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Colombia en ebullición: paz extraviada, crisis descuidadas

José Ospina-Valencia
2 de noviembre de 2020

Tras la corta calma, gracias al Acuerdo de Paz, crecen problemas que amenazan con estallar: asesinatos de líderes sociales e indígenas, violencia policial, proceso de paz y xenofobia. Una mirada a los más cruciales.

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Miembros del partido FARC y excombatientes exponen a Naciones Unidas y funcionarios sus problemas y peticiones este 2 de noviembre de 2020
Miembros del partido FARC y excombatientes exponen a Naciones Unidas y funcionarios sus problemas y peticiones este 2 de noviembre de 2020Imagen: ONU Colombia

Estas cifras son un indicador de la creciente crispación generalizada que parece tomarse a Colombia: la última encuesta, realizada por Cifras y Conceptos y publicada el pasado 28 de octubre, revela que el presidente Iván Duque tiene una imagen negativa del 63, y una positiva del 37 por ciento.

La mejor calificación dada a Duque fue por "mejorar las relaciones internacionales”: 15 por ciento. Y así, sus calificaciones se distribuyen hacia abajo (entre el 10 y el 15%) en los temas que más preocupan a los colombianos: preservar áreas de conservación natural, economía, bandas criminales, educación, minería ilegal, recursos hídricos, pobreza, corrupción, injusticia, desempleo, salud, narcotráfico e implementación de los acuerdos de paz.

Bogotá, inseguridad, vulnerabilidad y xenofobia

"... Aquí, el que venga a ganarse la vida decentemente, bienvenido; pero el que venga a delinquir deberíamos deportarlo sin contemplación", dijo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el pasado 30 de octubre con motivo del asesinato de dos personas en la capital colombiana, presuntamente a manos de venezolanos.

La seguridad de los bogotanos es también la de los venezolanos. La vida de todos es igualmente valiosa, pero en torno a las declaraciones de López se han generado tanto aplausos como alarmas por el preocupante "aumento de la xenofobia en Colombia contra una población que ya está en estado de vulnerabilidad”, como dice, en Razón Pública, María Clara Robayo, de la Universidad del Rosario.

"El estudio sobre criminalidad en Colombia, realizado por Ideas para la Paz en 2019, demuestra que solo una minoría de los migrantes venezolanos delinque y una inmensa mayoría no”, dice a DW el jurista Rodrigo Uprimny, miembro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, quien agrega que dichas palabras en boca de un alto funcionario son "problemáticas” por dos razones: "Primero, porque simplifican los debates sobre seguridad y criminalidad en Colombia, en que los venezolanos pueden ser tomados como chivo expiatorio”.

Las palabras de la alcaldesa Claudia López dieron, en efecto, lugar a que en las redes aumentaran las expresiones de odio a los venezolanos. Y segundo, hablar de "deportaciones de migrantes en Colombia es muy peligroso, toda vez que una persona puede ser expulsada del país en cuestión de horas y sin asistencia jurídica, si las autoridades determinan que se deporta por ‘razones de seguridad interna'".

Petición de un joven venezolano en Colombia

Douglas Giménez Acosta en Bogotá: "Mejores controles fronterizos, más oportunidades de estudio y trabajo".
Douglas Giménez Acosta en Bogotá: "Mejores controles fronterizos, más oportunidades de estudio y trabajo". Imagen: Privat

El joven venezolano Douglas Giménez Acosta, estudiante de contaduría y comercio exterior en Colombia, coincide con el catedrático Uprimny, y dice a DW que "los delincuentes son unos pocos, pero el impacto que generan sus crímenes nos hace un gran daño a todos como sociedad, pero especialmente a la comunidad venezolana”. Douglas Giménez pide, por ello, varias cosas a las autoridades nacionales y de los municipios: mejor control de las fronteras, exigencia del pasado judicial y oportunidades reales de estudio y de trabajo para quienes -legalmente- quieren hacer su futuro y construir país junto con los colombianos”.

Marchas, rechazos, protestas y paz

El tema de mayor conflicto es el cumplimiento - o incumplimiento - del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firmado el 24 de noviembre de 2016. Un compromiso institucional convertido en pugna, que sigue generando marchas de protesta y exigencias de diversas comunidades: indígenas, víctimas, sindicatos, mujeres y de los mismos exmiembros de las FARC.

Ante el rechazo de Iván Duque a recibir personalmente a los indígenas de la Minga en su "Marcha por la vida” del mes de octubre, su mensaje no podía ser más contundente: "Perdón por la molestia, pero nos están matando”. Las acusaciones de una supuesta infiltración por parte de la guerrilla ELN no se probaron ni esta se manifestó. Y los indígenas dejaron los lugares por donde pasaron más limpios de lo que los encontraron.

Kolumbien Cali | MINGA | Politischer Marsch
La Minga en CaliImagen: Gabriel Aponte/Getty Images

Exguerrilleros: "Peregrinación por la vida y por la paz"

La primera movilización convocada por la exguerrilla transformada en partido (FARC), se dio este 2 de noviembre en el marco del reinicio de las manifestaciones contra el gobierno tras la pausa que impuso la pandemia. Sindicatos, maestros, estudiantes e indígenas se han manifestado en las últimas semanas contra el gobierno de Iván Duque. Unos 2000 excombantientes marcharon 10 días para denunciar el asesinato de excombatientes. 

Colombia atraviesa una de las peores arremetidas de los grupos armados desde 2016. Indepaz ha registrado 70 masacres -o asesinatos de al menos tres personas en un mismo evento- en 2020. Según el gobierno, detrás de la mayoría de las matanzas está el narcotráfico, en el que estarían involucradas guerrillas, excombatientes, paramilitares y carteles mexicanos.

¿Nuevo paro nacional el 21 de noviembre?

A las protestas de los indígenas, las centrales obreras, los maestros y las organizaciones sociales, se unen las de los trabajadores de la Justicia que apoyan el "pliego de emergencia” en la pandemia y que contempla, entre otros: formalización laboral de trabajadores de la salud; renta básica; créditos hipotecarios; pago de servicios públicos durante 4 meses; seguridad alimentaria; matrícula cero en universidades públicas; derechos de las mujeres y de la comunidad LGTBI, y derogación de decretos de emergencia.

El Comité Nacional de Paro ha convocado a un nuevo Paro Nacional este 21 de noviembre, justo un año después de que el Gobierno nacional hubiera deportado a más de 50 venezolanos acusándolos de "vándalos”.Sin evidencias, sin asistencia jurídica, como DW pudo establecer. En cambio, los problemas reales han crecido, y las soluciones aún no llegan.

(er)