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Brasil: Cámara Baja aprueba medidas contra corrupción

30 de noviembre de 2016

La nueva ley que será sometida a votación en el Senado también incluye a miembros del poder Judicial.

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Brasilien | Senatsvorsitzender Renan Calheiros, der brasilianische Präsident Michel Temer und der brasilianische Kammerpräsident Rodrigo Maia bei einer Pressekonferenz im Planalto Palace in Brasilia
Imagen: REUTERS/U. Marcelino

Una mayoría 450 votos respaldó en la Cámara de Diputados de Brasil el paquete de medidas que endurecen el castigo que se aplica por casos de corrupción y que tipifica como delito de tipo penal la financiación irregular de campañas políticas.

Después de una sesión de 12 horas y en medio de protestas contra Michel Temer en las afueras del parlamento, el texto base del proyecto de ley, consiguió pasar la primera etapa para que se convierta en ley, antes debe ser sometido a debate en el Senado.

Una de las principales novedades de la propuesta es que tipifica como delitos penal las irregularidades en el financiamiento de campañas electorales, que son uno de los ejes de las investigaciones del escándalo en la estatal Petrobras, y que salpica a decenas de políticos y empresas privadas en el país.

Hasta ahora, este tipo de infracciones son consideradas sólo como faltas relativas a las normas que rigen los comicios y se castigan dentro del ámbito de la justicia electoral, pero no penal.

La aprobación de este proyecto de ley se produce después que la semana pasada la prensa local desvelara algunas iniciativas parlamentarias que buscaban aprovechar la votación de este nuevo paquete de medidas para presentar propuestas que pudieran beneficiar a políticos implicados en corrupción.

A esas maniobras les salió al paso el pasado fin de semana el propio Temer, quien anunció que vetaría cualquier iniciativa en ese sentido y anunció un acuerdo con la Cámara Baja y el Senado para que ninguna propuesta de amnistía fuera siquiera discutida.

Si bien no hubo perdones a ningún delito, los parlamentarios sí aprobaron una medida que propone castigar penalmente a los jueces y otras autoridades que incurran en abusos de autoridad. Esa posibilidad era resistida por los miembros del poder judicial debido a que, según muchos magistrados y fiscales, podría servir para intimidar a los jueces y llevarlos a convertirse en acusados por aquellas mismas personas que estén procesando.

MN (efe, Folha de S.Paulo)