Eurocrisis y democracia

El Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) está concebido para poder ayudar rápida y eficientemente a los países endeudados de la eurozona. Y la compra de bonos para apoyar a un país en problemas debería llevarse a cabo sin demora y con la mayor de las discreciones, según lo exige el Gobierno alemán. Los análisis de mercado del Banco Central Europeo referentes a la compra de bonos son “altamente confidenciales”, según el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble, y hacer un anuncio oficial sobre ello “no sería políticamente responsable”. El presidente de la fracción de la Unión Cristianodemócrata (CDU) en el Parlamento alemán, Peter Altmeier, opina que si no es posible mantener en secreto la compra de bonos para apuntalar la economía de países endeudados, se estaría tirando el dinero de los contribuyentes por la ventana.

Sin embargo, en Alemania la velocidad y la confidencialidad de estas decisiones políticas se contraponen a los derechos de coparticipación del Parlamento, claramente definidos en el Artículo 23 de la Constitución. Y muchos diputados consideran que no se están respetando sus derechos estatutarios. Hoy, martes 28 de febrero, el Tribunal Constitucional de Alemania declaró inconstitucional que una comisión extraordinaria formada por nueve diputados decida sobre el destino de miles de millones de euros.

Diputados alemanes: temor por pérdida de derechos

El Gobierno alemán se había alegrado sobremanera cuando una mayoría parlamentaria decidió, a fines de septiembre de 2011, que, “en caso de existir necesidad y urgencia” de decidir acerca del otorgamiento de paquetes de ayuda financiera no se convocaría al pleno de 620 diputados del Parlamento, ni tampoco a los 41 miembros de la Comisión Presupuestaria del mismo. En lugar de eso, un grupo extraordinario de nueve diputados de las filas de dicha comisión, en el que estén representadas todas las fracciones y en el que el Gobierno de coalición tiene la mayoría, se encargaría de tomar una resolución, un grupo comparable con la comisión de control parlamentario que supervisa desde hace años a los servicios secretos alemanes. Los nueve “elegidos” serán responsables de ejercer el “derecho esencial” del Parlamento, es decir, el control de los gastos estatales.

Sin embargo, pocas horas después de haberse constituido ese grupo, el Tribunal Constitucional alemán suspendió las negociaciones. La medida de los jueces de Karlsruhe respondió, en ese momento, a una demanda de los diputados Peter Danckert y Swen Schulz, del Partido Socialdemócrata (SPD), que, a diferencia de la mayoría de sus colegas, “no quisieron que las cosas quedaran así”, como dijo Danckert, agregando que no se había respetado su derecho de coparticipación. Como diputado elegido en forma directa ya varias veces, Danckert dijo querer poder “mirar a su electorado a la cara” y decirles que él también jugó un papel en una decisión tan compleja.

Mini grupo con funciones “peligrosas”

Al igual que Danckert, también otros diputados alemanes se quejan ahora de que el Gobierno no los informa lo suficiente en lo que respecta a la crisis del euro y sobre la imposibilidad de ejercer ningún tipo de influencia. Además, alegan que se los presiona y no se les da tiempo cuando deben tomar decisiones complejas. Por eso, la fracción del partido Los Verdes en el Parlamento también demandará, en forma paralela, al Gobierno ante el Tribunal Constitucional para lograr que se mejore la calidad de la información y que ésta sea entregada a su debido tiempo.

Los diputados del SPD consideran improcedente que se delegue a un grupo pequeño la decisión acerca de algo que afecta profundamente al presupuesto nacional como lo es el FEEF. Y una decisión del Tribunal Constitucional de fines de octubre de 2011 también les daba la razón, ya que, en aquel entonces, decidió suspender las actividades de la comisión extraordinaria porque violaba presuntamente los derechos de estatuto de otros diputados. Hoy, el mismo tribunal confirma que el grupo de nueve diputados no debe poder decidir acerca de un tema tan importante y, con su fallo, fortalece los derechos de coparticipación de los diputados alemanes.

El experto en presupuesto socialdemócrata Johannes Kahrs opina que es “muy arriesgado que un pequeño grupo mueva sumas de miles de millones por teleconferencia y con una mayoría de cinco votos contra cuatro, mientras la Comisión Presupuestaria discute sobre gastos de 10.000 euros.”

“La necesidad tiene cara de hereje”: argumento poco válido

Antes del fallo, el diputado verde Christian Ströbele dijo temer que la exclusión del pleno del Parlamento y de la Comisión Presupuestaria por la presunta o real urgencia de tomar medidas de ayuda financiera no fuera una excepción, sino que se conviertiera en regla. Hasta ahora se preveía que, en aquellos casos en los que fuera necesaria la compra de bonos de un país al borde de la quiebra para “evitar el efecto de contagio”, el grupo de los nueve debía entrar en acción. Sin embargo, para la mayoría de las otras decisiones que atañen al FEEF se debe consultar a la Asamblea Plenaria o a la Comisión Presupuestaria de Bundestag.

El presidente del Tribunal Constitucional, Andreas Voßkuhle, dejó entrever durante la sesión oral del juicio, en noviembre de 2011, que, si bien comprendía la motivación del Gobierno alemán, la Constitución debe ser respetada también en tiempos difíciles. Y dijo que, en la historia, la excusa de que “la necesidad tiene cara de hereje” sólo ha aportado soluciones provisionales, si es que ha aportado alguna. La decisión de hoy del Tribunal Constitucional signfica también que los 620 diputados del Parlamento alemán no podrán evadir la responsabilidad de decidir acerca del empleo de sumas multimillonarias. Pero el presidente del tribunal aclaró que hay una excepción: la confidencialidad en cuanto a la compra de bonos de un país en apuros, ya que, en caso de darse a conocer esos planes, se pondría en peligro el éxito de la operación.

En los últimos años, los guardianes de la Constitución alemana de Karlsruhe ya se ocuparon de advertir al Parlamento alemán a través de diversos veredictos que podía salir perdiendo del juego de poder entre Bruselas y el Gobierno alemán.

Autor: Bernd Gräßler/ Cristina Papaleo
Editor: José Ospina Valencia