China se blinda contra el espionaje
1 de noviembre de 2014
Según informaciones de la agencia estatal de noticias Xinhua, la legislación permitirá a las autoridades precintar o incautar cualquier propiedad vinculada a actividades consideradas perjudiciales para el país. Además, las autoridades podrán interrumpir o pedir que se modifique cualquier comportamiento que se considere dañino para los intereses de China. La negativa a cumplir con las reglas permitirá a las agencias encargadas del cumplimiento de la ley confiscar propiedades.
Las agencias encargadas de combatir el espionaje tendrán la potestad de confiscar cualquier "aparato, dinero -como ingresos obtenidos a través de estas actividades- o material" así de sellar cualquier lugar o propiedad relacionada. Según la nueva ley, la posesión de equipos de espionaje -y aquí hay que tener en cuenta qué es lo que el Departamento de Seguridad estatal define como espionaje- también es ilegal.
China ya tiene leyes amplias que regulan el secreto de Estado y la seguridad. No queda claro hasta qué punto la nueva normativa -aprobada mediante la revisión y cambio de nombre de una ley de seguridad nacional anterior- propiciará que la policía adquiera más autoridad.
Más posibilidades para demandar
La revisión de la ley de seguridad se produce tras la reunión del mes pasado del Partido Comunista, en la que se prometió que los tribunales tendrían más independencia y que se limitaría la influencia de los responsables sobre casos legales, aunque algunos pensaron entonces que se trataba de falsas promesas. El Parlamento revisó una "ley de procedimiento administrativo", que supuestamente facilitaría el derecho de los ciudadanos a demandar al Gobierno.
En tales casos, los demandados, como responsables del Gobierno, podrían ser multados o detenidos si "fuerzan a un demandante a retirar la querella usando medios ilegales, como amenazas o fraude", informó Xinhua. Esto beneficiará especialmente a aquellos afectados por casos problemáticos por propiedades de tierras o compensaciones por desahucios, que comúnmente no son atendidos.
La reforma obligará a los tribunales a acoger estos casos y ordenar a las autoridades a cumplir los contratos firmados con los ciudadanos o pagar una compensación en el caso de que los incumplan e incluso si lo hacen por "razones legítimas". La decisión también recoge que los oficiales deberán presentarse personalmente en los tribunales ante estos casos, y, en el caso de que no lo hagan, podrán ser castigados.
MS (rtrla/efe)