Ecuador: Justicia da la razón al Estado frente a Assange

La Justicia ecuatoriana ha dado la razón al Estado de Ecuador sobre la validez de un protocolo de convivencia que le fue impuesto al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, en su embajada en Londres. Contra ese protocolo de convivencia, el activista había interpuesto una acción de protección. La Cancillería ecuatoriana ofreció los detalles sobre la decisión judicial este viernes (21.12.2018), al precisar que el Tribunal Provincial de Pichincha, donde se ubica la capital, Quito, había ratificado "la validez legal de Protocolo Especial".

Este documento fue "emitido por la Cancillería ecuatoriana en octubre pasado para regular la convivencia en la embajada de Ecuador en Londres, a propósito de asilo diplomático otorgado al señor Julian Assange, quien está alojado por más de seis años y medio en esa oficina diplomática", reza un comunicado del Ministerio de Exteriores. Indica que al rechazar la apelación interpuesta por la defensa de Assange, la corte ecuatoriana consideró que la acción de protección de los abogados del asilado, "no procede en virtud de que no se ha violado ningún derecho constitucional", como alegó la defensa.

"La decisión, adoptada en segunda y definitiva instancia por la Justicia ecuatoriana, pone una vez más de manifiesto que la actuación del Ministerio de Relaciones Exteriores al adoptar el Protocolo Especial se ha ceñido a la Constitución y las leyes del país, según corresponde", subraya el escrito. La Cancillería argumenta que el asilo que Ecuador otorgó a Assange es una prerrogativa soberana del país, a tenor de lo que establecen las convenciones interamericanas sobre asilo diplomático.

Elevados costos

Y afirma que "el Estado ha cumplido con sus responsabilidades según dichas convenciones". Después, el texto menciona un argumento económico, asegurando que "mantener a Assange en la embajada le ha costado más de 6 millones de dólares al país". "El asilado también tiene obligaciones que cumplir y que deberá respetar escrupulosamente", concluye el texto. El Ministerio de Relaciones Exteriores reitera en el documento que todas las acciones del Estado ecuatoriano sobre el caso Assange "continuarán desarrollándose con apego al derecho internacional y a la legislación nacional, y que Ecuador solo tratará sustantivamente sobre el tema con las autoridades británicas y los abogados del asilado".

 Assange fue asilado por Ecuador en su Embajada en Londres en 2012, cuando ingresó bajo el argumento de que temía ser arrestado en suelo británico y deportado a EE.UU., donde podría ser juzgado por la publicación de documentos militares y diplomáticos clasificados. La Justicia inglesa lo buscaba por haber violado una medida cautelar de arresto domiciliario en relación a un requerimiento de las autoridades suecas de 2010, a raíz de las acusaciones de dos mujeres por violación, que él niega, causa finalmente archivada en Suecia ante la imposibilidad de avance. Ecuador ofreció este año al fundador de Wikileaks que cumpliera un protocolo que estipula normas de convivencia dentro de la Embajada, o que se entregue voluntariamente a la Justicia británica con ciertas garantías por parte de Reino Unido, como que no será extraditado a un país donde rige la pena de muerte.

MS (afp/Cancillería de Ecuador/efe)

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