Prisiones y coronavirus: un dilema de salud y seguridad

"Sabemos que el virus ya ha entrado en las prisiones. En una cárcel de Chile y otra de Brasil se han detectado más de 200 casos. En Colombia hay contagiados en por lo menos seis centros de detención. El virus ha matado a por lo menos 53 reclusos y funcionarios de prisiones en la región, la mayoría en Perú”, indica José Miguel Vivanco, consultado por DW. 

El director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW) alerta sobre la vulnerabilidad de las prisiones ante la propagación del coronavirus: "La sobrepoblación, insalubridad, poca ventilación y atención médica deficiente en las cárceles de la mayoría de los países de la región constituyen las condiciones perfectas para que se produzcan brotes de COVID-19”.

Carole Pittet, del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para México y América Central, dice a DW que "la población penal es muy vulnerable debido al hacinamiento y las condiciones de higiene. Grupos como adultos mayores, mujeres con sus hijos o quienes padecen enfermedades previas lo son aún más”.

Las cárceles son una amenaza también para trabajadores, abogados y la sociedad en general, alerta Vivanco: "Cuanto más hacinamiento, más facilidad para la transmisión del virus. En países como Haití, Bolivia, Guatemala, Perú y El Salvador, hay más de dos reclusos por cada espacio disponible, en promedio. Pero en otros países de la región también hay cárceles con graves problemas de hacinamiento”.

"No hay posibilidad de distancia social. En muchas cárceles duerme una persona pegada a la otra, si es que logra dormir en el suelo. Lavarse las manos seguido es impracticable. En cárceles de Honduras, enfermedades como la sarna, que se cura con una simple pomada, tienen a medio penal infectado”, ejemplifica el investigador argentino Gustavo Fondevila, profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), de México.

"Nos negamos a morir en la cárcel”

Entre temor y confusión, a la par de contagios crecientes y muertes por COVID-19, internos de diversos penales reaccionan con disturbios y motines. Exigen mejores condiciones higiénicas y de protección, reclaman contra la suspensión de visitas, que muchas veces implica quedarse sin alimentos, y presionan por beneficios como prisión domiciliaria y liberaciones. "Nos negamos a morir en la cárcel” o "indulto para todos” son algunas de sus demandas.

Una ola de incidentes ha recorrido los penales de la región. A fines de marzo, un motín en una cárcel de Bogotá dejó 23 muertos y casi 90 heridos. La semana pasada, en un motín e intento de fuga en el penal Miguel Castro Castro de Perú resultaron nueve reclusos muertos y 67 heridos, entre internos y agentes. En Argentina, por lo menos cinco reos murieron y 11 guardias quedaron lesionados por incidentes en varias prisiones. El pasado 2 de mayo, un intento de fuga en la cárcel de Los Llanos, en Venezuela, dejó casi 50 muertos y decenas de heridos.

Ante la dificultad o imposibilidad de distanciamiento social, la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y diversas organizaciones han llamado a otorgar la libertad o prisión domiciliaria a los reclusos en situación más vulnerable.

En muchas cárceles tampoco hay acceso permanente a recursos tan básicos como el agua. Esto es especialmente grave en América Central. "A nivel penitenciario, Guatemala, Honduras y El Salvador disponen de muy pocos recursos y tienen que lidiar con una situación de seguridad muy complicada”, advierte Pittet.

"Mientras dure la crisis, es urgente reducir la sobrepoblación mediante la excarcelación temporal de ciertas categorías de reclusos que no representan un peligro para la sociedad. Estas pueden ser condicionales, como por ejemplo a través de arresto domiciliario o implementando medidas de monitoreo como tobilleras electrónicas”, señala Vivanco.

Gobiernos y jueces de diversos países, como México, Colombia, Perú, Bolivia, Argentina y Chile, están decretando liberaciones. En Bolivia, por ejemplo, beneficiaría a mujeres con hijos y hombres mayores, pero en ningún caso acusados de violación a menores ni feminicidas. En Perú, el gobierno anunció que indultará a unos tres mil internos en situación vulnerable.

Las reacciones han sido dispares. Las críticas apuntan a que los gobiernos, incapaces de dar condiciones sanitaras seguras, ceden ante las presiones y liberan a los presos para evitar motines e incidentes. En Buenos Aires, con un masivo cacerolazo los vecinos expresaron su rechazo a liberaciones de condenados por violaciones a los derechos humanos y violencia de género.

En El Salvador, en tanto, el presidente Nayib Bukele está enfrentando la situación con mano dura. Ha decretado encierro absoluto, mezclado pandilleros rivales en un mismo espacio y autorizado a disparar a matar. "La reacción de Bukele es más política que de salud o de seguridad pública. En países con alta victimización, la sociedad es menos empática y sensible a liberaciones o mejoramiento de las condiciones de vida en prisión”, observa Fondevila.

Excarcelaciones: ¿bajo qué criterios?

"Las liberaciones anticipadas no son algo excepcional en la vida carcelaria y frente al coronavirus son un acto humanitario adecuado. Es importante tener criterios claros, como tener en cuenta la gravedad del delito y el tiempo restante de sentencia, e informar a la ciudadanía quiénes y por qué serán excarcelados”, subraya el experto del CIDE.

Vivanco propone, entre otros criterios, priorizar la liberación de quienes se encuentran en prisión preventiva a la espera de juicio por delitos no violentos, los que están próximos a cumplir su condena y los que tienen alto riesgo de tener problemas médicos si contrajeran el Covid-19, como adultos mayores, mujeres y niñas embarazadas, y personas con ciertas enfermedades crónicas.

"Las personas con salida los fines de semana debieran permanecer en sus casas en arresto domiciliario hasta que acabe esta crisis”, agrega Pittet.

Para la liberación debieran ponderarse la gravedad del delito, el impacto social que tuvo y el tiempo restante de sentencia, estima Fondevila, quien asegura que la sola liberación no basta. Dejar en la calle a un ex reo sin ningún medio para regresar a su hogar, a veces en una ciudad distante, es una invitación a volver a delinquir.

En Chile, donde el presidente Sebastián Pinera ofreció indulto a unos 1800 presos, más de cien lo rechazaron y prefirieron seguir en prisión, donde tienen trabajo, techo, comida y una paga con la que ayudan a sus familias.

Asimismo, en el caso de reos "que cumplen condena por un crimen grave, pero que son de mayor edad o están enfermos, se les pueden dar mejores condiciones en unidades de aislamiento o médicas del penal, sin necesidad de liberarlos”, observa Fondevila.

Medidas para detener el avance del coronavirus

Con o sin excarcelaciones, los expertos coinciden en que las prisiones deben extremar medidas contra el coronavirus y que ayuden a disminuir el estrés y temor ante la situación. Fondevila propone, por ejemplo, sanitizar los productos que llevan los visitantes, en lugar de prohibirlos.

"Dar acceso a agua potable, productos de higiene, información sobre la enfermedad; desinfectar periódicamente celdas y lugares de detención, hacer seguimiento y testear al personal penitenciario, visitantes y reclusos; brindar servicios médicos y de salud mental”, enumera Vivanco.

El experto agrega que los centros de detención deberían contemplar el aislamiento de personas especialmente vulnerables, a quienes manifiesten síntomas, den positivo a coronavirus, o hayan estado en contacto con ellos.

Pittet recomienda evitar traslados innecesarios al interior o entre penales, restringir al máximo el ingreso de proveedores, abogados y familiares, intensificar control de temperatura y lavado de manos de visitas y dar alternativas de contacto por medios electrónicos. La comunicación permanente con internos y familiares sobre temas médicos y el régimen de visitas también ayudará a prevenir revueltas.

(jov)

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