Brasil: buscadores de oro amenazan a yanomamis

Dário Kopenawa viene siendo amenazado de muerte desde hace mucho tiempo. Pero desde que él y su padre, Davi Kopenawa, denunciaron las actividades extractivas ilegales en el enclave que le pertenece a su comunidad, los actos intimidatorios se han vuelto más frecuentes. Los Kopenawa dirigen la asociación civil Hutukara, fundada en 2005 con el propósito de asegurar el abastecimiento de medicinas y los derechos territoriales de la población yanomami, una etnia afincada, principalmente, en Amazonas, el estado más al sur de Venezuela, y en los estados brasileños de Amazonas y Roraima.

De los 35.000 miembros de la etnia yanomami, 19.000 viven en el segmento brasileño, que, con una superficie de más de 96.000 kilómetros cuadrados, es tan grande como Portugal. "Los buscadores de oro dicen que Hutukara interfiere con su trabajo y que nos van a matar si mantenemos la denuncia en su contra”, comenta Dário Kopenawa, en entrevista telefónica con DW, agregando que el número de mineros ilegales que incursiona en suelo yanomami ha crecido mucho en el último semestre; hay alrededor de 20.000, según la cuenta de Hutukara. En otras palabras, en el bastión brasileño de los yanomamis hay casi tantos intrusos como indígenas.

De la teoría al hecho, largo trecho

Para extraer oro, los mineros ilegales deforestan la selva, alteran el hábitat amazónico con sus enormes excavaciones, contaminan la tierra y el agua de las inmediaciones con productos químicos como el mercurio, y ponen en peligro el fundamento de la vida de la fauna local y de los yanomamis. En 1992, el Gobierno reconoció la región mencionada como "territorio indígena”, una de más de seiscientas comarcas descritas de esa manera: juntas abarcan más de un millón de kilómetros cuadrados; cerca de un octavo de la superficie total del gigante sudamericano. En teoría, los indígenas deciden lo que allí se hace o no.

En la práctica, ese derecho de utilización se ha visto ablandado ilegalmente para favorecer el desarrollo de grandes proyectos estatales. "Estos buscadores de oro no trabajan solos. Ellos son financiados por políticos y empresarios poderosos”, esgrime Dário Kopenawa. Y organizaciones no gubernamentales, tanto brasileñas como internacionales, comparten su opinión. "Debemos hacerle saber al mundo lo que está pasando en el Amazonas. Estamos conscientes de que la presión internacional puede contribuir a mejorar la situación de las comunidades indígenas en Brasil”, sostiene Sarah Shenker, de Survival International, con sede en Londres.

Indefensión, a pesar de la ley

Las leyes brasileñas prohíben la minería en territorio indígena. No obstante, los intentos de restringir los derechos de las poblaciones originarias del país no han cesado en ningún momento. Con ese fin, lobistas buscan promover reformas legales y éstos tienen más aliados en el Gobierno de Jair Bolsonaro que los yanomamis. La organización sin fines de lucro Instituto Socioambiental, de Sao Paulo, constató que se han introducido 534 solicitudes para extraer minerales en el territorio de los Yanomami. Bolsonaro prometió que, de ser elegido presidente, legalizaría la minería en suelo indígena. Aún está por verse si lo logra.

Por otra parte, abundan los empresarios que se niegan a esperar a que la minería sea legalizada en esos rincones de la selva amazónica y han empezado a extraer minerales, aprovechando que la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), creada en 1967 y adscrita al Ministerio de Justicia de Brasil, cerró tres de sus cuatro centros de vigilancia en la zona. También los militares que apoyaban a la FUNAI en operaciones de alto riesgo, desmontaron las dos bases que tenía en el área. La Fiscalía Federal del estado de Roraima dice estar llevando a cabo varias investigaciones secretas en torno a proyectos de minería ilegal en las tierras indígenas.

De hecho, esa instancia alerta que existe el riesgo de un genocidio en la zona. Por eso, la máxima autoridad de ese organismo, Manoela Lins Cavalcante, ha sugerido reabrir los centros de vigilancia de la FUNAI. "Si no se toma esa medida, el Estado no puede controlar efectivamente ese ámbito”, dice la Fiscal federal. En noviembre de 2018, un tribunal ordenó la reapertura de las bases de operación de la FUNAI. Pero, por razones presupuestarias, tanto el Gobierno de Brasil como el del estado Roraima y la propia directiva de la FUNAI han impugnado el veredicto de esa corte. Los Kopenawa creen que sólo la presión internacional puede proteger a los pueblos originarios de Brasil.

(erc/ers)

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