Deniegan otra vez libertad a exagente de Pinochet
18 de mayo de 2020
Adriana Rivas, una exagente del dictador Augusto Pinochet, será juzgada a mediados de junio por la desaparición de siete personas hace más de cuatro décadas, durante la dictadura de Pinochet en Chile.
El juez Robert Williams, del Tribunal Local del estado de Nueva Gales del Sur, determinó que no existían circunstancias que justificaran la libertad provisional de Rivas, según reveló este lunes (18.05.2020) la abogada Adriana Navarro, quien representa a las familias de seis presuntas víctimas de la exagente chilena.
Williams había dejado visto para sentencia su decisión sobre la tercera solicitud de Rivas para obtener libertad provisional desde que fue detenida en febrero de 2019 en Sídney, a raíz de una demanda de extradición de Chile que se dirime en los tribunales de la capital de Nueva Gales del Sur.
Ahora Rivas deberá esperar detenida el inicio del juicio de extradición a Chile que está previsto para el 16 y 17 del próximo mes.
La defensa de la exagente tiene hasta el 27 de mayo para presentar sus alegatos escritos después de que el magistrado les concediera una extensión , precisó la abogada Navarro.
Chile pidió la extradición de Rivas en 2014 por su participación en siete secuestros calificados como desapariciones ocurridos entre 1974 y 1977, cuando era agente de la DINA, policía política de la dictadura de Pinochet (1973-1990).
Rivas trabajaba en la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y era mano derecha de Manuel Contreras, considerado uno de los máximos criminales de la dictadura, cuando ocurrieron estas violaciones de los derechos humanos que se le atribuyen.
La acusada, vinculada a la brigada de exterminio Lautaro, vive desde hace más de tres décadas en Australia, donde ha trabajado cuidando niños y limpiando casas.
En 2006 viajó a Chile para visitar a su familia y fue arrestada, aunque logró huir nuevamente al país oceánico cuando se encontraba en libertad provisional.
Según datos oficiales, durante la dictadura de Pinochet, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras unos 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.
CP (efe, ap)
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