Colombia: proceso de paz en turbulencias

Las negociaciones para la firma del tratado de paz fueron sintetizadas en 5 puntos: política agraria, participación política de los posibles desmovilizados, narcotráfico, víctimas y la refrendación. Si bien ya todos los puntos se han tratado, no en todos se ha logrado un acuerdo aceptado plenamente por las partes. El qué y cómo deben pagar los guerrilleros por los crímenes cometidos y la legitimación de los acuerdos son ahora los grandes problemas por resolver.

¿Cárcel o granja agrícola?

“El punto clave, después de la refrendación, es la justicia transicional”, dice a DW el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry, expresidente de la Asociación Colombiana de Derecho Constitucional. "La negociación de qué, cómo y dónde los responsables de crímenes de guerra vayan a cumplir su pena es inluso más sensible que el mismo narcotráfico", agrega Charry, quien considera que la llamada “justicia transicional no solo es importante para las FARC sino también para la sociedad”. Y es que no se trata solamente de definir si los culpables de crímenes de lesa humanidad en las filas de la guerrilla van o no a la cárcel, sino del “reconocimiento de responsabilidades, la reparación de las víctimas y la garantía de no repetición”, precisa Charry, exprocurador auxiliar de Colombia.

Según Charry, “mientras el Gobierno cree que aún hay que hacer unos ajustes, las FARC parten de que sus líderes no van a pagar penas y ni siquiera irán a una cárcel convencional”. Por su parte, el Gobierno, que está en la obligación de cumplir los estándares de la Corte Penal Internacional para delitos de lesa humanidad, como genocidio, desaparición forzada o desplazamiento, busca que las FARC reconozcan sus delitos y paguen, por lo menos, penas mínimas que incluyan una “limitación a la libertad”.

El miedo de las víctimas

De un acuerdo “soportable” para toda la sociedad depende la paz tras la firma de un probable acuerdo. El Estado colombiano está en deuda con las victimas del conflicto y el Gobierno de Santos es el primero en tenerlas en cuenta como parte activa. “Así fue como un líder comunitario de San José de Apartadó, noroeste de Colombia, pudo contar en La Habana el historial de tragedias de su familia, víctima de todos los actores del conflicto: guerrilla, paramilitares y Ejército de Colombia”, apunta Philipp Naucke, antropólogo de conflictos de la Universidad de Marburgo. Mientras unos ven el avance de las negociaciones con gran optimismo y otros con gran escepticismo, “las comunidades selváticas de Apartadó lo ven con miedo”, agrega Naucke y explica por qué: “Tras el acuerdo de paz con la guerrilla del Ejército Popular de Liberación (EPL) en los 90, los desmovilizados guerrilleros se enrolaron en las filas de los paramilitares fortaleciendo a esa organización criminal”.

La desconfianza de las víctimas de Apartadó en las instituciones estatales es tal que aún les cuesta creer que el Estado vaya a ser capaz de garantizar la seguridad después de una desmovilización de las FARC.

Un “llamado al pueblo”

Para “legitimar” el posible acuerdo las FARC, coincidiendo con la oposición de derecha en cabeza del senador Álvaro Uribe, proponen la convocación de una Asamblea Constituyente. “Algo que conllevaría a una ruptura del orden constitucional que el Gobierno de Santos no puede aceptar”, precisa Charry Urueña.

Ante la “inviabilidad” de una Constituyente, el Gobierno prefiere hacer un “llamado al pueblo” para que diga si “los acuerdos le gustan o no le gustan”, como lo expresó recientemente Santos. Un plebiscito para el que se busca modificar el umbral para su aprobación reduciendo la mayoría del 50% del censo electoral al 13 por ciento.

Por otra parte, la FARC quieren pasar de ser un grupo guerrillero a convertirse en movimiento político, con la ventaja de obtener curules parlamentarias. Este es otro de los puntos candentes que aún faltan por resolver, toda vez que unos lo saludan y otros advierten que si las FARC deben competir en las urnas como cualquier otro partido.

Un plazo difícil de cumplir

El tiempo apremia y mucho indica que no todo podría estar listo para la firma final el 23 de marzo de 2016, como fue acordado por las partes. “El peor enemigo del Gobierno es el tiempo, pues pretende lograr el acuerdo final y las reformas constitucionales que permitan aprobarlo, así como crear los instrumentos de implementación dentro de este periodo presidencial, ya que no puede correr el riesgo de firmar el acuerdo y que su cumplimiento se malogre en manos del próximo gobierno”, advierte Juan Manuel Charry.

A pesar de todos los obstáculos, también “la comunidad de Apartadó está a favor de un acuerdo sobre el fin del conflicto porque están convencidos de que no debería morir ni una sola persona más”, concluye Philipp Naucke, quien investiga sobre formas pacíficas de resistencia civil en Colombia y Guatemala. Para Naucke es importante rescatar que “la firma del proceso en La Habana sería apenas el primer paso, porque el trabajo de hacer la paz empieza después de su firma”.

Juan Manuel Charry, expresidente de la Asociación Colombiana de Derecho Constitucional, llega en la revista Razón Pública a la misma conclusión: “No se trata de lograr la aprobación formal del acuerdo final con las FARC, sino de alcanzar la reconciliación de la sociedad”.