Constituciones latinoamericanas: frecuente recambio

Si la opción "Apruebo” se impone en el plebiscito del 25 de octubre, como predicen las encuestas, Chile emprenderá la tarea de elaborar una nueva Constitución para sustituir la de 1980, la cual fue promulgada en dictadura, y cuyo reemplazo es una de las principales demandas surgidas en el estallido social de octubre de 2019.

A diferencia del resto del mundo, en América Latina los procesos constituyentes son bastante frecuentes. "Esta es la región que ha producido el mayor número de constituciones entre 1900 y 2015 en general, y entre 1978 y el presente en particular”, indica Gabriel Negretto, politólogo argentino y profesor del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile.

En total, ha habido más de 190 constituciones en la región desde la independencia, un promedio de diez por país. El que más ha promulgado es Venezuela, con 29. El que menos, Argentina, con solo tres. Colombia tuvo una de las constituciones más duraderas de toda América Latina, desde 1886 hasta su reemplazo en 1991. La más antigua vigente es la de México, de 1917.

Es habitual elaborar una nueva Constitución al pasar de un régimen autoritario a uno democrático, pero también la demanda de cambio puede responder a "una crisis de representación o gobernabilidad y a la necesidad de incorporar reformas democráticas profundas, que no pueden pasar por una mera enmienda ni implementarse por una interpretación judicial”, señala Negretto.

En Chile, el deficiente desempeño democrático, la profunda crisis social, la desigualdad e insatisfacción se atribuyen en gran parte a la constitución vigente, como se evidenció tempranamente en las protestas iniciadas hace un año.

A la crítica social se suma el origen del texto, considerado ilegítimo. Si bien ha tenido numerosas modificaciones en democracia, "acarrea ese lastre histórico que refuerza las demandas de reemplazo”, dice Negretto. Las únicas constituciones sancionadas en dictadura que aún están vigentes en la región son la chilena y la de Panamá, de 1972, donde también hay demandas de cambio.

"En las democracias latinoamericanas, comúnmente frágiles y vulnerables a crisis económicas, cambios políticos y desconfianza de los ciudadanos en las instituciones representativas, seguirán surgiendo debates sobre nuevas constituciones. Creo que Panamá es el próximo candidato”, adelanta el experto.

Variedad y coincidencias
Tienen múltiples diferencias, pero el mayor elemento en común es su sistema de gobierno. "El exagerado presidencialismo es una patología de todas las constituciones latinoamericanas y llega al extremo en las constituciones bolivarianas”, indica el abogado constitucionalista chileno Javier Couso.

Sin embargo, difieren en cuanto a la organización del poder, con países federales como Brasil, México y Argentina, y unitarios como Chile, Colombia y Perú, entre los cuales también hay diferentes grados de centralización.

En opinión de Negretto, los textos "varían intensamente en cuanto a carta y tipos de derechos, y mecanismos de participación popular”. La Constitución ecuatoriana, de las más recientes, incorpora el derecho a la naturaleza; la boliviana establece un estado plurinacional, que reconoce y promueve la participación de los pueblos originarios. "En la región hay un creciente compromiso con los derechos humanos y mecanismos de protección judicial de éstos”, destaca Couso.

El panorama regional
Lo que Chile no hizo al terminar la dictadura, en 1990, con una Constitución con tantos amarres que era prácticamente imposible cambiarla, lo logró Brasil al promulgar una nueva carta magna (1988) tras el retorno a la democracia.

México "sigue con su constitución más que centenaria de 1917, que tiene mucho prestigio, y nació después de la revolución de 1910. Fue la primera que estableció derechos sociales, al trabajo y la seguridad social”, destaca Couso.

En América Central, la mayoría son de la década de 1980: El Salvador (1983), Guatemala (1985), Honduras (1982), Nicaragua (1987), a excepción de la de Panamá (1972), herencia de la dictadura y bajo fuertes cuestionamientos, y la de Costa Rica (1949), de más larga data en un país con una historia de mayor estabilidad y bienestar que sus vecinos.

Colombia, aunque no venía de una dictadura, sancionó una nueva ley fundamental (1991), "en un intento de darle una salida constitucional a un problema de violencia endémica, producto del narcotráfico combinado con la guerrilla, en el contexto de la desmilitarización de muchos grupos”, explica Couso. El académico de la Universidad Diego Portales destaca que es la primera Ley Fundamental que hizo tangibles los derechos sociales, al autorizar a las personas a acudir a la Corte Constitucional.

Un caso aparte son las tres experiencias de constitución bolivariana. La de Bolivia (2009) se destaca por incorporar la demanda por un estado plurinacional. En Venezuela (1999) y Ecuador (2008) buscaron responder a la demanda popular de terminar con la corrupción y dar mayor equidad. "El proyecto chavista concentró mucho poder y terminó en un régimen autoritario. De caer el gobierno de Nicolás Maduro, es muy probable que la constitución de Chávez tenga poco futuro”, afirma Couso.

Perú contaba con una constitución (1979) relativamente joven, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori dio un autogolpe e impulsó un nuevo cuerpo legal (1993). "En menos de 15 años Perú tiene dos procesos constituyentes y todavía hay un sistema político en crisis y una crónica dificultad entre los poderes del Estado”, observa el especialista.

La de Argentina (1994) es producto de un acuerdo entre el presidente Carlos Menen y la oposición radical para reformar el texto de 1853, y responde a la democratización del país, una década tras el fin de la dictadura. La del Uruguay (1967) ha sobrevivido a gobiernos militares y sigue vigente en un país con un alto nivel de equidad social y estabilidad política.

¿Quién y cómo las reemplaza?

"En el mundo, una asamblea constituyente o convención especial elegida para crear una nueva Constitución es extremadamente inusual. El modelo típico es el Congreso Constituyente: una legislatura elegida con el propósito de elaborar una nueva Constitución, que luego continúa como legislatura ordinaria, o bien una legislatura que por un proceso especial asume facultades constituyentes”.

Aunque es un modelo que genera continuidad y estabilidad, no es elegido en países en que el Congreso está cuestionado y es uno de aspectos que se quiere reformar, como ha ocurrido en América Latina. De hecho, en la región solo una Constitución -la de República Dominicana, 2010- fue creada por un Congreso Constituyente en los últimos años. En todos los demás países se eligió un órgano completamente nuevo.

El plebiscito chileno, además de consultar al votante si aprueba o rechaza elaborar una nueva Constitución, tendrá una segunda papeleta para preguntar qué órgano debiera redactarla: una convención constitucional de 155 miembros popularmente elegidos en abril de 2021 o una convención mixta de 172 integrantes, con 86 congresistas en ejercicio y 86 miembros elegidos para ese efecto.

Se trata de una consulta inédita. En estos procesos siempre se presenta un mecanismo ya decidido por los representantes o establecido por el sistema institucional. En Chile, en cambio, como el gobierno de Sebastián Piñera y los partidos de derecha inicialmente se resistían a un cambio constitucional, al aceptar el acuerdo para el plebiscito agregaron la votación por el tipo de mecanismo. La opción de la asamblea mixta les da la esperanza de asegurar cierta representatividad.

Así las cosas, se prevé que quien está por el "rechazo” prefiera la convención mixta y quien vota "apruebo” elija la plenamente elegida, que asegura mayor representatividad y diversidad, de acuerdo con la realidad chilena actual.