Confirma tribunal juicio a expresidente salvadoreño
11 de febrero de 2016
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador (CSJ) confirmó que el expresidente Mauricio Funes (2009-2014) enfrentará un juicio civil por la existencia de "indicios de enriquecimiento ilícito" en el incremento de su patrimonio durante su gestión.
El documento señala que el mandatario no justificó ingresos por más de 700.000 dólares: 520.629,74 dólares durante los 5 años que gobernó y otros 181.500 obtenidos después de su presidencia.
"Declárase que existen indicios de enriquecimiento ilícito del expresidente (...) en relación con las declaraciones patrimoniales presentadas ante la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia" y "ordénase juicio", sentenció el máximo tribunal salvadoreño en una resolución hecha pública este miércoles (10.02.2016).
Mauricio Funes, de 56 años de edad y periodista por más de 20 años, fue el primer presidente que gobernó El Salvador bajó la bandera de la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación (FMLN) desde que esta organización dejó las armas y entró a la vida política en 1992.
La respuesta de Funes
En sus redes sociales el expresidente avanzó ayer que enfrentaría este juicio, el cual calificó como "una clara 'vendetta' política a la que se están prestando algunos magistrados de la CSJ por las denuncias de corrupción que siendo presidente de la República promoví en contra de exadministraciones".
La CSJ designó a la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador para ventilar su caso, tribunal en el que son procesados el diputado Reynaldo Cardoza y quien fue durante el Gobierno de Funes director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Leonel Flores (2011-2014), ambos también acusados de enriquecimiento ilícito.
De igual forma, ordenó que se congelen 4 cuentas bancarias y 8 vehículos, 5 a nombre del exmandatario y 3 al de su hijo Diego Roberto Funes Cañas.
La Corte señaló que la causa civil no exime a Funes de enfrentar un proceso penal por la "posible comisión de hechos delictivos" y de la expropiación de los bienes, para lo cual la "Fiscalía, previas las investigaciones, deberá hacer las valoraciones correspondientes" y "promover las acciones legales".
"Remítase también certificación de esta resolución y del expediente respectivo de la Sección de Probidad al Fiscal General de la República, para que investigue y promueva de manera diligente y oportuna las acciones correspondientes", ordenó la CSJ.
El exmandatario también fue citado el pasado 3 de febrero a testificar ante la Fiscalía por las supuestas negociaciones que su Gobierno entabló con las principales pandillas para reducir los homicidios en 2012.
EL(EFE, Reuters)