Brasil, el país más peligroso para los ambientalistas
13 de julio de 2017
Nunca tantas personas fueron asesinadas en el mundo por defender el medio ambiente como en 2016. El liderazgo de la clasificación que monitorea este tipo de violencia, lo tiene, una vez más, Brasil: donde se produjeron 49 muertes el año pasado, según hizo público la organización Global Witness este jueves (13/07).
"No fue una sorpresa. Brasil es el país más peligroso del mundo para quien lucha por los derechos relacionados con la tierra y la protección al medio ambiente”, afirma Billy Kate, de la organización inglesa. La organización contabilizó 200 asesinatos de mediambientalistas en todo el mundo.
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"Esto es solo la punta del iceberg. Creemos que el número de muertes puede ser mayor, pero no siempre llegan a hacerse públicas o se informa de sus causas reales”, comenta Kyte.
Global Witness reúne las informaciones desde 2002, y hace cinco años que Brasil apareció por primera vez en el primer lugar de la lista. Desde entonces, el país nunca más perdió su posición de "liderazgo”.
Amazonas: Territorio violento
Rondônia, Maranhão y Pará – que forman parte de la Amazonia Legal – fueron los estados más violentos en 2016. Para la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), creada en 1975 e inicialmente vinculada a la Iglesia Católica, el avance de la frontera agrícola está por detrás de ese escenario.
"La causa de está expansión del agronegocio, la construcción de grandes obras de infraestructuras como represas hidroeléctricas, ferrocarriles”, dice Thiago Valentin, de la secretaria nacional de la CPT. "Es un problema histórico: la explotación de quien viene de fuera sobre las personas que viven en la región”, agrega.
Al igual que Global Witness, CPT contabiliza los asesinatos de los líderes comunitarios, indígenas, sin tierra y trabajadores rurales, entre otros colectivos. En 2016, el órgano contabilizó más muertes aún que la ONG: 61 víctimas.
"Esas personas son mucho más que defensores ambientales, están luchando por derechos, territorio, por tierra, por agua. Va mucho más allá de la cuestión ambiental”, remarca Valentin.
El lobby del agronegocio
El investigador Carlos Alberto Feliciano, de la Universidad Estadual Paulista (Unesp), publicó una serie de artículos sobre la violencia en el campo. Calcula que, desde 2000, cerca de un millón de familias sufrieron amenazas por causa de conflictos. "Van desde desalojos, destrucción de la cosecha y de la casa y amenazas físicas”, detalla Feliciano.
La tendencia es negativa, alerta el investigador. "Según los datos divulgados por el propio sector, el agronegocio necesita, hasta 2026,15 millones de hectáreas. Para expandirse así, tiene que extenderse en las tierras de alguien. Entonces, la tendencia es que esa violencia aumente”.
"El lobby del agronegocio en Brasil es muy fuerte. Ahora vemos un gobierno que está yendo marcha atrás en la protección de leyes ambientales, lo que provoca más muertes”, critica Kyte.
Como frenar la violencia
La lucha por los derechos de la tierra y por los recursos naturales motivaron los 200 asesinatos registrados en 2016 en todo el mundo. "La imposición de proyectos de minería, hidroeléctricas, explotación de madera y agropecuaria sobre el territorio ocupado por las comunidades tradicionales y sin consentimiento de ellas, impulsan las muertes”, considera Global Witness.
En Colombia, donde el proceso de paz fue negociado, el año pasado fue el más letal de la historia para los activistas. Áreas hasta entonces ocupadas por el movimiento armado están, ahora, en la mira de las empresas extractoras. Y las comunidades que regresaron a sus antiguos territorios han sido víctimas de ataques, según la organización.
Global Witness responsabiliza a gobiernos, empresas, inversores y socios bilaterales del escenario que lleva las muertes. "Tienen que atacar las causas del aumento de la violencia, no autorizar o participar en los proyectos. Y es más: hay que responsabilizar a los asesinos y meterlos presos”, argumente Kyte.
En Brasil, el Programa de Protección a los Defensores de los Derechos Humanos, creado en 2004, ayuda a siete estados del país, pero no cubre los tres con mayor número de muertes en 2016: Maranhão, Pará y Rondônia.