Bundestag aprueba prolongar período de operación de plantas nucleares
28 de octubre de 2010
La coalición de gobierno de la Unión Cristianodemócrata (CDU) y el Partido Liberal (FDP) consiguió posponer un promedio de 12 años el "apagón nuclear" pactado para 2022 hace diez años entre las empresas energéticas y el gobierno del socialdemócrata Gerhard Schröder. La ley es un proyecto que Merkel calificó de "revolución" y que impulsa personalmente.
A cambio de continuar operando las centrales nucleares, los cuatro grandes grupos energéticos nucleares, RWE, E.on, EnBW y Vattenfall, pagarán por un espacio limitado de seis años unos 2.300 millones de euros anuales que serán destinados a consolidar los presupuestos del Estado.
También se comprometen a efectuar una contribución para el desarrollo de las energías de fuentes renovables de entre 200 y 300 millones de euros anuales.
Masivas protestas
En toda Alemania, la jornada estuvo signada por masivas protestas en contra de la ley nuclear, tanto de agrupaciones ambientalistas como de empresas regionales proveedoras de energía.
Activistas de Greenpeace y otras organizaciones ambientalistas treparon durante el debate parlamentario que antecedió a la votación al edificio sede de la CDU de Merkel en Berlín y colgaron un cartel en el que acusaron a la agrupación política de servir a los intereses nucleares. "CDU = política para las empresas de energía atómica", podía leerse en el cartel. La acción duró aproximadamente dos horas, tras lo cual la CDU elevó denuncias contra los manifestantes.
El presidente del partido Los Verdes, Cem Özdemir, y la secretaria general del Partido Socialdemócrata (SPD), Andrea Nahles, agrupaciones de la oposición, se acercaron a expresar su apoyo a los manifestantes.
En horas de la mañana, aproximadamente 2.000 personas se reunieron en Berlín y formaron una cadena humana en torno al edificio del Reichstag, sede del Parlamento Alemán.
Oposición anuncia resistencia
Por su parte, 50 proveedores municipales de energía lanzaron una campaña contra los planes del gobierno, que podrían significar que las inversiones en los municipios cayeran unos 6.000 millones de euros (8.000 millones de dólares), según cifras presentadas por el ministro de economía del estado federado de Turingia, Matthias Machnig.
La ley está redactada de tal forma que su aprobación no requiere su paso por la Cámara alta del Parlamento, donde están representados los 16 estados federados de Alemania y la coalición gobernante de centro-derecha perdió la mayoría. La oposición ya anunció que presentará medidas legales contra el procedimiento. (dpa)