Cuba: miedo y propaganda contra el descontento social

Vivir en Cuba es una fiesta innombrable, ha dicho hace unos días el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, parafraseando un conocido poema del escritor José Lezama Lima, uno de los más grandes intelectuales cubanos de todos los tiempos. Frase que, en las circunstancias políticas y económicas actuales, la oposición y buena parte del pueblo sienten cargada al mismo tiempo de falsedad y cinismo. Cuando Lezama Lima escribió ese poema en 1941, Cuba era una de las naciones más prósperas de América Latina y, según informes de Naciones Unidas, estaba a la cabeza a nivel mundial en muchos aspectos del desarrollo financiero, económico y social. Un entorno bien diferente al que ahora mismo se vive en las calles de la isla.

Desolador resumen de cuentas

Un año después de las masivas y sorpresivas protestas populares del 11 de julio de 2021, el panorama en Cuba es simplemente desolador. El gobierno, ante su incapacidad financiera, ha tenido que renegociar los pagos de su deuda con todos sus acreedores. Ya en noviembre de 2021 la inflación había alcanzado el 69,5 por ciento, según cifras oficiales del propio gobierno, y el proceso inflacionario cubano destaca entre las 7 naciones con mayor inflación del mundo debido al "reordenamiento económico y financiero”. El desabastecimiento de productos alimenticios y medicamentos es cada vez mayor. Todo el sistema energético nacional está en bancarrota, con lo cual han regresado los llamados "alumbrones”, pues es mayor el tiempo que pasan los cubanos sin energía eléctrica.

Todo se complica más con la prolongada crisis en Venezuela, que ha obligado a Maduro a disminuir la cuota diaria de petróleo pactada con Cuba; con la contracción económica mundial provocada por la invasión rusa a Ucrania (que Díaz-Canel y la propaganda del régimen llaman "Operación Especial en Ucrania”, como ordenó a sus aliados Vladimir Putin), y con las limitaciones de gestión internacional derivadas del embargo financiero de Estados Unidos.  

Socialmente, la represión contra cualquier tipo de descontento se ha establecido en ley con un nuevo Código Penal, criminalizando incluso la opinión en redes sociales. Son más estructuradas y fuertes que en otras épocas las detenciones arbitrarias, los procesos legales sin garantías judiciales, la prohibición de salida del país como castigo a todo tipo de disidencia mediante lo que se conoce como "regulación migratoria”, y los aniquilamientos mediáticos, a través de los medios estatales de prensa, de las más importantes figuras de la oposición e incluso de gente simple del pueblo que ha utilizado las redes sociales para mostrar su desesperación.

Nadie debería extrañarse, entonces, de que esta situación haya provocado un éxodo que supera a los mayores éxodos históricos en Cuba (Camarioca en los sesenta, Mariel en el 80, el Maleconazo en 1994): según datos revelados por las autoridades migratorias norteamericanas, desde octubre de 2021 a la fecha, arribaron a Estados Unidos 146.389 cubanos. Y es necesario recordar que el éxodo es también hacia otras naciones de América Latina y Europa, con lo cual aumentaría considerablemente la cifra real de emigrados.

Triunfalismo y represión vs descontento social

La ineficacia gubernamental para cumplir las promesas hechas al pueblo y el descomunal error de Díaz Canel de reprimir abiertamente las manifestaciones de descontento popular han provocado un cambio radical en la conciencia social de los cubanos en la isla y el exilio. Cuando los cubanos, el 11 de julio de 2021, demostraron haber perdido el miedo a levantar su voz contra un sistema político que ha demostrado su inoperancia durante seis décadas, al gobierno de Díaz-Canel y Raúl Castro solamente le quedó la opción de esgrimir guante de hierro contra quienes se le oponían: encarcelar con condenas irracionales a cientos de jóvenes que participaron en esas protestas, alcanzándose así la cifra de 1.235 presos políticos según la ONG Prisoners Defenders; obligar a las nuevas caras de la oposición política o intelectual a emigrar (el teatrista y líder de la plataforma opositora Archipiélago Yunior García; la periodista Mónica Baró; la activista Saily González, la poeta Katherine Bisquet, el artista de la plástica Hamlet Lavastida, entre otros); impedir la entrada al país y lanzar al destierro forzado a destacados opositores (la periodista Karla Pérez, la curadora de arte y activista Anamely Ramos, o hace apenas unos días, la académica Omara Ruiz Urquiola), y establecer a nivel nacional e internacional una campaña de propaganda en la que se desacredita a todas estas figuras, fabricando falsedades para hacerlos ver como mercenarios pagados por Estados Unidos. 

Lamentablemente, de esas campañas se hacen eco internacionalmente, en el llamado "mundo libre”, numerosas instituciones, organismos, asociaciones y personalidades de un sector extremista de la izquierda que defiende a dictaduras como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Tampoco los organismos internacionales responsables de la defensa de los Derechos Humanos muestran firmeza ante el triunfalismo y la manipulación de la propaganda gubernamental cubana sobre el incuestionable desastre nacional: frente a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bruselas, el activista y científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, mantiene una huelga de hambre y sed exigiendo que esa institución se pronuncie sobre las numerosas violaciones perpetradas por el gobierno contra él, su hermana Omara Ruiz Urquiola y otras decenas de opositores.

Viejos y ¿nuevos dueños?

La muerte días atrás de Luis Alberto Rodríguez López-Callejas, considerado el "zar militar” de la dictadura y gestor del poderoso monopolio económico y financiero GAESA, convenientemente concentra todavía más el poder económico en unas pocas manos, todas ellas militares y cercanas a la familia de Raúl Castro. Curiosamente, tras el repentino fallecimiento de López Callejas con apenas 62 años, el gobierno comienza a anunciar la desaparición de estructuras económicas y de comercio internacional que impedían esa concentración del poder económico en la isla. Y muchos analistas asisten asombrados al anuncio de que importantes negocios, zonas turísticas y estructuras económicas van a ser gestionadas casi en su totalidad por empresas extranjeras, como sucede con el polo turístico de Cayo Largo que, a partir de esta temporada de invierno, estará en manos de la cadena Blue Diamond Resorts conjuntamente con el grupo hotelero cubano Gran Caribe, también gestionado por la cúpula militar raulista.

Las preguntas llueven: ¿serán esas cesiones una señal de aceptación de la incapacidad gubernamental para gestionar esos negocios? ¿Hasta qué punto las riquezas que se obtengan beneficiarán al pueblo? ¿Se estará vendiendo el país, como sucedió en décadas anteriores con otras dictaduras en América Latina? Y la más importante de todas las preguntas, que es precisamente la que parece preocupar más a Díaz-Canel, de acuerdo a los preparativos de las fuerzas militares represivas de cara a este 11 de julio: ¿seguirá soportando el pueblo cubano tanta hambre, represión, falta de libertades y desesperanza? (dz)