Biopiratería: apropiación de conocimiento y riqueza natural

Buscar inspiración en la naturaleza para investigar sobre medicamentos, cultivos genéticamente modificados u otros productos no es nada nuevo. El problema aparece cuando los descubrimientos basados en el conocimiento indígena tradicional o en la riqueza de la biodiversidad en los países en desarrollo se exportan y patentan sin dárseles a estos crédito o compensaciones. Esto se conoce como biopiratería.

En el pasado, países colonizadores como España, Gran Bretaña y otros imperios globales se beneficiaron de los recursos naturales de las regiones que ocuparon, comerciando con sus productos.

Pero mientras la mayoría de las antiguas colonias se independizaron poco a poco, la biopiratería sigue aún estando muy extendida: los investigadores y las principales multinacionales de los países más ricos a menudo se apropian de los recursos naturales de los Estados más pobres, y reivindican los derechos de propiedad intelectual para su propio beneficio, por ejemplo, en el ámbito de biotecnología, la agricultura o los productos farmacéuticos.

Y esto continúa, a pesar del acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y otras normas de protección de la propiedad intelectual de la flora y la fauna, que no han surtido el efecto deseado.

Mali: aceite de neem en agricultura sostenible

Ese es el caso de una patente valorada en más de 60 millones de dólares anuales desde 2008, otorgada a la multinacional estadounidense W.R. Grace por un producto fungicida orgánico derivado del árbol de neem. El caso, que se centró en el papel clave que juegan esos árboles en el conocimiento agrícola tradicional de la India, lo ganó el gobierno indio.

Otro ejemplo se produjo cuando la firma estadounidense de cosméticos Mary Kay intentó patentar un ingrediente de la ciruela kakadu, una fruta nativa de Australia con cualidades medicinales. En este caso se habría omitido a los productores indígenas del mercado australiano.

¿Nuevo marco de biodiversidad global?

El Protocolo de Nagoya, destinado a regular el acceso a la biodiversidad y los recursos genéticos y a promover la distribución "justa y equitativa" de los beneficios con las comunidades que los proporcionan, entró en vigor en octubre de 2014. Hasta la fecha, 138 países han ratificado el documento, aunque otros como Canadá, Estados Unidos y Rusia aún no lo han firmado.

Un punto de conflicto importante en la Conferencia sobre Biodiversidad COP15, en Montreal, es la actualización del marco para incluir el uso de datos genéticos en forma digital, o Información de Secuencia Digital (DSI, por sus siglas en inglés). Un grupo de países, muchos de ellos de África, insisten en que solo aceptarán el nuevo marco global de biodiversidad si este incluye una forma de compartir de manera justa los beneficios de los recientes avances científicos.

Rik Kutsch Lojenga, director de la oenegé Union for Ethical BioTrade, dijo a DW que, debido a que los genomas son secuenciados y guardados en bases de datos de acceso abierto en línea, se teme que los investigadores y las corporaciones puedan acceder a la información genética que necesitan para desarrollar nuevos productos, sin tener que manipular directamente especímenes físicos en laboratorios aparte. Esto, en principio, les permitiría "eludir la obligación de compartir los beneficios de la utilización de los recursos genéticos" en virtud del Protocolo de Nagoya.

Michele Rivasi, miembro francés del Parlamento Europeo por Los Verdes/Alianza Libre Europea, señaló que algunos investigadores ahora tienen como objetivo recopilar tantas secuencias como sea posible para sus "enormes bases de datos" a fin de extraer cualquier información de interés para el trabajo actual o futuro.

"Por lo tanto, a menudo es difícil identificar o cuantificar su contribución exacta al resultado final, incluso si un recurso ha sido realmente 'utilizado' en forma digital", agregó.

Pueblos originarios en busca de reconocimiento

En marzo de 2022, en Ginebra se recalcó el hecho de que los pueblos originarios y las comunidades locales deberían ser los principales beneficiarios y recibir una compensación justa por sus conocimientos y su papel crucial en la conservación y la sostenibilidad.

Suvarna Pandey, abogada de patentes del bufete de abogados RNA, Technology and IP Attorneys con sede en India, también afirmó que "debe haber un equilibrio entre el avance de la tecnología y nuestro conocimiento tradicional. Este debe preservarse y no debe apropiarse de manera indebida".

(rmr/cp)