Colombia: “No hay que tenerle miedo a la democracia”

El ganadero Santiago Uribe fue detenido este lunes (29.02.2016), por presuntos nexos con la banda Los 12 Apóstoles, una organización paramilitar de ultraderecha, que habría asesinado a por lo menos 50 personas, en una población del departamento de Antioquia, entre 1993 y 1994.

Centro Democrático (CD) −el partido fundado por su hermano, el expresidente y senador colombiano Álvaro Uribe, al que también se le han atribuido presuntos nexos con paramilitares en el pasado−, señaló inmediatamente a la Fiscalía como “aliada incondicional” del Gobierno de Juan Manuel Santos.

CD, Santiago y Álvaro Uribe aseguran que las denuncias por diversos delitos y las consecuentes investigaciones contra familiares y allegados de la familia Uribe son parte, desde hace años, de una “persecución política” que, en este caso, buscaría presionar para que la formación acepte la “impunidad” que supondrían los acuerdos logrados con las FARC en Cuba.

Polarización y refrendación de la paz

La bancada de CD se declaró “en rebeldía contra la dictadura” y se retiró del Congreso de la República, donde se discute un proyecto de ley que permite crear zonas de concentración para la desmovilización de las FARC. Pero “esta es una bancada que ya estaba en oposición y que no tiene capacidad de veto, porque es minoritaria tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes”, precisa Jorge A. Restrepo, Director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC).

Eso sí, el suceso “genera más polarización en el país, más rechazo al proceso de paz entre los sectores conservadores que siguen al expresidente Uribe”, evalúa Catalina Niño, directora del Programa de Cooperación en Seguridad Regional, de la fundación alemana Friedrich Ebert en Bogotá. Entre esos sectores, aumenta “la sensación de que hay una persecución política contra ellos y de que se están haciendo concesiones especiales a las FARC”, explica la también exinvestigadora de la fundación colombiana Ideas para la Paz.

Oposición vigorosa: ¿camino a un mejor acuerdo?

Esta lectura “resonará en la opinión pública, con un efecto de alejamiento de gran parte de la ciudadanía en contra del proceso de paz”, advierte por su parte el director del CERAC y también profesor asociado de la Pontificia Universidad Javeriana. Y tal polarización es especialmente preocupante con vistas a la anunciada y aún pendiente refrendación popular de un eventual –y cada vez más cercano− acuerdo de paz, coinciden ambos expertos.

“Es una refrendación que se puede perder. Ahora, no hay que tenerle miedo a la democracia. Una oposición vigorosa a los acuerdos podría llevar a mejores acuerdos en la negociación con las FARC”, subraya Restrepo. Desde su punto de vista, la polarización colombiana alrededor del proceso de paz podría ser conveniente, “si se expresa a través de mecanismos democráticos”, de los que excluye a la explosión de protestas callejeras o la organización de grupos violentos –ya existen en el campo colombiano numerosos grupos de seguridad privatizada− opuestos a la negociación.

¿Llevaría este tipo de acusaciones de la Justicia a CD a flexibilizar su postura frente al proceso de paz? Difícilmente, pues tanto Santiago Uribe como su hermano son “radicales” contra cualquier posible concesión jurídica en el marco de los acuerdos que se negocian con las FARC, estima Restrepo.

"No basta con indicios testimoniales"

En definitiva, ¿qué posibilidades tiene la Justicia colombiana de aclarar este intercambio de acusaciones y contraacusaciones con la familia Uribe? La Justicia tendría la capacidad y los elementos para resolver, por ejemplo, el actual caso contra Santiago Uribe, opina Niño. Por lo poco que ha trascendido, las pruebas con que se cuenta serían “suficientes para detenerlo, como se ha hecho, e iniciar un proceso formal en su contra”, agrega.

Sin embargo, discrepa Restrepo, según lo que se ha filtrado a los medios de comunicación, hay “innumerables testimonios, pero solo testimonios” en contra de Santiago Uribe. “Más allá de toda duda razonable, no existen otras pruebas materiales, evidenciales, circunstanciales, criminológicas” en su contra. Así que, aunque “nuestro sistema penal es un sistema garantista, que de todas maneras tiende a valorar muchísimo estos indicios testimoniales, a mi juicio, vamos a terminar con una absolución”, sentencia.

Como sea, en el contexto colombiano actual, “independientemente de si la Justicia puede o no resolver, en derecho, si Santiago Uribe es culpable o inocente, la polarización política que el tema genera eternamente va a generar dudas sobre el caso”, prevé Niño. De modo que, si −como el testimonio de un mayor retirado de la Policía Nacional indica− el hermano menor de Álvaro Uribe estuviera vinculado al paramilitarismo, “hay un sector de la sociedad que nunca va a creer que sea cierto y asegurará que hay una persecución política contra la familia Uribe”.