europa, medico, diagnostico, tortura, preso, prision

La tortura no existe en Europa. Y si se da en alguna ocasión, son sólo excepciones. Así podría ser la respuesta de un ciudadano medio europeo ante una pregunta sobre derechos humanos. Sin embargo, tampoco sería del todo cierta, considerando que exista un comité anti torturas en el seno del Consejo de Europa: el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT).

Con un exhaustivo análisis de 14 países miembros del Consejo y sus instituciones penitenciarias, el CPT presentó un informe en Estrasburgo con conclusiones sorprendentes. Ningún país analizado recibe la calificación de “satisfactorio”, aclara Jean-Pierre Restellini, médico del Comité: “Incluso en los más civilizados hay deficiencias”. Sobre otros donde la situación es muy crítica, el informe mantiene silencio, una obligación necesaria si quiere seguir ejerciendo libremente sus controles.

Como practica más frecuente, el informe cita a la tortura practicada durante el interrogatorio que sigue a la detención. Pero en cárceles o celdas de prisión preventiva, los presos tampoco están seguros. Ni siquiera protegidos de los otros presos, dice Restellini, alertando también de las deficiencias y superficialidad de los diagnósticos médicos, que a veces ni siquiera son capaces de reconocer signos de tortura.

“Tortura blanca”

Ante estos resultados, el CPT pide un examen de todos los presos en las instituciones penitenciarias de Europa. Pero aun así, detectar casos de abuso seguiría siendo difícil para los médicos. Sobre todo cuando se practican métodos de tortura concebidos para no dejar rastros. Para la pedagoga Elise Bittenbender, los métodos de tortura medievales, como el aplastapulgares, ya no se usan porque dejan señales. “Hoy se ve más a menudo la llamada `tortura blanca´. Las secuelas psíquicas resultantes son más difíciles de demostrar”, continúa la experta en ayuda psicosocial para refugiados políticos en la organización de derechos humanos Xenion.

Además del colectivo de presos, también los refugiados están especialmente afectados por estas prácticas. Cuando solicitan asilo, muchas veces tienen que demostrar en un país diferente y en un idioma diferente que han sido maltratados. Bernd Mesovic, de la asociación Pro Asyl, conoce estos casos y anima a los funcionarios a no esquivar la responsabilidad, cargando al refugiado con la obligación de demostrar que ha sido torturado. Ellos mismos podrían comprobarlo.

El profesor Jörg Pont, que ejerció como médico en prisión, se muestra más escéptico al respecto: “Si la víctima es torturada en un organismo oficial y el médico es del mismo organismo, rápidamente se produciría cierta desconfianza”. Para Elise Bittenbender, tampoco es la solución, ya que no se puede olvidar el trauma de las víctimas: “Si se obliga a un examen semejante, puede que la víctima no quiera ni hablar porque ya no quiere pensar más en ello”. Sin embargo, hay un punto en el que tanto Pont como Bittenbender y el Comité Antitorturas coinciden: la falta de médicos cualificados para tratar casos de torturas. “Desearía que más colegas se ocupasen de este problema. Que se formasen con documentación específica y entrevistando a las víctimas. Es algo que hay que aprender”, concluye Pont.