Exlíderes de las FARC reconocen crímenes de lesa humanidad

Líderes de la disuelta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) aceptaron este viernes (30.04.2021) ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), su responsabilidad en los crímenes de guerra y lesa humanidad relacionados con el secuestro de más de 21.000 personas. El tribunal surgido del acuerdo de paz los había llamado a responder por estos crímenes.

"Reconocemos expresamente la responsabilidad por los hechos y conductas descritas por la Sala en el auto" de imputación emitido por la JEP el 28 de enero, indicaron en una carta siete antiguos jefes rebeldes que firmaron el histórico pacto de paz en 2016. "Dichos hechos y conductas consistieron en ordenar las capturas y privación de la libertad, de forma prolongada, de civiles y de miembros de las fuerzas militares", añadieron.

En una rueda de prensa virtual los exguerrilleros aseguraron haber entregado a la JEP un documento con la aceptación formal de los delitos que se les imputan. "Igualmente hacemos el reconocimiento explícito de las condiciones precarias y difíciles que debieron enfrenar las personas que fueron secuestradas por las FARC (...), del sufrimiento infligido de manera injustificable a las víctimas y sus familias", declaró el ahora senador Julián Gallo, conocido también como Carlos Antonio Lozada.

Reconocen "graves violaciones”

Pastor Alape, por su parte, especificó que "se presentaron graves violaciones, afectaciones al Derecho Internacional Humano, que no fue una política de la organización en cuanto al maltrato y demás, pero aceptamos que se dieron esas realidades. Y lo aceptamos desde nuestra posición de liderazgo en la organización". La JEP también determinó la existencia de un patrón de malos tratos en cautiverio, así como abusos sexuales, desplazamientos forzados, etcétera.

"Los casos de violencia sexual no fueron sistemáticos ni obedecieron a un patrón, pero reconocemos que se dieron esos hechos y desde luego estamos asumiendo la responsabilidad que nos corresponda por esos hechos que se dieron", insistió Gallo. Desde que la guerrilla depuso las armas en 2017 y aceptó someterse a la JEP, los líderes comparecen ante el tribunal para confesar sus crímenes y reparar a las víctimas, a cambio de poder ejercer la política como partido. Quienes cumplan con esos compromisos recibirán penas alternativas a la prisión, de lo contrario se exponen a sanciones de hasta 20 años de cárcel.

Ocho altos mandos de la que fuera la guerrilla más poderosa del continente fueron imputados el 28 de enero por crímenes de lesa humanidad ocurridos entre 1990 y 2016, cuando secuestraron a 21.396 personas. Entre esos mandos están Rodrigo Londoño, jefe del partido de izquierda Comunes, surgido del acuerdo, y los congresistas Pablo Catatumbo y Lozada, que ocupan dos de los diez asientos en el parlamento otorgados al partido. Uno de los involucrados, Juan Hermildo Cabrera, falleció en enero.

DZC (EFE, AFP)