Cinco días de plazo para el gobierno español
7 de agosto de 2006
La carta que la comisaria europea para la Competencia, Neelie Kroes, ha remitido al gobierno español abre un procedimiento con carácter de urgencia inusual en estos casos, justificado según Kroes por el comportamiento del equipo de José Luis Rodríguez Zapatero en relación a la OPA lanzada por la alemana E.ON a la española Endesa.
Y es que en Bruselas no han gustado las 19 condiciones que la Comisión Nacional de la Energía (CNE), organismo estatal español, impuso a E.ON como primer paso para dar su visto bueno a la gestión de compra. El mismo accionariado de Endesa consideró en su día injustificadas las exigencias de la CNE. También desde E.ON se hicieron oír las críticas. Ahora es la Comisión Europea quien llama la atención al ejecutivo español y le da cinco días laborables de plazo para exponer las razones que llevaron a la CNE a considerar necesarias sus peticiones, que podrían ser anuladas desde Europa.
Condiciones sospechosas
Entre las condiciones que la CNE impone a E.ON se encuentra la renuncia de los alemanes a casi un tercio de Endesa una vez concluida la absorción. E.ON debería desprenderse de las participaciones de la compañía española en diversas centrales nucleares del país. Al mismo tiempo, la CNE quiere que la misma E.ON reduzca sus intereses en algunas empresas energéticas, como por ejemplo, del 100% que posee de la central nuclear Ascó I en Tarragona, Cataluña.
También se exige a E.ON que prescinda de ofrecer suministro energético a las islas españolas, lo que supondría abandonar regiones tan importantes como los archipiélagos balear y canario. Y además, E.ON deberá mantener todos los compromisos de inversión que hayan sido adquiridos previamente por Endesa.
Estas premisas, sumadas a otras hasta llegar a un total de 19, son tras una "evaluación preliminar" de la Comisión Europea incompatibles con "los principios de la igualdad de trato y de la no discriminación", escribe Kroes en su carta de 12 páginas. Las condiciones suponen una "discriminación arbitraria" y un "impedimento encubierto del libre tráfico de capitales y de la libertad de establecimiento": por si al gobierno español le quedara alguna duda de cuál es en torno a este caso la opinión de Bruselas.
Explicar para evitar sanciones
El ejecutivo español no quiso oponerse directamente a la adquisición de Endesa por parte de E.ON para evitar un enfrentamiento seguro con las instancias europeas que controlan la libre competencia dentro del mercado comunitario. Sin embargo, nunca se ocultó que la idea de ver a una empresa nacional líder en un sector clave como es la energía en manos de un consorcio extranjero no era para Madrid la mejor de las opciones.
Se apoyó a Gas Natural en sus intenciones de contrarrestar la OPA de E.ON. Intenciones frustradas por los accionistas de Endesa, que consideraron la oferta de Gas Natural insuficiente y perjudicial para los intereses de su compañía. Aunque Gas Natural no renunció directamente a hacerse con Endesa, las negociaciones quedaron más que nunca decantadas a favor de los alemanes.
El último resquicio de entorpecimiento era someter el caso a la aprobación de la CNE y ésta dio luz verde a la compra. Con condiciones: que tendrán que ser explicadas, léase justificadas, por el ejecutivo español. De lo contrario, la Comisión podría cortar a Madrid el suministro de capital europeo. Aparte de que las reclamaciones de daños y perjuicios de los accionistas de Endesa y E.ON no tardarían en llegar y alcanzarían cifras millonarias. A Zapatero le puede salir cara la protección de su mercado.