Colombia busca reconocimiento de víctimas del conflicto

Ana María Bidegaín aprendió a luchar por su familia. Cuando tenia 35 años mataron a su marido, Carlos Horacio Urán. Bidegaín se quedó sola con sus cuatro hijas: “Su asesinato partió mi vida en dos”, asegura. Ahora tiene 65 años y hace tiempo que salió de Colombia. Desde 2005, esta historiadora es profesora en la Universidad de Miami. Pero, a pesar de su éxito profesional y del tiempo transcurrido desde el trágico suceso, Bidegaín sigue atormentada: “Las circunstancias de la muerte de mi esposo siguen persiguiéndome”, cuenta a Deutsche Welle.

Carlos Horacio Urán era magistrado auxiliar en el Consejo de Estado. El 6 de noviembre de 1985, la guerrilla izquierdista M-19 asaltó el Palacio de Justicia, ubicado en el centro de Bogotá, donde trabajaba Urán. Las 350 personas que había en su interior fueron tomadas como rehenes. Pero el Gobierno colombiano se negó a negociar. Al contario, poco después, tanques del ejército atacaron el Palacio de Justicia.

Casi un centenar de personas murieron en la toma y retoma del palacio. Otros 11 desaparecieron. Representantes del ejército y otros testigos aseguraron a Bidegaín que su esposo había muerto en un fuego cruzado. Bidegaín confiaba en la versión oficial, pese a que hubo otro testigo que dijo que Urán había salido del asalto herido, pero vivo.

Las víctimas civiles de conflicto

En 2005 se reabrió el caso. Bidegaín identificó a su esposo saliendo del Palacio en varios videos. Se exhumó el cadáver del magistrado. Resultado: Urán fue torturado y ejecutado después de la retoma del Palacio. “Me sentía fatal”, cuenta la viuda, “me pregunté como me habían mentido de esa manera. Se le señaló y se dijo que era miembro del M-19. Pasó de ser víctima a ser verdugo”. Bidegaín lamenta que, hoy por hoy, el Estado colombiano todavía no haya reconocido los delitos que se cometieron en este episodio.

El caso de Carlos Horacio Urán es solo un ejemplo. Entre los más de 200.000 fallecidos en el conflicto, muchos fueron asesinados solo por ser sospechosos de colaborar con la otra parte. Entre muertos, desaparecidos, desplazados, secuestrados o torturados, hay más de cinco millones de colombianos que han sido víctimas de esta guerra. Víctimas que luchan desde hace años para que se haga justicia, se sepa la verdad y se resarza su dolor.

Entre la esperanza y el escepticismo

Ahora hay cierta esperanza de que la guerra llegue a su fin. Desde 2012, Gobierno y guerrilla están negociando un acuerdo de paz. Las partes ya han llegado a varios acuerdos parciales y esta semana se ha iniciado una nueva ronda de negociaciones en La Habana. El tema principal: las víctimas y, unido a ello, la cuestión de cómo se va juzgar a los culpables. A partir del sábado (16.08.2014), 60 representantes de las víctimas van a participar en las negociaciones para dar su punto de vista.

“Es la primera vez”, dice Ana María Bidegaín, “que se tiene en cuenta a las víctimas. Ahora todas las partes tienen que admitir sus crímenes. Las víctimas solo quieren que se reconozca su dolor.” Pero Bidegaín tiene sus dudas: Ni las fuerzas militares ni la guerrilla están dispuestos a reconocer sus delitos. Organizaciones de derechos humanos temen que, al final de las negociaciones, ambas partes terminen tapando esos crímenes de guerra. La impunidad puede ser el precio que pagar por la paz. Pero Ana María Bidegaín asegura que no va desistir. El caso de su esposo está ahora en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.