Caso Ayotzinapa
13 de mayo de 2015
La noche del 26 al 27 de septiembre pasado fueron desaparecidos 43 estudiantes normalistas de la escuela rural de Ayotzinapa. Tres estudiantes más fueron asesinados, uno de ellos de manera brutal. Dos siguen hospitalizados, uno en estado de coma. Otras tres personas que nada tenían que ver con los estudiantes también fueron ejecutadas.
En noviembre, la Procuraduría General de la República (PGR), responsable de las investigaciones, planteó su hipótesis, que fue confirmada en enero: los estudiantes fueron víctimas de policías municipales coludidos con el grupo criminal Guerreros Unidos. Fueron ejecutados y llevados a un basurero de Cocula, donde sus restos fueron incinerados .
La tesis oficial se basa en las declaraciones autoinculpatorias de tres de los detenidos. Según los expedientes, 106 personas están siendo procesadas en Guerrero, Morelos, Jalisco, Tamaulipas, Nayarit y Estado de México. Entre ellos, servidores públicos y policías municipales de Iguala y de Cocula. También se encuentra detenido el supuesto autor intelectual, el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda, que, se cree era el enlace con el grupo criminal Guerreros Unidos.
Dispersión en el proceso
“Hay una dispersión en la causa. Tantos expedientes abiertos en seis distintas entidades no permite hacer un análisis integral de los hechos, con el riesgo incluso de perder pruebas“, dice Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC (ProDH).
ProDH, con sede en la Ciudad de México, junto con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, con sede en Guerrero, asesoran jurídicamente a los padres de los estudiantes. Ambas organizaciones promovieron que un grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evaluara en términos integrales la investigación oficial. Los expertos asesoran al Estado mexicano en el caso y presentaron hace unos días su tercer informe luego de tres visitas al país.
La primera recomendación de los expertos a las autoridades judiciales en marzo pasado fue que analizaran el caso bajo el delito de desaparición forzada y no sólo por homicidio, secuestro y delincuencia organizada. “Ninguno de los detenidos está siendo procesado por el delito de desaparición forzada. La mayoría son acusados por delincuencia organizada vinculada con secuestro. Nosotros consideramos que eso diluye la responsabilidad del Estado. La desaparición forzada es un delito perpetrado por las autoridades, en contubernio o con consentimiento de ellas“, afirma Patrón.
Muchos implicados siguen libres
Además, el experto asegura que sigue habiendo numerosos prófugos de la Justicia, incluyendo funcionarios públicos y miembros del grupo Guerreros Unidos. “La PGR habla de 15 autores materiales, de ellos se ha detenido sólo a cinco. Según el expediente, el grupo Guerreros Unidos consta de más de 50 miembros, detenidos hay menos de diez“.
"Nosotros consideramos que la investigación tiene que incluir al Ejército mexicano y a la Policía Federal por posibles vínculos que pudieron haber tenido, además considerando la información que tenían desde años atrás. Hay una declaración del exdirector de Seguridad Pública de Cocula, que asegura que él mismo informó al Ejército de la filtración del crimen organizado en los Municipios de Iguala y de Cocula desde 2013", agrega.
El experto señala la existencia de lo que llama “macrodelincuencia“, que no está siendo investigada. “En el expediente hay declaraciones que vinculan al exgobernador del Estado de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero. No está siendo investigado, incluso hace unas semanas anunció que volvería a su cargo porque se vencía la licencia que se había tomado. El crimen organizado solamente es sostenible, como opera en todo el país y en particular en Guerrero, en contubernio con las autoridades políticas. Y ahí hay una impunidad total“.