inversión pública, así como 7.200 millones para la inversión privada. A eso se suma el hecho de que Alemania, Reino Unido, Noruega, Estados Unidos y Países Bajos -en colaboración con cerca de una veintena de donantes- proporcionarán financiamiento, por valor de 1.700 millones de dólares, a pueblos originarios que integran la Alianza Global de Comunidades Territoriales, entre las que se encuentran organizaciones latinoamericanas. 

Aunque el anuncio fue bien recibido, generó reticencias. “Todos esos fondos flotan en el aire pero son inalcanzables para las mujeres indígenas, por una serie de barreras que nos ponen para acceder, sin embargo se están perdiendo semillas, conocimientos, oportunidades para impulsar propuestas que realmente sean de contribución al cambio climático”,  dijo a DW Tarcila Rivera, presidenta ejecutiva del Foro Internacional de Mujeres Indígenas. 

Para Eileen Mairena Cunningham, del Comité de Coordinación Global del Grupo Principal de Pueblos Indígenas para el Desarrollo Sostenible (IPMG), dicho anuncio “identifica que la seguridad de los territorios indígenas es importante para luchar contra el cambio climático”. Se trata del reconocimiento de una de las largas reivindicaciones de los pueblos originarios que puede tener efectos colaterales: “Puede ser que estos fondos nos ayuden a bajar la criminalización”, consideró.

No obstante, todavía faltan muchos aspectos para definir sobre esta iniciativa, como la cantidad de recursos que se destinarán a la región y cómo se realizará dicha transferencia. “Queremos un acceso directo y adecuado a los fondos”, reclamó Mairena Cunningham, solicitando que los recursos lleguen a las comunidades y territorios, y evitar que queden en manos de intermediarios. En ese sentido, señaló que “la presidencia de la COP se ha acercado a los líderes indígenas para construir un comité de asesoramiento para definir estos mecanismos”. 

El valor de la conservación 

El anuncio del presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, sobre una nueva reserva marina en las islas Galápagos de 60.000 kilómetros cuadrados adicionales a las 138.000 existentes, también fue uno de los anuncios destacados de la región. Esa nueva área marina protegida se financiará mediante un sistema de canje de deuda por naturaleza, cuyos “detalles exactos todavía están siendo ajustados y discutidos al más alto nivel político”, dijo a DW Walter Schuldt, Director de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Ecuador. 

Al anuncio de Lasso se le sumó la firma de la ‘Declaración para la Conservación de los Ecosistemas comprendidos en el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical’ que pretende “impulsar un modelo de protección de las islas Coco, Galápagos, Malpelo y Coiba, y de las migravías que conforman el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, a través de medidas nacionales, complementadas con esfuerzos regionales, incluyendo el inicio de un proceso para crear a la creación de una Reserva de Biósfera Marina”, explicó Schuldt.

Ambas medidas comportarán diversos beneficios medioambientales, como “la recuperación y crecimiento de la biomasa de especies dentro y fuera del área protegida, la captura de carbono por parte de importantes especies existentes o que migran en dichas áreas, el incremento de la productividad y sostenibilidad de las actividades llevadas a cabo en dichas áreas, y la lucha contra la basura marina y la contaminación por plásticos, entre otras”, detalló el Director de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Ecuador. 

La Declaración fue firmada conjuntamente con Panamá, Costa Rica y Colombia. Este último país dio a conocer su estrategia para convertirse en neutral carbono para 2050, de la mano de su presidente, Iván Duque. “Representa nuestro compromiso a la carbono neutralidad a 2050”, aseguró en entrevista con DW Álex Saer, Director de Cambio Climático de Colombia.

Colombia, rumbo a la descarbonización 

Aunque el Acuerdo de París establece que, además de los compromisos nacionales, los países deben elaborar estrategias a largo plazo, muy pocos países latinoamericanos disponen de esta herramienta. “Colombia se ha convertido en un referente regional”, apuntó Saez, que explicó que la Estrategia 2050 se desarrolló  durante 22 meses a través de un amplio proceso participativo, y que se aprobó el pasado mes de septiembre.  “2.100 personas participaron en las consultas, 500 fueron de instituciones, Estado central, departamentos, alcaldías, sector privado y ONGs”, explicó Saer. 

La estrategia se basa en nueve ejes: ampliación del conocimiento climático, la gestión integral de la biodiversidad, la producción y el consumo sostenible, la transición justa de la fuerza laboral, el desarrollo marino y costero diferenciado, ciudades y regiones resilientes, una matriz energética diversificada, movilidad e infraestructura sostenible, y el incremento de la capacidad de adaptación. 

No obstante, para conseguir ser un país 'cero carbono' deberá hacer frente a su talón de Aquiles. “El mayor frente de las emisiones es el 33% de deforestación y el 22% de prácticas del sector agrícola”, reconoció Saer, subrayando que eso se debe a “actividades ilegales y al acaparamiento de tierras”.  

A pesar de que el país está llevando a cabo medidas para combatirla, como la reciente creación de la ley de delitos ambientales, también contará con la ayuda de la cooperación internacional. Alemania, Noruega y Reino Unido donarán 33,5 millones de dólares para reforzar su lucha contra la deforestación.

(cp)