Brenda Quevedo Cruz, crónica de una infamia mexicana

En 2005 Brenda Quevedo Cruz tenía 24 años cuando fue acusada de un crimen que no existió junto con Jacobo Tagle Dobin, Juana Hilda González Lomelí, César Freyre Morales, así como Alberto y Tony Castillo Cruz. María Isabel Miranda los acusó de supuestamente haber secuestrado y asesinado a su hijo Hugo Alberto Wallace.

En México la “señora Wallace” se hizo pasar durante años como paladín de la lucha contra la impunidad. Ha dado decenas de entrevistas contando como ella sola resolvió el caso del supuesto homicidio de su hijo. Fue ella misma quien capturó a los supuestos responsables, y fue ella misma quien obligó a las autoridades a detenerlos.

Según esta mujer, su hijo fue secuestrado por Brenda y las otras cinco personas en julio de 2005. Habría sido llevado a un pequeñísimo departamento en pleno corazón de la Ciudad de México donde lo habrían asesinado y después cortado en pedazos con una motosierra, en plena noche, para luego dejar los restos en paradero desconocido.

Simulando hacer justicia por mano propia, la “señora Wallace” colocó en la vía pública de la Ciudad de México carteles gigantes e hizo una cacería pública contra los supuestos responsables contra quienes no existía prueba pericial alguna.

El 9 de enero de 2006 fue detenida Juana Hilda González. En febrero y a manos de la PGR y bajo tortura confesó su participación en los hechos y aportó los nombres de sus cómplices, que eran exactamente todas las personas que ya había condenado la “señora Wallace”. Poco después fue aprehendido César Freyre Morales, quien también habría sido torturado y habría repetido la versión anticipadamente creada por la madre de la supuesta víctima. Lo mismo ocurrió con los hermanos Castillo.

Brenda Quevedo Cruz fue detenida en Estados Unidos el 28 de noviembre de 2007 y extraditada a México en 2009. Y en diciembre de 2010 fue aprehendido el último supuesto responsable llamado Jacobo Tagle Dobin.

Llegó a ser tan fuerte la figura de la “señora Wallace” en la sociedad civil mexicana que su narrativa era incuestionable, y quien osaba hacerlo se exponía a un linchamiento virtual y rabioso por parte de ella.

Un día llegó a mi oficina Enriqueta Cruz, mamá de Brenda, luego de haber visto una serie de reportajes que escribí sobre el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez en el que descubrí inconsistencias graves en la acusación en su contra.

Mi padre fue realmente secuestrado y asesinado, y en lo personal pienso que es un delito atroz e infame. Pero es igual de infame que alguien sea acusado, torturado y refundido en la cárcel de por vida por un crimen que no cometió.

Fue así que descubrí no solo una serie de contradicciones en la historia narrada por la “señora Wallace”. Los supuestos testigos con los que ella había armado el caso en realidad habían declarado algo totalmente distinto. Por ejemplo, que nadie en el pequeño edificio había escuchado aquella noche algún ruido de violencia o la supuesta motosierra, cuando por el contrario había tal efecto de eco en el edificio que se escuchaba incluso cuando algún objeto caía dentro de los departamentos.

Cuando a exigencia de la madre de la supuesta víctima las autoridades fueron a hacer una inspección en el departamento y en las escaleras, por donde se supone bajaron los pedazos de cuerpo chorreando de sangre en bolsas de basura, no encontraron nada. Cero. Ni un solo cabello, ni una sola muestra de la presencia de Hugo Alberto, ni una partícula de sangre.

La “señora Wallace” afirmó que había recibido un correo en donde le pedían dinero a cambio de soltar a su hijo, pero su esposo, el señor José Enrique del Socorro Wallace, declaró ante la autoridad que su hijo había desaparecido, pero que no se trataba de un secuestro porque nadie había pedido un rescate.

Ausencia de pruebas

El titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI) era Genaro García Luna, el jefe policiaco preso en Nueva York acusado de narcotráfico y corrupción. Él y sus muchachos tomaron el caso, y desde entonces la “señora Wallace” se hizo su vocera y defensora incondicional. Las autoridades locales no encontraron ninguna prueba en el departamento donde se supone había ocurrido el crimen y lo devolvieron a su propietario. Nunca quedó bajo custodia. Siete meses después de los hechos la “señora Wallace” obligó a las autoridades de la PGR a inspeccionar de nuevo dicho apartamento. Y supuestamente encontraron entonces material genético de Hugo Alberto: una diminuta partícula de sangre en el baño. Cuando fue analizada por los peritos se dictaminó que correspondía con el ADN de la señora Isabel Miranda y su esposo Wallace, pero que era de mujer. La pareja tenía una hija, la hermana menor de la supuesta víctima.

Amigos de Hugo Alberto declararon y presentaron un audio donde habían recibido una llamada de él, semanas después de su supuesta muerte, por lo cual era imposible que hubiera sido asesinado en esa fecha en ese lugar. La supuesta víctima, tenía un historial de problemas con la justicia. En 2004 se había girado una orden de arresto en su contra por contrabando. Y su novia Vanessa Bárcenas testificó ante las autoridades que él mismo le había dicho que buscaban detenerlo por narcotráfico.

Publiqué todas las contradicciones del caso en 2012 en mi libro “México en Llamas”. En octubre de ese mismo año fui invitada por Amnistía Internacional a su informe anual en México y leí una desgarradora carta que Brenda me había enviado desde la cárcel. Lo narrado es profundamente doloroso. Me limitaré a decir que fue encarcelada en un lugar llamado Isla Mujeres, una prisión ubicada en una isla del pacífico mexicano. Ahí, aislada de su familia y de sus abogados, fue brutalmente abusada sexualmente, golpeada, degradada en toda su humanidad el 12 de octubre de 2010 para obligarla a confesar un crimen que no cometió. Quienes cometieron el agravio fueron funcionarios de la PGR quienes dijeron a Brenda que iban por órdenes de la “señora Wallace” con la anuencia de las autoridades de la cárcel federal, que en ese momento estaban bajo el control de la Secretaría de Seguridad Pública de la que García Luna era el titular.

Inexplicablemente el presidente Felipe Calderón le otorgó en diciembre de 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos a la autora intelectual de la tortura de Brenda y de los otros acusados.

La madre de Brenda interpuso una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre lo ocurrido a su hija. Le aplicaron un estudio para saber si efectivamente había sido torturada llamado Protocolo de Estambul, pero no quisieron entregarle los resultados. En 2013 publiqué el contenido del documento donde se confirmaba que Brenda había sido torturada.

Un giro en el caso

En 2014 tuve acceso a un documento que dio un giro definitivo al caso. No solo la gota de sangre, la única prueba pericial sobre la que se sostenía el endeble caso, era de una mujer. Hugo Alberto no era hijo biológico del señor José Enrique del Socorro Wallace, sino de otra persona. Hugo Alberto tenía dos actas de nacimiento: una fechada en 1970 en la que consta como padre Fausto Miranda (hermano o padre de María Isabel Miranda) y otra fechada en 1975 en la que se identifica como padre al señor Wallace. Además pude hablar con personas cercanas a Isabel Miranda y a Wallace, quienes me aseguraron que cuando se conocieron Hugo Alberto ya había nacido.

La “señora Wallace” amenazó con interponer una denuncia moral en mi contra. Nunca lo hizo. En 2019 salió a la luz pública el nombre del padre biológico de Hugo Alberto, Carlos León Miranda, primo hermano de María Isabel Miranda, quien narró los detalles de su relación y presentó una tercera acta de nacimiento con la que él había dado apellido a su hijo.

El homicidio del que se acusa a Brenda y a los otros detenidos nunca existió. Hace unos días la oficina de la ONU en Ginebra emitió una severa recomendación al gobierno de México indicando que Brenda, cuyo proceso judicial ha tardado 13 años sin sentencia, debía ser puesta inmediatamente en libertad. El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió públicamente a hacerlo, pero hasta la fecha Brenda, a sus cuarenta años, sigue esperando tras las rejas que le permitan respirar en libertad y que los perpetradores de esta infamia sean castigados: no solo la “señora Wallace”, sino todas aquellas autoridades que la solaparon y que encubrieron su engaño.

Así como Brenda debe ser liberada, deben serlo también los otros acusados, algunos sentenciados a entre 45 a 70 años de prisión.