Desarme de ETA: entre la esperanza y el escepticismo

Hay algo extraño en una de las puertas de la oficina de Rubén Múgica en San Sebastián. Es la pequeña mirilla de vidrio que parece fuera de lugar. La puerta conduce a una elegante y acogedora sala de reuniones. Pero, ¿qué sentido tiene un dispositivo para mirar hacia otra habitación dentro de la misma oficina? "Ahí solían estar los guardaespaldas y usaban el hoyo para controlar quién entraba a la oficina," explica Múgica, a pocos cientos de metros del sitio donde ETA asesinó a su padre, el dirigente del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Fernando Múgica. Señala a una mesa de Madera y agrega: "esto solía estar lleno de metralletas". Ahora, la mesa está vacía y los guardaespaldas se han ido.

Este sábado 8 de abril, ETA confirmó su desarme, tras 40 años de un sangriento conflicto que le ha costado la vida a más de 1.000 personas. Es otro paso en el proceso de paz iniciado hace cinco años, cuando el grupo terrorista anunció el "cese definitivo" de su actividad armada.

"El fin de la violencia fue la gran noticia, el desarme no cambia nada," opina Rubén Múgica, quien dirige el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), en el País Vasco. Múgica espera que la policía interrogue a quienquiera que participe en la entrega de armas. "Esto es solo propaganda de ETA, tratando de mostrar su mejor sonrisa tras verse derrotada por la policía. El Estado debería protagonizar el desarme y no cualquier bandido", dice.

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El dilema del prisionero

Mientras los guardaespaldas de Múgica miraban por la mirilla por última vez, Arkaitz Bellón estaba en la cárcel. Había sido detenido en julio del año 2000 por participar en enfrentamientos con la policía, quemando un cajero automático y dos autobuses en San Sebastián.

La Corte Nacional consideró sus acciones como "kale borroka" ( "lucha callejera", en euskera), considerado terrorismo en España. Fue condenado a 13 años de cárcel, pero murió de un edema pulmonar a la edad de 36 años, dos meses antes de ser liberado. Muchos culparon a las políticas de aislamiento y dispersión aplicadas a los presos vascos y reclamaron que dijo que Bellón ni siquiera debería haber estado en la cárcel.

De acuerdo con la ley española, los reclusos condenados por delitos relacionados con el terrorismo ven reducidos sus derechos. Eso incluye el encarcelamiento en prisiones alejadas del País Vasco, visitas restringidas y una estricta observancia del encarcelamiento a término, sin posibilidad de libertad condicional o de acceso a beneficios penitenciarios, entre otras medidas. Actualmente, hay 265 personas encarceladas en estas condiciones en España, relacionadas con el terrorismo de ETA.

Asociaciones de la sociedad civil y partidos nacionalistas vascos como el izquierdista EH Bildu y el conservador PNV han exigido el fin de estas políticas y están presionando para el traslado de presos a cárceles del País Vasco. Tanto Julen Arzuaga, diputado regional de Bildu, como Jokin Bildarratx, senador del PNV, esperan que el desarme de ETA traiga consigo una oportunidad para desbloquear tema de los prisioneros.

Para los grandes partidos españoles, PP y PSOE, así como para las asociaciones de víctimas, el destino de los prisioneros está en manos de ETA. La diputada Mari Mar Blanco, (PP), la hermana del concejal asesinado Miguel Ángel Blanco, cree que solo la disolución de ETA y su colaboración en la resolución de más de 300 asesinatos sin resolver puede desbloquear este tema: "Los propios presos tienen que exigir la disolución de ETA y, entonces, podremos traerlos de vuelta, porque no habrá ninguna banda terrorista." Hasta entonces, dice, el gobierno no se moverá de su política actual.

Inaxio Oiartzabal es miembro de Sare, una organización de la sociedad civil que denuncia violaciones de los derechos humanos infligidas a prisioneros vascos y sus familias. Cuenta que los familiares tienen que viajar miles de kilómetros cada fin de semana para visitar a sus seres queridos: "Se trata de muchos riesgos, incluidos accidentes de tráfico y trastornos relacionados con la ansiedad", dice a DW. Además, reporta, hay 13 presos que padecen actualmente de enfermedades graves y cuya condición puede deteriorarse aún más en condiciones de aislamiento.

Markel Ormazabal fue condenado a seis años de cárcel por ser parte de Segi, una organización vinculada a ETA por el ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. "Nunca he tocado una pistola o una bomba. Dimos entrevistas y conferencias de prensa, y teníamos oficinas abiertas a todos. No éramos clandestinos hasta que ellos decidieron que sí", asegura a DW.

Heridas abiertas

Ormazabal estaba en la cárcel cuando ETA anunció que pondría fin a su violenta campaña en 2011. "Fue una paradoja [para los presos]. Por un lado, el fin del derramamiento de sangre era un motivo de felicidad, pero, por otro, nuestras condiciones como prisioneros se volvieron más duras". Esta estrategia, según Ormazabal, refleja el deseo del Estado español de bloquear cualquier paso hacia la paz: "España siempre ha necesitado un enemigo para mantener la unidad, así que en realidad no quiere la paz", dice.

Muchos en el páis Vasco esperan dejar finalmente atrás el conflicto y todo el dolor y sufrimiento que ha causado por décadas de miedo y muerte. Desde los amenazados por ETA, que ahora pueden andar sin guardaespaldas, hasta los familiares de prisioneros, que esperan ver pronto a sus familias reunidas.

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"Cualquier oportunidad de solución requerirá que todos entendamos y aceptemos el dolor y el sufrimiento por el que ha pasado quien está frente a nosotros. No importa quién sea," opina Markel Ormazabal. Pero Rubén Múgica no cree que su dolor puede sanar. "La parte judía de mi familia murió en Auschwitz. Entonces, fuimos perseguidos por Franco. Y los sobrevivientes fueron amenazados y asesinados por ETA", explica: "Las heridas de mi familia nunca sanarán."

Autor: Santiago Sáez, desde el País Vasco