Migrantes chilenos piden poder votar en plebiscito

Mientras que el tema de conversación en las calles de Chile gira por estos días en torno al “Apruebo” o “Rechazo” para una nueva Carta Magna mediante el plebiscito, una controvertida ley migratoria, criticada por la oposición y la sociedad civil, está a punto de concretarse en el Legislativo de ese país sudamericano. 

El proyecto de ley propuesto por el presidente chileno, Sebastián Piñera, que fue originado durante su primer mandato (2010-2014), pretende endurecer las fronteras y mitigar la creciente ola de inmigración irregular, que se incrementó tras el cierre de fronteras, decretado en marzo por las autoridades para evitar la propagación del nuevo coronavirus. 

En su tercera fase constitucional, la Cámara Baja aprobó la semana pasada la mayoría de propuestas del proyecto, que contiene más de 180 artículos, pero no se logró un consenso en 10 de ellos, que ahora tendrán que ser revisados por una comisión mixta. 

“Rechazamos este proyecto de ley, porque va en contra de los derechos humanos. Se hizo una campaña comunicacional de odio y rechazo hacia los inmigrantes, algo que provocó que haya poca participación de la población civil en el trámite”, explica en entrevista con Deutsche Welle Patricia Loredo, de la organización chilena Colectivo sin Fronteras. Chile requería, agrega la activista peruana, una ley de migraciones acorde con los flujos migratorios actuales, y con los compromisos internacionales de derechos humanos a los que está suscrito.

Voces de los inmigrantes en el plebiscito 

Distintas organizaciones de migrantes en Chile no solo critican la nueva ley de Piñera, sino también el hecho de no poder ser parte del proceso constituyente del próximo 25 de octubre. “Pedimos igualdad de derechos, habitamos Chile y es una oportunidad para mirar un proyecto de país que sea efectivamente inclusivo, y que nadie quede afuera”, dice la representante del Colectivo sin Fronteras.

Según el Servicio Electoral (Servel), unos 350 mil inmigrantes están habilitados para votar en el próximo plebiscito. Una de las cifras más altas de los últimos años. De acuerdo con la ley vigente, un migrante puede ejercer su derecho a voto después de vivir cinco años en el país desde que obtuvo el primer permiso de residencia.

“A pesar de que ellos no harán una gran diferencia en el resultado, sí es importante que participen. La sociedad chilena tiene que aprender que somos diversos”, comenta a DW el chileno Patricio Rojas, docente de políticas migratorias de la Universidad Nacional de San Martín, en Buenos Aires.  

Los “peros” de la ley

La actual ley migratoria fue diseñada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), cuando el país apenas tenía un 0,6 por ciento de población migrante. Actualmente, en el país viven unos 1,4 millones de inmigrantes, lo que representa el 7 por ciento de la población chilena. Los venezolanos son la comunidad más grande, seguida de la peruana, haitiana y colombiana, según el Departamento de Extranjería. 

“Son realidades distintas, por eso era necesaria una nueva ley, pero no esta, con la que se le quiere poner un 'pero' a todo: Podrán acceder a vivienda, pero cuando tengan cinco años en el país. Podrán acceder a salud, pero de acuerdo con lo que establezca el Ministerio de Salud. Podrán votar, pero no queda claro si desde la primera visa o desde la residencia definitiva”, aclara a Patricio Rojas.

Entre las propuestas rechazadas se encuentra el artículo sobre protección complementaria, que establece que el Estado no podría enviar de regreso a aquel extranjero que se sienta amenazado o en peligro en su país de origen. Asimismo, no se llegó a un acuerdo en el artículo corregido por el Senado acerca de un trato especial del Estado a las mujeres extranjeras embarazadas, víctimas de trata o violencia familiar. 

Tampoco alcanzó los votos necesarios el artículo sobre prohibiciones facultativas, que permitiría a la Policía impedir el ingreso al país de extranjeros que porten elementos con indicios para cometer delitos, que no especificaba qué tipo de elementos. “El proyecto también es discriminatorio, porque trata de distinguir por nacionalidad a los migrantes venezolanos, haitianos o dominicanos, a quienes se les pide una visa consular que tienen que tramitar en sus países”, recuerda Rojas. 

Las consecuencias

El Gobierno saludó la aprobación casi total del proyecto, pero, al mismo tiempo, instó a que los artículos restantes sean discutidos “aceleradamente”. Según el experto Rojas, la aprobación de esta nueva ley, que parece inminente, traerá consecuencias internas y externas: “Esto sólo hará que la migración irregular y el ingreso por pasos no autorizados aumente, como ya ocurrió antes en el caso de los dominicanos”. 

Por su parte, la activista Loredo, que trabaja con poblaciones vulnerables, alerta que además de los ingresos irregulares, “con la nueva ley se incrementarán las redes de trata y tráfico de migrantes, que ya eran críticas”. Algo que ya había sido informado por la Brigada Investigadora de Trata de Personas de Chile (Bitrap): el tráfico ilegal de migrantes se multiplicó por 14 desde 2017, y en lo que va de 2020, más de 5.000 personas han ingresado al país de forma irregular.

Sobre las consecuencias externas, advierte el chileno Rojas, tampoco habría que sorprenderse: “Otros países podrían aplicar el principio de reciprocidad para los migrantes chilenos. Esto sería un problema, por ejemplo, en Argentina, donde viven 300 mil chilenos, o para los que van a Perú a atenderse en los hospitales”. La otra posibilidad, cree Rojas, es “el efecto dominó”, es decir, que los países vecinos empiecen también a modificar sus leyes migratorias, siguiendo el ejemplo chileno. (cp).