Buenaventura:“La violencia no se erradica solo con policías”

Hace un año, en marzo de 2014, los reportes sobre desapariciones, torturas y desmembramientos de personas, a manos de las llamadas BACRIM, bandas criminales, escandalizaron al mundo y obligaron al Gobierno central a tomar cartas en el asunto para recuperar la seguridad en este puerto colombiano sobre el Pacífico.

Ahora, un año después, es hora de hacer un balance de la “intervención especial” anunciada por Bogotá en el que, a pesar de ser el principal puerto colombiano sobre el Pacífico, ha sido una de las regiones más desatendidas de Colombia, desde hace 200 años. Buenaventura, como todo el Pacífico colombiano, es una región mayoritariamente habitada por afrocolombianos.

Sigue el desplazamiento forzado

Pero, a pesar de los esfuerzos realizados por la Policía, el Ejército y la Justicia por capturar a los criminales, llevarlos a juicio y velar por la seguridad ciudadana, “las BACRIM siguen cometiendo alarmantes crímenes como desapariciones, violencia sexual y reclutamiento de niños”, dice a DW Max Schöning, analista de Human Rights Watch, que realizó un monitoreo de la crítica situación.

Entre abril y septiembre del año pasado, el último mes sobre el cual se conocen estadísticas, las amenazas y la violencia en Buenaventura obligaron a 13.682 residentes a abandonar sus hogares, según datos oficiales. Más de 6.900 de estas personas indicaron haber sido desplazadas forzadamente por bandas criminales. Por otro lado, más de 2.300 personas señalaron que fueron víctimas de desplazamiento por parte de grupos guerrilleros; otro grupo significativo de víctimas se abstuvo de identificar el grupo que los desplazó. La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) tiene presencia en zonas rurales de Buenaventura menos pobladas, revela el informe de HRW, basado en entrevistas a más de 70 personas, entre víctimas, familiares de estas y funcionarios públicos.

Policía: “No estamos escondiendo el pasado”

Las autoridades saben que, si bien la situación ha mejorado, aún falta mucho por hacer, como lo reconoce el coronel Marcelo Russi, comandante de la Policía del Puerto, al diario colombiano Vanguardia. “En la Buenaventura de hoy ha bajado el índice delincuencial. Sí, claro, hay problemas que todavía siguen y estamos trabajando. No descansamos. Las exhumaciones que se están haciendo dan la impresión de que la violencia ha recrudecido, pero estos son delitos que transcurrieron hace algún tiempo y que hoy buscamos esclarecer. No estamos escondiendo el pasado”, dice Russi, la máxima autoridad policial en Buenaventura.

En efecto, no todo ha sido malo este último año en Buenaventura, como lo dice a DW Max Schöning, las autoridades enviaron más policías, infantes de marina, fiscales e investigadores judiciales que lograron resultados destacables. “En 2014, fueron detenidos más de 280 presuntos miembros de los Urabeños, la Empresa y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), los tres principales grupos sucesores del paramilitarismo en Buenaventura. Entre abril y diciembre, se registraron oficialmente 96 homicidios, lo cual constituye un descenso, comparados con los más de 150 homicidios registrados en el mismo período durante 2013, según señalaron las mismas autoridades de medicina legal”, concluye el informe de Human Rights Watch.

Niños, los más vulnerables

No obstante, “los habitantes de Buenaventura siguen expuestos al riesgo de sufrir ataques si cruzan “fronteras invisibles” que separan los barrios disputados entre distintas bandas rivales, apunta Schöning.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación ha iniciado investigaciones en al menos 39 nuevos casos de presuntas desapariciones en Buenaventura desde que el gobierno anunció la intervención en marzo de 2014, y esto eleva el total a 88 desde 2013. Sin embargo, muchos casos nunca se denuncian por temor a represalias y la desconfianza, agrega Schöning.

“Una sola fiscal, de los 23 que están en Buenaventura, está dedicada exclusivamente a la investigación de desapariciones y tiene a su cargo más de 400 casos de este tipo”, algunos incluso que ocurrieron desde hace más de una década. “Hasta febrero de 2015, la fiscal había obtenido órdenes de detención en apenas cinco de los más de 400 casos”, critica HRW.

El caso de un hombre, registrado por HRW, demuestra, entre otros, que los brutales crímenes siguen en Buenaventura: el hombre salió de su vivienda una noche a mediados de 2014, tras avisarle a su familia que había recibido una llamada para presentarse a realizar un trabajo de construcción esa noche. Nunca regresó. Un familiar dijo a Human Rights Watch que le habían advertido a la familia que no lo buscaran porque había sido “picado”.

La raíz del problema

“El gobierno de Santos está lejos de cumplir su promesa de revertir las condiciones de inseguridad en Buenaventura”, dice José Miguel Vivanco, director de HRW para las Américas en Nueva York, quien pide “medidas más enérgicas para proteger a las víctimas”. Para seguir mejorando la aún grave situación en Buenaventura HRW recomienda no solo más efectivos de la policía, más fiscales y jueces sino su constante permanencia en Buenaventura.

Por último, HRW coincide con el coronel Marcelo Russo en que hay que atacar las raíces del problema: “La nuestra es una labor silenciosa y lenta, pero, desafortunadamente hay mucho temor a la denuncia. El problema aquí es también social y muy complejo. Mientras la pobreza no se combata frontalmente, la delincuencia va a seguir, por la necesidad, porque no hay oportunidades, porque no hay parques, no hay educación”.