Corrupción judicial menoscaba Estado de derecho
24 de mayo de 2007
“El trato equitativo frente a la ley es un pilar de las sociedades democráticas. Cuando las cortes ceden ante la corrupción por avaricia o conveniencia política, la balanza de la Justicia se inclina y el ciudadano común se ve perjudicado,” declaró Huguette Labelle, Presidenta de Transparency International (TI), durante la presentación del Informe Global de la Corrupción 2007 publicado este 24 de junio en Londres y Nairobi.
“La corrupción judicial implica que la voz del inocente no es escuchada, mientras que los culpables son libres de actuar con impunidad”, agregó Labelle. El nuevo Informe Global de la Corrupción concluye que una judicatura corrupta erosiona la capacidad de la comunidad internacional para enjuiciar el delito transnacional e inhibe el acceso a la justicia y el resarcimiento por violaciones de derechos humanos.
Además, mina el crecimiento económico dañando la confianza de la comunidad de inversionistas y dificulta las iniciativas de reducción de la pobreza.
Américas: cortes más corruptas en México, Venezuela y Perú
La corrupción judicial suele dividirse en dos categorías: interferencia política en el proceso judicial por parte del poder legislativo o el ejecutivo, y el soborno. La importancia de una judicatura independiente no se puede resaltar lo suficiente. Todos salen perdiendo cuando la justicia cede ante la corrupción, en particular las personas de escasos recursos, quienes se ven obligadas a desembolsar dinero que no tienen para pagar sobornos.
La última encuesta global de TI sobre las posturas frente a la corrupción revela que en más de veinticinco países, al menos uno de cada diez hogares tuvo que pagar un soborno para obtener acceso a la justicia.
En otros veinte países, más de tres de cada diez hogares informaron que a fin de obtener acceso a la justicia o un resultado “justo” en un tribunal, tuvieron que recurrir al soborno. En Albania, Grecia, Indonesia, México, Moldavia, Marruecos, Perú, Taiwán y Venezuela, el número es mayor.
Círculo vicioso: soborno arruina capacidad judicial
El soborno a pequeña escala y la influencia política en la judicatura deterioran la cohesión social: instituir un sistema para los ricos y otro para los pobres divide a las comunidades. “Si el dinero y la influencia son la base de la justicia, los pobres no pueden competir,” señaló Akere Muna, Vicepresidente de TI y Presidente de la Unión Panafricana de Abogados.
“El soborno no sólo hace inasequible la justicia; sino que arruina la capacidad del sistema de justicia de luchar contra la corrupción y de servir como modelo para la independencia y rendición de cuentas”.
América Latina: dura lucha, pocos progresos
Transparencia Internacional destaca como “persistentes” problemas ya identificados en los reportes de corrupción de años anteriores que afectan la equidad e independencia de poderes en varios países latinoamericanos. En Argentina, por ejemplo, “el poder ejecutivo aumenta su control sobre el consejo judicial, encargado del nombramiento, transferencia, capacitación y disciplina de jueces”.
En la caribeña República Dominicana, dice TI que “nombramientos a la Corte Suprema han obedecido en alto grado a consideraciones políticas”, mientras en Guatemala “algunos jueces, especialmente en la Corte Suprema, reciben ‘instrucciones’ sobre cómo resolver ciertos casos si desean conservar su puesto”.
A problemas existentes se suma el narcotráfico
En México, las cosas parecen empeorar.”La dependencia del ministerio público en el poder ejecutivo reduce la capacidad del primero para investigar independientemente a funcionarios del mismo partido político del gobierno titular”, concluye Transparencia Internacional.
Pero para colmo de males, “los jueces que atienden casos de narcotráfico reciben poca protección y son susceptibles a la coacción y corrupción”. Dentro del ámbito de los narcotraficantes suele determinarse la vulnerabilidad de un juez a la corrupción con la pregunta “¿Plata o plomo?”.
Manipulación de pruebas en Venezuela
En Venezuela, dice el informe de TI, “la manifestación más común de corrupción judicial supone la manipulación de pruebas por parte de los fiscales para derivar beneficio privado”. En Chile, por otra parte, “el ejecutivo sigue siendo influyendo mucho en el proceso de nombramiento, y aún falta por extender las reformas al sistema de justicia civil.
Colombia: muchos sindicados, pocos enjuiciados
Por último, el capítulo nacional de TI en Colombia precisa que no es que la corrupción al interior de la rama judicial del poder público sea peor que la administrativa, sino que es fundamental combatirla de manera prioritaria para que la lucha contra la corrupción administrativa pueda prosperar.
Los ciudadanos denuncian delitos ante la Fiscalía pero éstos pocas veces dictan resoluciones de acusación. “Es frustrante para la sociedad civil, y muy especialmente para los veedores ciudadanos, que todos sepamos quienes son los corruptos que tanto daño nos hacen, menos los fiscales y jueces responsables de administrar justicia. Es a ellos a quienes corresponde castigar a los malos, no a nosotros”, dice William Dau, director de la iniciativa “Cartagena honesta” que (se) cuestiona:
¿De que sirve que los ciudadanos investiguemos, documentemos y denunciemos actos de corrupción si nuestro esfuerzo se pierde al momento de pasarlos a manos de la "Justicia"?