Colombia: urgen atender crisis del campo

La tierra es, sin duda, uno de los temas más importantes en las negociaciones de paz entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El conflicto colombiano que lleva más de cincuenta años se ha convertido en un río revuelto que han utilizado distintos actores para controlar grandes extensiones de tierra, para la explotación de hidrocarburos, la plantación de monocultivos de planta africana o la explotación minera. Las comunidades campesinas indígenas o de afrodescedencia son las más vulnerables en esta lucha por la tierra. Se estima que más de cinco millones de personas han sido expulsadas de sus tierras.

En las negociaciones que tienen lugar desde hace un año en La Habana se han alcanzado acuerdos parciales sobre el acceso de los campesinos a la tierra y la participación de los guerrilleros en la política, dos de los cinco puntos de una ambiciosa agenda con la que se quiere poner fin al conflicto que ha dejado un saldo de más de 220.000 muertos, la mayoría civiles.

Comunidades campesinas en total desprotección

“Las comunidades que acompañamos se encuentran en medio de la confrontación armada en muchos lugares y han sido víctimas de asesinatos, desapariciones y torturas por parte del Estado y de los paramilitares. Han sido estigmatizadas por vivir en áreas de donde ha habido movilización de la guerrilla y eso ha sido el pretexto para quitarles sus tierras y destinar esos territorios a grandes proyectos de infraestructura vial, energética y de comunicaciones, en donde hay una fuerte presencia de capital internacional“, afirma Abilio Peña Buendía, representante de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP), en conversación con DW.

Peña Buendía es parte de una delegación de activistas que recorre varios países europeos por invitación de organizaciones civiles, con el objetivo de explicar los avances en las negociaciones de paz, en donde la lucha por la tierra sigue enfrentando a comunidades de campesinas y grandes proyectos agroindustriales. Se estima que hasta unos 10 millones de hectáreas, habitadas por comunidades campesinas han sido destinadas a estos grandes megaproyectos.

"Gran parte de los ríos en Colombia están amenazados por la construcción de represas y cerca del 62% del territorio nacional se encuentra pedido en concesión para la minería. Es una cifra alarmante considerando que Colombia es un país con una amplia vocación agrícola y de pesca artesanal y de vaquería, una minería tradicional que se hace en los ríos sin el uso de químicos“, afirma por su parte Juan Pablo Soler, de la organización Sensat, que acompaña a comunidades en su lucha por la defensa de su territorio y es miembro del llamado movimiento “Ríos Vivos“.

El narcotráfico y los cultivos ilícitos

El narcotráfico y el cultivo de plantaciones ilícitas es uno de los puntos de las negociaciones y probablemente uno de los que más atención internacional tendrá. "No sólo tiene que ver con el narcotráfico y la producción de cultivos declarados ilícitos en Colombia, como la coca, la marihuana y la amapola, sino toca también el consumo de drogas y la manera de tratarlo por las implicaciones que tiene en el tráfico de drogas“, afirma César Jerez, representante de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC).

"Se trata de una cuestión directamente relacionada con la falta de políticas públicas y de desarrollo rural en Colombia. Los campesinos se han tenido que dedicar a estos cultivos considerados ilícitos porque no tienen otra opción, se han visto desfavorecidos por la apertura económica y las firmas de los Tratados de Libre Comercio“, explica.

César Jerez destaca que, según las cifras oficiales, unas 50 mil hectáreas son utilizadas en los llamados cultivos ilícitos. “Colombia exporta por lo menos unas 900 toneladas de cocaína al año. Es un problema socioeconómico, que tiene que atenderse con política pública y para ello es imprescindible garantizar la economía campesina y el acceso a la tierra. Tratar esto como un problema criminal no ha servido para nada. El Plan Colombia es un fracaso, fue un sofisma que fue utilizado como arma contra la guerrilla“, afirma.

Paramilitarismo, intacto

Aunado a esto hay preocupación ante el paramilitarismo que, según los activistas que visitaron Berlín, "sigue intacto" en Colombia. "Tienen nuevos nombres: autodefensas gaitanistas, los urabeños, las bacrim, las bandas criminales emergentes, como les llama el gobierno, pero todos tienen el común denominador de que siguen dependiendo de la policía y del ejército“, afirma Abilio Peña Buendía.

El representante de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz añade que mientras no haya un desmontaje de esas estructuras no hay garantías de protección y seguridad tras un acuerdo de paz. "Podría ocurrir lo que sucedió durante el gobierno del presidente Belisario Betancur, que alcanzó un acuerdo de paz con las FARC, que terminó en la constitución de un partido político que fue la Unión Patriótica (UP). Asesinaron a 5 mil dirigentes de ese partido, y fue exterminado físicamente por las fuerzas paramilitares y militares, obviamente de manera clandestina“.

Crisis agraria y alimentaria

Sin embargo Peña Buendía ve en las organizaciones sociales una luz de esperanza. “Este año hubo un paro agrario de enormes dimensiones que reunió a los sectores rural y urbano. Los campesinos estaban en los caminos rurales y en las ciudades grandes como Bogotá salieron las señoras, los niños y los jóvenes a las calles en apoyo a la movilización campesina. No entienden que un país productor de papa tenga que importarla, que un país productor de maíz tenga que comprar maíz a Estados Unidos, o que las semillas tengan que estar certificadas y que se quemen las semillas que usan los campesinos“.

Otra de las fuentes de conflicto es la expansión en la construcción de represas y embalses para la explotación minera y la construcción de plantas hidroeléctricas. “Cada uno de estos megaproyectos tiene un costo social muy alto por los miles de afectados. Lo mismo ocurre con el acaparamiento de tierras para la producción de agrocombustibles. Vemos difícil la posibilidad de paz en esos territorios mientras no cese la imposición de megaproyectos", afirma Juan Pablo Soler, de la organización Sensat.

“Somos una población de cerca de 45 millones de personas, el 30% todavía es población rural. Los campesinos, indígenas y afrodescendientes son unos 15 millones. La mayoría de estas personas vive en la pobreza, sin el beneficio de ninguna política pública del Estado y el ejército es la única presencia como parte del conflicto armado. Colombia retrocedió 30 años en desarrollo rural bajo el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, tuvo lugar una pérdida paulatina de la soberanía alimentaria. Actualmente importamos 20 millones de toneladas de alimentos al año, una situación estrechamente ligada a que no se ha resuelto el problema de la tierra”, concluye.