¿Comparecerá Rumsfeld en la Vieja Europa?
30 de noviembre de 2004
El caso, de tomar el curso legal esperado, supondría una crisis diplomática bilateral de dimensiones incalculables. La ONG estadounidense, Centro para los Derechos Constitucionales, interpuso una demanda ante la Fiscalía Federal alemana, contra el secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld y contra otros nueve altos funcionarios de la Administración Bush, entre ellos el ex-jefe de la CIA George Tenet.
Acusación de 160 páginas
La organización los acusa de crímenes de guerra, de violar el derecho internacional, así como las convenciones de la ONU contra la tortura. Las acusaciones se refieren a los abusos cometidos por soldados estadounidenses en la cárcel iraquí de Abu Ghraib. La acusación, de una extensión de 160 páginas fue presentada ante el Fiscal Federal, en la ciudad de Karlsruhe, al sur de Alemania.
Los juristas del Centro para los Derechos Constitucionales se acogen al Código Penal alemán, que permite que la Justicia germana persiga y procese a responsables de crímenes contra la humanidad, de guerra y de genocidio, aún cuando Alemania no tenga nada que ver con ello ni haya nacionales implicados. "En ese sentido las leyes alemanas son líderes mundialmente", dijo el vicepresidente del Centro, Peter Weiss.
Torturas con el visto bueno del gobierno
Pese a haber informes que prueban que las violaciones de Abu Ghraib fueron cometidas directa o indirectamente con la bendición de altos funcionarios del gobierno estadounidense, el Pentágono insiste en que fueron anomalías realizadas por sádicos en solitario.
La organización pro-derechos humanos se hizo un nombre de prestigio el verano pasado al presentar una demanda ante la Suprema Corte de Justicia en Estados Unidos, para que concediera a los detenidos de Guantánamo el derecho de defenderse ante los tribunales estadounidenses.
Detenidos en Guantánamo
El gobierno de Bush ha sostenido que los detenidos en Guantánamo son combatientes enemigos, que no gozan de la protección ofrecida a los prisioneros de guerra. Bush mismo autorizó la puesta en marcha de tribunales militares en noviembre de 2001 para procesar a los acusados de terrorismo contra Estados Unidos.
Sin embargo la Administración Bush ya ha sufrido varios reveses jurídicos en relación a los detenidos de Guantánamo, el último a principios de mes, cuando un juez federal dictaminó que antes de seguir con los tribunales militares, se debe determinar el estatus de los detenidos.
Chofer de bin Laden
El juez James Robertson dictaminó en una corte federal en Washington, que el yemení Salim Ahmed Hamdan -supuestamente chofer y guardaespaldas de Osama bin Laden- no podía ser llevado ante un tribunal militar sin determinar su verdadero estatus legal, si es combatiente enemigo, prisionero de guerra o si está protegido por la Convención de Ginebra. También le concedió el derecho a estar presente en todas las fases de su juicio y revisar las pruebas en su contra.
Aunque el Departamento de Justicia se opuso vigorosamente al dictamen, el presidente del Centro para los Derechos Constitucionales, Michael Ratner, calificó el fallo como una gran victoria, pues ha contradicho el principal argumento del Gobierno de Bush.