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Bolivia: ¿nuevo round entre Santa Cruz y La Paz?

25 de julio de 2022

La postergación de un censo vuelve a encender los ánimos en Santa Cruz, considerada un bastión de la oposición. ¿Qué hay detrás? Consultamos con conocedores de la problemática boliviana.

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Una manifestación en Santa cruz, en octubre de 2021. (Archivo).
Una manifestación en Santa cruz, en octubre de 2021. (Archivo).Imagen: Rodrigo URZAGASTI/AFP

Bolivia superó ya el millón de casos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, según se anunció en La Paz, mientras se registran las mayores cifras de contagio de esta quinta ola que afecta al país. La pandemia es uno de los argumentos esgrimidos por el gobierno, junto con varias razones técnicas, para la postergación hasta 2024 del censo de población y vivienda, programado originalmente para el próximo 16 de noviembre. El último data de 2012.

El departamento de Santa Cruz reaccionó convocando a una huelga general para este este lunes (25.07.22), en protesta por dicho aplazamiento, que los restantes departamentos del país aceptaron. ¿Se trata de una nueva expresión de la antigua confrontación entre los cruceños y las regiones andinas bolivianas? No directamente. "La rivalidad viene desde el siglo XVII, y se volvió mucho más fuerte una vez que Evo Morales subió al poder, porque vio en Santa Cruz una región conservadora, de derecha, y eso potenció el conflicto”, dice a DW Franz Barrios Suvelza, docente de Ciencias Políticas en la Universidad de Erfurt.

La distribución de recursos

En la actualidad, Santa Cruz crece poblacionalmente más rápido que otras regiones de Bolivia, debido a la migración interna. "Mucha gente quiere vivir en la región más pujante”, explica el académico de origen boliviano, aclarando que eso implica darle más recursos, independientemente de que sea más próspera industrialmente: "Tiene derecho automático a más recursos, por las leyes vigentes en Bolivia de asignación presupuestaria por población”. Acota que, por eso, "un censo implicaría darle más recursos a esta región, que históricamente ha sido vista por el gobierno, ya durante Evo Morales, como una región opositora”.

Una ley de 1994 determina la coparticipación tributaria en Bolivia. Esta define que el 20 por ciento de las rentas nacionales va a los municipios, de acuerdo a su cantidad de habitantes, y un cinco por ciento a las universidades públicas. "Antes de esta reforma, en la mayoría de la extensión territorial de Bolivia no se recibían recursos del gobierno central. Era la primera vez que los municipios contaban con recursos de los que podían disponer de manera autónoma. Y eso cambió al país. Desató un proceso de democratización, de integración”, explica Moira Zuazo, doctora en Ciencias Sociales e investigadora asociada de la Universidad Libre de Berlín. Para ella, "el censo tiene un gran potencial de politización, porque es lo que define qué cantidad de recursos va a recibir cada municipio. Y eso se ha convertido en un dato muy sensible”, dice en entrevista con DW.

Más allá del censo

Pero no es solo una cuestión de dinero. "El censo es, yo no diría un pretexto, pero sí una gota que hace que se rebalse la insatisfacción de la población con muchos casos acumulados, políticos y financieros”, considera el catedrático de Erfurt. A su juicio, "se suma la insatisfacción en Bolivia, no solo en Santa Cruz, por el abuso del gobierno sobre el sistema de Justicia”.

Moira Zuazo hace notar, por su parte, que "muchos actores en Santa Cruz salen con un slogan, sin duda político, que tiene poca relación con el censo: ‘ha sido fraude, no ha sido golpe', que alude a las elecciones de 2019”. No obstante, hace ver que "en 2019, había protestas en todo el país. Hoy no”.

Los académicos no ven en la huelga cruceña un potencial para provocar mayores perturbaciones a nivel nacional. "No creo que sea una cosa decisiva, es un paro de un día”, dice Franz Barrios, pero vaticina que la situación se complicará en los próximos meses porque "el gobierno está estirando demasiado la cuerda, como lo hizo antes Evo Morales, con permanentes quiebres político-institucionales. Yo creo que, a mediano plazo, se está corriendo un riesgo”.

(cp)