ONU-DD.HH.: España "violó derechos de los independentistas"

El dictamen de este órgano asesor de la ONU, cuyas decisiones no tienen carácter vinculante, da la razón a una denuncia presentada en 2018 por el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull, quienes alegaron que la suspensión de sus funciones sin existir una condena previa violaba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Los dictámenes del comité, un mecanismo que se autodefine como "cuasi-judicial", suponen recomendaciones que en principio no son vinculantes, pero sí se considera que deben ser tenidos en cuenta por los firmantes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (entre ellos España), a cuyo artículo 25 se han acogido los denunciantes.

Rajoy disolvió gobierno y parlamento catalanes

El dictamen responde a una denuncia en diciembre de 2018 de cuatro antiguos miembros del gobierno regional del separatista Carles Puigdemont, que entonces estaban encarcelados a la espera de ser juzgados por el referéndum ilegal y la declaración de independencia de octubre de 2017. Después de esa declaración, el gobierno español, entonces dirigido por el conservador Mariano Rajoy, intervino la autonomía regional y disolvió el gobierno y el parlamento catalán. Desde la cárcel o el exilio, los antiguos miembros del gobierno catalán consiguieron ser reelegidos en el Parlamento regional en las siguientes elecciones, pero meses después fueron suspendidos de sus cargos por la justicia.

El comité considera que "las restricciones de los derechos políticos deben aplicarse con mayor rigor si estas restricciones se producen previamente, y no posteriormente, a una condena por un delito", señala Hélène Tigroudja, miembro de este organismo citada en un comunicado de la ONU. El dictamen, que cuenta con dos votos discrepantes, pone de relieve que la suspensión de sus cargos estuvo motivada por la acusación del delito de rebelión contra ellos, de la que finalmente no fueron declarados culpables.

Encarcelados, condenados, indultados

"La acusación en contra de los demandantes por el delito de rebelión, que resultó en la suspensión automática de sus cargos con anterioridad a la existencia de una condena, no era previsible y, por tanto, no se basaba en motivos previstos por la ley que sean razonables y objetivos", indicó el comunicado. El texto también destaca que el delito de rebelión "exige un alzamiento violento contra el orden constitucional" y, en cambio, los demandantes "habían instado a la ciudadanía a mantenerse estrictamente pacífica".

En octubre de 2019, los cuatro fueron condenados por el Tribunal Supremo español junto a otros cinco líderes independentistas a penas de entre 9 y 13 años de cárcel por delitos de sedición y, en algunos casos, malversación. En junio de 2021, recibieron el indulto del jefe del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez.

jov (efe, afp)