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EE. UU.: veto migratorio seguirá bloqueado

10 de febrero de 2017

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU., con sede en San Francisco (California), rechazó la reclamación del Gobierno y mantuvo la suspensión de la orden ejecutiva migratoria emitida por Donald Trump.

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USA 9th Circuit Court of Appeals in San Francisco
Aquí fue rechazada la apelación del Gobierno de Trump.Imagen: Getty Images/J. Sullivan

Este jueves (9.2.2017) en San Francisco, California, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos rechazó la reclamación del Gobierno y mantuvo la suspensión de la orden ejecutiva migratoria emitida por el presidente del país, Donald Trump. El controvertido decreto suspendía por 120 días el programa nacional de asilo –en el caso de los refugiados sirios, la acogida había sido detenida indefinidamente– y por 90 la emisión de visas para personas provenientes de Irán, Irak, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen.

El mandatario respondió con un mensaje de Twitter escrito completamente en mayúsculas: “NOS VEMOS EN LOS TRIBUNALES, ¡LA SEGURIDAD DE NUESTRO PAÍS ESTÁ EN JUEGO!".

El 3 de febrero, el juez federal James Robart bloqueó la orden presidencial desde un tribunal de Seattle. La decisión de la corte de San Francisco prolonga temporalmente ese bloqueo. Es previsible que el caso termine en manos del Tribunal Supremo de Justicia. Trump ya había reaccionado públicamente a las medidas judiciales contra su decreto acusando a los magistrados de “estar politizados” y advertido que si llega a tener lugar un atentado perpetrado por un terrorista extranjero, la responsabilidad recaerá sobre las cortes implicadas.

Los tres jueces del tribunal de apelaciones de San Francisco confirmaron de manera unánime la sentencia del juez federal Robart, quien el viernes pasado (3.2.2017) falló a favor de la demanda interpuesta por los estados de Washington y Minnesota. Los juristas californianos rechazaron los argumentos presentados por el Gobierno. La Casa Blanca esgrimió que el bloqueo del veto ponía en peligro al país y que la corte no tenía potestad para revisar el caso. Según los jueces, el Gobierno no pudo demostrar que la seguridad nacional estuviera en juego.

El Departamento de Justicia, en representación del Ejecutivo, puede solicitar que la Corte Suprema intervenga o pedir otra revisión de la sentencia ante una corte federal con un número más amplio de jueces. La Corte Suprema sigue contando con tan solo ocho jueces tras el fallecimiento de Antonin Scalia; muchos creen que, ideológicamente, ese tribunal estaría abocado al empate, lo que en este caso mantendría la decisión de la corte de apelaciones.

Este mismo 9 de febrero, Trump, equiparó el fenómeno de la inmigración de personas indocumentadas con el del crimen organizado y firmó tres nuevas órdenes ejecutivas "para restaurar la seguridad en Estados Unidos”: una relativa a los carteles que operan en el territorio nacional, otra destinada a reducir los delitos violentos y una tercera que busca definir "nuevos delitos federales” para "prevenir” las agresiones a policías y otros agentes del orden. El más abarcador es el segundo decreto. Esa orden establece que, para mantener el orden en el país, debe haber "un compromiso con la aplicación de la ley y el desarrollo de políticas que aborden de forma integral la inmigración ilegal, el narcotráfico y el crimen violento”. Está por verse cómo son recibidas estas iniciativas por la opinión pública estadounidense y las instancias judiciales.

ERC ( EFE / dpa / AP )