“Argentina, en la mira por derechos humanos”

El encarcelamiento en prisión preventiva de la activista social Milagro Sala, líder del movimiento jujeño Tupac Amaru, fue calificado por el Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU como "arbitrario". Esa organización pidió su "liberación inmediata" y expresó además su "extrema preocupación" por la selectividad del sistema de justicia penal de Argentina "en relación con personas de origen socioeconómico vulnerable y de quienes participan en protestas sociales". También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se encuentra ahora en Argentina en su 162º período de sesiones, dijo que estudiaba una medida cautelar para proteger a la activista y anunció que realizará una visita a Milagro Sala, probablemente en el mes de julio de 2017.

 

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Milagro Sala está presa desde enero de 2016, acusada de diversos delitos de corrupción. Fue detenida tras protestar ante la casa de Gobierno de Jujuy contra medidas tomadas por el gobernador Gerardo Morales, a fin de investigar la supuesta malversación de fondos estatales destinados a un programa de viviendas que ella gestionó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. DW habló con el Dr. Federico Efron, abogado y coordinador del área Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) sobre el tema.

Deutsche Welle: ¿Cómo explica el CELS la detención en prisión preventiva de Milagro Sala, que es criticada por la ONU y la CIDH como "arbitraria"?

Federico Efron: Milagro Sala fue detenida originalmente por un hecho de protesta. Es decir, que el primer reclamo del CELS ante el Sistema Interamericano de Justicia y ante la ONU tenía que ver con una criminalización de la protesta, ya que a Milagro Sala la privaron de su libertad por ejercer su derecho a protestar. Lo que sucedió en el transcurso de 2016 fue que el Poder Judicial de Jujuy, con injerencia del Poder Ejecutivo de dicha provincia, fue construyendo un camino de acusaciones consecutivas de distintos delitos contra Milagro Sala que luego intentó -y todavía intenta- mostrar como aquello que justifica su detención preventiva.

Pero, más allá de que se tenga que investigar todos los supuestos delitos -y eso no está en discusión- lo que la Justicia de Jujuy nunca acreditó es que estaban dados los motivos que exige la ley para detener preventivamente a Milagro Sala. La regla es la libertad durante la investigación, y nunca pudieron explicar por qué se tiene que aplicar la excepción de la prisión preventiva en este caso.

¿Cómo es el panorama actual de derechos humanos en Argentina?

Creo que nuestro comportamiento interno afecta a diversos derechos civiles que están plasmados en los tratados sobre derechos humanos, y que el Estado argentino está obligado a respetar. Ha habido cambios importantes. Si leemos los informes del Comité contra la Tortura, el informe preliminar del grupo de trabajo de la ONU y las diversas acciones que ha tomado la CIDH, se ve que el caso de prisión preventiva de Milargo Sala es un problema grave. A eso se suma la modificación de la Ley Nacional de Migraciones hecha a través del decreto 70/217 que firmó el presidente Mauricio Macri, que representa un gran problema del que ya advirtieron diversos organismos de derechos humanos. Lo mismo sucede en el caso de la represión de las protestas callejeras de comunidades indígenas, del colectivo LGBTI y de los sindicatos. Argentina vuelve a estar en la mira de los organismos internacionales mucho más de lo que estaba, por un cambio importante en el cual la privación de la libertad a Milagro Sala es la punta de lanza.

Como dirigente social y activista del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la figura de Milagro Sala es muy controvertida y polarizadora. Se la acusa de fraude al Estado, de asociación ilícita y de extorsión, entre otras cosas. ¿Cómo evalúa el CELS esas acusaciones?

Para el CELS esas son denuncias que, si tienen mérito, tienen que ser investigadas por la Justicia, por supuesto. Pero nada de eso nos aleja de nuestra postura, que es muy clara, acerca de que, en cualquier investigación penal, mientras siga la presunción de inocencia a favor del acusado, la Justicia tiene que mantener en libertad a esa persona.

¿Cuál es, según el CELS, la injerencia que tiene el gobierno de Jujuy en el caso?

Hemos enviado informes al grupo de trabajo de la ONU y a la CIDH sobre las condiciones en las que se realizaron las denuncias contra Milagro Sala por supuesto desvío de fondos porque también ahí vemos la injerencia del Poder Ejecutivo, al haber presionado con un decreto, firmado por el mismo Gerardo Morales en 2016, en donde le decía a las distintas cooperativas de trabajo que dependen del dinero del Estado para seguir trabajando, que si seguían protestando por Milagro Sala se les iba a sacar todo el dinero. Algunas de esas organizaciones fueron las que, luego de eso, la denunciaron penalmente. Entonces, no se está poniendo en discusión el deber del Estado de investigar. Pero tengamos en claro de qué manera se realizan estas denuncias y de qué modo se llevan a cabo estas investigaciones. Y, sobre todas las cosas, hay que tener en cuenta que el Estado no pudo justificar en ningún momento la detención de Milagro Sala.

Argentina es uno de los países de la región con mayores niveles de personas en prisión preventiva, ya que el 60 por ciento de la población carcelaria federal está en esa situación. ¿Cree que en Argentina se está utilizando cada vez más el recurso de la prisión preventiva en casos de líderes sociales o activistas por los derechos indígenas, por ejemplo?

Hasta hace pocos días, la excepción era Milagro Sala, una líder social que representa a un colectivo muy grande de cooperativas en Jujuy. Pero, lamentablemente, no es la única. Hay un líder indígena de Formosa (noreste), Agustín Santillán, de la comunidad wichi, que viene efectuando desde hace tiempo diversos reclamos ante el gobierno de esa provincia, por el territorio, el trabajo, la vivienda y la salud de su comunidad. Ahora se construyó un entramado de causas judiciales en su contra sobre hechos en los que él no habría intervenido de ninguna manera, y desde hace un mes está privado de su libertad. Hace siete días (al 24 de mayo) que está en huelga de hambre.

¿Está incumpliendo el Estado argentino las normas internacionales en derechos humanos al mantener presa a Milagro Sala?

La decisión de la ONU de exigir que se libere a Milagro Sala está dirigida al Estado nacional, que es el que incumple la ley, no a la provincia de Jujuy. Por más que las cuestiones de orden interno tengan que ver con la Justicia local, a nivel internacional, Argentina está incumpliendo la ley al mantenerla en prisión preventiva. Si bien es cierto que desde el Poder Ejecutivo nacional no hay una situación en la que prevalezca la privación ilegítima de la libertad de referentes sociales, sí hay un mensaje muy claro desde el gobierno, especialmente desde la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de criminalizar y reprimir la protesta social.

¿Cómo evalúa la importancia de la visita de la CIDH y el informe de la ONU en el caso de Milagro Sala y en otros casos, presentes o futuros, de discriminación judicial y represión de activistas sociales e indígenas?

Estas visitas son extremadamente importantes. El resultado final del grupo de trabajo de la ONU con su informe preliminar hace una referencia muy clara a la represión y a la criminalización de la protesta social. Dejó en claro que ninguna visita a Jujuy los hizo cambiar de opinión sobre la privación arbitraria de la libertad de Milagro Sala y confirma este diagnóstico que hace el CELS, y también son aplicables a todo el territorio argentino. La CIDH comenzó su visita ahora y esperamos que también haga visibles estos problemas que estamos denunciando a medida que van sucediendo.

El Dr. Federico Efron es abogado y coordinador del área Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una ONG con sede en Buenos Aires, fundada en 1979, que promociona la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento del sistema democrático en Argentina.