Colombia - Nicaragua: empantanados en el Caribe

"No dudaría que los golpistas le estén ofreciendo a Colombia anular ese fallo y se quede con todo ese mar territorial a cambio de que se meta de lleno en la conspiración golpista", dijo el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, durante un acto del 39 aniversario de la Fuerza Naval en agosto de 2018. La cancillería de Colombia rechaza dichas insinuaciones. 

Cuando Ortega se refiere a "todo ese mar”, se refiere al Caribe, y al diferendo que mantiene con Colombia en torno al Archipiélago de San Andrés y Providencia. Una disputa sobre delimitación de fronteras marítimas en la que los dos países se enfrentan en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya.

San Andrés y el municipio de Providencia y Santa Catalina Islas forman el único departamento insular de Colombia, al que pertenecen también unos 14 islotes y cayos ubicados al occidente de las Antillas.  

Los inicios de la soberanía de Colombia sobre el Archipiélago de San Andrés y Providencia se remontan a una orden del Rey de España en 1803, por medio de la cual estas islas forman parte del Virreinato de La Nueva Granada, como respuesta a la solicitud de ayuda del gobernador de San Andrés, Tomás O'Neill, que advertía el peligro que significaba la presencia de piratas.

Liberadas de la Corona Española por el francés Louis Michel, al servicio de Simón Bolívar, ya en 1822, las islas de San Andrés y Providencia declararon su anexión a la República de la Gran Colombia, cuyo territorio comprendía lo que son hoy Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá.

Su población estaba compuesta por descendientes de esclavos africanos, así como por británicos que habían ocupado la región antes que los españoles. Las "comunidades raizales”, como se llama a sus habitantes autóctonos, hablan hasta hoy "criollo”, una mezcla de inglés con voces españolas y varias lenguas africanas que se extiende hasta Bluefields y Costa de los Mosquitos en Nicaragua, a Limón en Costa Rica y Bocas del Toro y Colón en Panamá.

La Haya versus Esguerra-Bárcenas

El Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 fue un acto bilateral entre Colombia y Nicaragua sobre la delimitación de la soberanía del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Dicho tratado fue ratificado por ambas naciones en Managua en 1930. El gobierno nicaragüense, empero lo considera hoy inválido, porque, según Managua, "fue firmado cuando Nicaragua se encontraba ocupada por Estados Unidos". 

Hace cinco años y medio que la CIJ falló, en gran parte, a favor de Nicaragua, pero también a favor de Colombia. La Haya determinó el 19 de noviembre de 2012 que las islas del Archipiélago pertenecen a Colombia, pero que la delimitación marítima no estaba definida. Así que trazó una línea que para Colombia, en comparación con sus pretensiones históricas, significa una pérdida de 75.000 kilómetros cuadrados.

Ahora, la disputa se mueve entre si Colombia implementa el fallo de La Haya de 2012, o si la delimitación que prevalece es la establecida por el Tratado Esguerra-Bárcenas. Pero mientras Colombia afirma que el fallo de 2012 no es suficiente; y que ahora lo que se necesita es un nuevo tratado fronterizo entre Colombia y Nicaragua, Managua quiere ver extendido su territorio aún más allá de los 75.000 kilómetros cuadrados, ya reconocidos por La Haya.

¿Qué dijo La Haya el 19 de noviembre de 2012?

La Corte Internacional de Justicia confirmó que el archipiélago de San Andrés pertenece a Colombia, pero señaló que el meridiano 82 no es la frontera marítima entre los dos países, como afirma Colombia, y trazó una delimitación favorable a Nicaragua, dejando a dos de las islas colombianas prácticamente encerradas y sin mar. Así, "los habitantes de Quitasueño y Serrana pueden allí vivir, más no subsistir", ya que los habitantes viven de la pesca artesanal, afirma Bogotá, añadiendo que "el fallo de La Haya viola con esto el derecho de la población autóctona". Islas sin mar, casi como otrora Berlín occidental que durante la división era una "ciudad sin tierra". 

¿Quién puede trazar las fronteras entre países?

Una semana más tarde, el 27 de noviembre de 2012, Colombia decidió retirarse del Pacto de Bogotá. "Colombia acata el fallo, pero este no tendrá aplicación inmediata, debido a aspectos técnicos y jurídicos que antes tienen que definirse", dijo el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Bogotá argumenta que La Haya no puede determinar una frontera, sino que para ello es necesario un tratado entre dos países, en este caso, entre Colombia y Nicaragua.

¿Qué es el Pacto de Bogotá? 

El Pacto de Bogotá es un tratado internacional, suscrito el 30 de abril de 1948 por la mayoría de países latinoamericanos, con objetivo de resolver los conflictos por medios pacíficos. Estando registrado ante Naciones Unidas, el Pacto de Bogotá obliga a agotar los mecanismos regionales, antes de acudir al Consejo de Seguridad de la ONU. El Pacto de Bogotá, del que tanto Nicaragua como Colombia fueron signatarios, aunque Managua solo lo ratificara con reservas, confiere jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

¿Cuál país es signatario de cuál Convención? Y, ¿cuál no?

Colombia, ahora afuera de dicho Pacto, no reconoce la jurisdicción de La Haya en trazados de fronteras.

La situación sigue siendo compleja para la jurisdicción internacional: Colombia es parte de la Convención de Ginebra de 1958 sobre Plataforma Continental, pero Nicaragua no lo es. Y Nicaragua es signataria de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, pero Colombia no lo es. 

Juristas afirman que esa ambivalencia jurídica respecto a tratados internacionales le dejaría a la Corte Internacional de Justicia la posiblidad de asumir la competencia para fallar en base al Derecho Internacional consuetudinario, o sea en base al derecho que se adquiere por uso o costumbre. 

Nicaragua vuelve por más mar a  La Haya

El 16 de septiembre de 2013 Nicaragua regresó a La Haya para reclamar una plataforma continental extendida, que puede llegar hasta las 450 millas náuticas, esos son 724.20 kilómetros. Un territorio más allá de zona de las 200 millas náuticas reconocidas ya por La Haya a Nicaragua.

¿A cuánto mar tiene derecho un país?

El "mar territorial” es la parte del océano en el que un Estado ejerce su soberanía. Según la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, este se extiende hasta 12 millas náuticas (22,2 km). Hay países que reclaman más, como Perú, El Salvador, y Nicaragua, entre otros.

Además del "mar territorial”, hay otra "zona marítima contigua” de otros 22,2 kilómetros de longitud que los Estados reclaman con el fin de proteger los recursos pesqueros y mineros, evitar la contaminación y fiscalizar su uso, un hecho reconocido por la Conferencia de La Haya sobre codificación del derecho internacional de 1930. 

En vista de los peligros de la II Guerra Mundial los latinoamericanos acordaron establecer una zona de 200 millas marinas (370,4 km) adicionales, como protección de las aguas americanas. Un sector que luego se convirtió en "zona económica exclusiva”, reconocida en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982.

El archipiélago de San Andrés y Providencia se encuentra a 110 kilómetros (unas 68 millas) de la costa nicaragüense y a 720 kilómetros (unas 447 millas) de la colombiana.

Naturaleza o minería

En el año 2000, con el fin de proteger la naturaleza del Archipiélago , Colombia declaró 65.000 km² del Archipiélago de San Andrés y Providencia como área marina protegida, denominada “Seaflower” o reserva de biosfera de la UNESCO. Allí están vedadas la pesca industrial y la extracción de petróleo.

Nicaragua, por su parte, ha expresado la intención de ampliar su búsqueda de petróleo en esta zona del Mar Caribe. 

Demanda va, demanda viene

Nicaragua demandó nuevamente a Colombia por incumplimiento del fallo de 2012. Y aunque Colombia se salió del Pacto de Bogotá, la CIJ se declaró competente para estudiar la apelación.

Por otra parte, La Haya aceptó estudiar dos de las cuatro contrademandas de Colombia. El gobierno colombiano alega que Nicaragua está violando los derechos de la población raizal, y que las líneas de base rectas que ese país pintó para definir su plataforma continental son ilegales.

Hasta noviembre de 2018, La Haya fijará las audiencias públicas para el proceso. Los fallos se esperan en 2019 y 2020.

José Ospina-Valencia (er)