Caso Nisman: Sigue la incertidumbre

Según un comunicado de la fiscal Viviana Fein, "luego de reiterados intentos por ubicarlo", la Justicia prohibió salir del país a Diego Lagomarsino, el colaborador que el sábado entregó al fiscal el arma hallada junto al cadáver y que presuntamente fue la última persona que le vio con vida. Pocos minutos después de que se anunciara la decisión judicial, el colaborador llamó a la fiscal por teléfono para disipar las dudas sobre su paradero e informarle de que estaba en casa de un amigo. Pese a que todas las miradas están puestas en el colaborador como pieza crucial del rompecabezas, la fiscal detalló que no se ha dispuesto una custodia especial para Lagomarsino.

El episodio se suma a la lista de cabos sueltos que arrastra la investigación, desde las contradicciones sobre las cerraduras de las puertas del domicilio de Nisman, donde fue encontrado muerto, hasta la presencia en la escena del secretario de Seguridad antes de la llegada de los peritos judiciales. También la ineficacia de la custodia policial de Nisman, que, por ejemplo, no revisó las pertenencias de Lagomarsino cuando le visitó y le llevó la pistola. De acuerdo con la versión del colaborador, Nisman le aseguró que el influyente exdirector de operaciones de la Secretaría de Inteligencia Antonio "Jaime" Stiuso le había prevenido contra las personas que lo custodiaban.

Después de que las pruebas no detectaran restos de pólvora en las manos de Nisman, la fiscal espera el resultado del peritaje que determinará definitivamente si el proyectil extraído del cuerpo corresponde con el arma hallada en el lugar y el cotejo del ADN. Además, se dispusieron nuevas medidas para recolectar pruebas, aunque "se mantendrán en reserva los detalles" a fin de garantizar el "éxito del procedimiento", según la fiscal del caso.

Querellante particular

Mientras, la exmujer de Nisman, la jueza Susana Arroyo Salgado, prestó de nuevo declaración y pidió ser aceptada como querellante particular en nombre de sus hijas. Su testimonio es clave para aclarar los motivos por los que el fiscal interrumpió precipitadamente sus vacaciones en Europa el pasado 12 enero y regresó a Buenos Aires, donde dos días después presentó una denuncia contra Cristina Fernández; el canciller, Héctor Timerman; y otros dirigentes oficialistas.

En su demanda, Nisman acusó a la presidenta de orquestar un plan de encubrimiento a los supuestos terroristas iraníes responsables del atentado contra la mutual judía AMIA, que dejó 85 muertos en 1994, a cambio de presuntamente intensificar las relaciones comerciales con Irán.

Ejecutivo cierra filas

El Gobierno cerró filas para defender la hipótesis lanzada por la presidenta el jueves, que en un giro radical denunció que la muerte de Nisman responde a una conspiración contra el Ejecutivo. "Hay alrededor alguien con intereses de otras características", señaló hoy el secretario de Presidencia, Aníbal Fernández. Al igual que Cristina Fernández, el funcionario afirmó que Nisman "primero les servía vivo para presentar la denuncia" y ahora "les sirve muerto".

El jefe de Gabinete del Gobierno, Jorge Capitanich, pidió que la Justicia determine "la responsabilidad y culpabilidad de quienes fueron los culpables del hecho", durante su rueda de prensa diaria. Pese a las críticas recibidas desde la oposición y algunos sectores de la Justicia, Capitanich aseguró que desde el Ejecutivo "ha primado la prudencia" a la hora de evaluar las extrañas circunstancias de la muerte de Nisman.

El Gobierno insistió también en desacreditar la denuncia por encubrimiento presentada por Nisman, que, según el secretario de Presidencia, no elaboró el fiscal porque un hombre "formado" y con experiencia en el derecho no pudo haber escrito "esa burrada", que según él es "endeble" y se apoya en informaciones difíciles de demostrar. Convertido en el mayor escándalo político del mandato de Cristina Fernández, la muerte de Nisman ha conmocionado a la opinión pública argentina e internacional, y ha alterado el panorama político en un 2015 electoral.

Desde la oposición al gobierno no cesaron las crisis por los cambios de posturas del poder Ejecutivo. Cinco precandidatos presidenciales –Mauricio Macri (PRO), Sergio Massa (Frente Renovador), Hermes Binner (Partido Socialista), Ernesto Sanz (UCR) y José Manuel De la Sota (Partido Justicialista disidente)– firmaron una declaración conjunta para exigir "garantías" en la investigación por la muerte de Nisman y la "preservación" de las pruebas y de su equipo de trabajo, además de reclamar que se esclarezca la causa AMIA, sin culpables aún tras más de 20 años del atentado.

RML (efe, dpa)