El agua como factor económico y los retos de América Latina

Entre el 1 y el 3 de febrero de 2023, representantes de los países de América Latina y el Caribe aprobaron la Agenda Regional de Acción por el Agua, en la sede de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en Santiago de Chile. Allí se aunaron esfuerzos de cara a cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, que es garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y saneamiento para todos. Esa Agenda se presentará en la Conferencia de la ONU sobre el Agua 2023, que se lleva a cabo desde este miércoles, 22 de marzo, hasta el 24 de marzo, en Nueva York. DW conversó con la Dra. Silvia Saravia Matus, oficial de Asuntos Económicos de la Unidad Agua y Energía de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), presente en dicha conferencia.

DW: ¿Cómo evalúa las consecuencias humanas y económicas de los fenómenos climáticos extremos en América Latina, como las sequías y las inundaciones?

Silvia Saravia Matus: América Latina y el Caribe cuenta con una dotación de agua por habitante cuatro veces mayor al promedio mundial. Sin embargo, esta se encuentra distribuida de manera heterogénea. El agua suele concentrarse en zonas rurales por ejemplo, en ríos como el Amazonas, de la Plata, Madeira, Orinoco y Paraguay, mientras que las grandes ciudades y zonas de mayor actividad económica reportan altos niveles de estrés hídrico (por ejemplo, Lima o Santiago) o cuentan con limitadas áreas de captación de agua (por ejemplo, pequeños estados insulares del Caribe, o Bogotá).

Los fenómenos climáticos generan inestabilidad y dificultan, además, los procesos productivos y el acceso estable al agua y al saneamiento gestionados de manera segura. Según el informe del IPCC de 2021, América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo más afectadas por los desastres relacionados con el clima. Desde la década de 1980 los desastres relacionados con el agua (sequías e inundaciones) se han duplicado, pasando de 344 desastres reportados a 615. Lo anterior repercute no solo en términos de personas afectadas y fallecidas, sino en el valor económico asociado a los daños y pérdidas provenientes los desastres derivados del cambio climático.

¿A qué se debe la falta de acceso al agua potable y al saneamiento en la región, a pesar de que esta cuenta con un 30% de los recursos hídricos del planeta?

Según datos del Programa Conjunto OMS/UNICEF para el Monitoreo del Abastecimiento de Agua y del Saneamiento (JMP) de 2020, 161 millones de personas en América Latina y el Caribe no disponen de acceso a agua potable gestionada de manera segura (25% de la población) y 431 millones de personas no cuentan con saneamiento gestionado de manera segura (66% de la población). Esto evidentemente refleja que los esfuerzos realizados por la mayoría de los países de la región no han sido suficientes para alcanzar las metas 6.1 y 6.2 de la Agenda 2030 sobre el acceso universal a los servicios de agua potable y saneamiento gestionados de manera segura.

Lo anterior se debe a varios factores, entre ellos, la alta heterogeneidad que existe, no solo en términos económicos y sociales sino también hidro-climáticos. A esto se suman los incrementos de la demanda de agua por urbanización, cambios de uso del suelo, y la degradación de las cuencas.

De igual forma, y muy importante, otro factor clave es la falta de inversiones en el sector a nivel regional. En este sentido, según datos de CEPAL/BID/CAF (2021), las inversiones públicas anuales de América Latina y el Caribe en infraestructura de agua potable y saneamiento decrecieron un 43% entre los años 2010 y 2019.

Otro estudio de la Organización Paramericana de la Salud (OPS), de 2019, señala que la principal barrera para atender las metas de universalización de acceso, incluso cuando hay disponibilidad de recursos, es que muchos países son ineficientes en la ejecución de estos, lo cual contribuye con el retraso en el cumplimiento de las metas. Este estudio señala que la diferencia entre presupuesto y ejecución de los gastos se origina por baja capacidad institucional, falta de capacidad de gestión de proyectos, falta de información, entre otros.

¿Cómo podría subsanarse el problema?  

En este tema en concreto, la CEPAL, en el marco de su propuesta de una transición hídrica sostenible e inclusiva y la Agenda Regional de Acción por el Agua, indica que se requiere:

• Impulsar nuevas inversiones hídricas en cantidad, calidad y continuidad para universalizar el acceso a agua y saneamiento gestionados de manera segura con especial énfasis en el ámbito rural, en comunidades distantes de los centros y en zonas urbanas marginales, de manera que las operadoras públicas, privadas y/o comunitarias tecnifiquen los sistemas de agua y mejoren las capacidades técnicas relacionadas a la calidad del agua.

• Diseñar políticas de incentivos y regulación que promuevan la innovación y uso de tecnologías adaptadas a cada contexto y territorio, utilizando principios de circularidad y conservación, rescatando conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas, así como soluciones basadas en la naturaleza, con el fin de proteger las fuentes hídricas naturales y mejorar las prácticas de uso responsable del agua entre todos los actores.

• Establecer asociaciones público-privadas (APP) y con actores diversos de la sociedad civil y las comunidades locales para acceder a la financiación y promover una nueva cultura y valoración del agua. En estas líneas, se insta a promover esquemas de tarifas justas y sostenibles.

• Identificar y aprovechar las oportunidades financieras disponibles e innovadoras, tales como estructuras financieras combinadas, garantías multilaterales, fondos de agua, y bonos, entre otros.

¿Cómo impulsa la CEPAL el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en lo que respecta a mejorar el acceso al agua potable y al saneamiento para la población de América Latina y el Caribe?

En 2010 Naciones Unidas reconoció el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, consecuentemente, numerosos países de la región han reconocido este derecho en sus constituciones. Asimismo, en 2015 la comunidad internacional manifestó que el agua es fundamental para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza en todas sus formas. Por ello, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, plantea, entre otros, el objetivo de garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos (ODS 6).

Para alcanzar estas metas, la CEPAL promueve, de la mano de los países de América Latina y el Caribe, el fortalecimiento de sus sistemas de gobernanza del agua, en base a evidencia, para que sean más robustos, transparentes y eficaces. Asimismo, la CEPAL impulsa una transición hacia la gestión hídrica sostenible e inclusiva en la región, la cual plantea como uno de sus pilares garantizar el derecho humano al agua potable y saneamiento gestionados de manera segura. Lo anterior, a través de un gran impulso inversor que permita cerrar las brechas actuales de cobertura y calidad de agua al año 2030.

¿Cuál es la importancia del agua subterránea en la economía de los países latinoamericanos?

Debido a la abundancia de agua superficial y el nivel limitado de uso de agua subterránea, menos del 30% del agua dulce extraída en América Latina y el Caribe proviene de fuentes de agua subterránea. En los países que sí dependen de las aguas subterráneas, aproximadamente la mitad de la extracción se utiliza para riego, un tercio para uso doméstico y el resto para uso industrial. A lo largo de la región existen falencias en la protección y monitoreo de las aguas subterráneas, dando lugar a su explotación intensiva y/o contaminación, poniendo en peligro en última instancia su sustentabilidad, así como su accesibilidad a las poblaciones más vulnerables, que dependen de estas fuentes de aguas subterráneas para su suministro de agua potable. Las aguas subterráneas juegan un papel importante en los sistemas de abastecimiento de agua de la mayoría de las ciudades latinoamericanas, aunque no siempre como fuente principal. También representa el 50% del agua utilizada por el sector industrial. En el Caribe, donde el agua superficial tiende a ser relativamente escasa, el agua subterránea representa alrededor del 50% del agua extraída. Dado que la importancia de los acuíferos para los ecosistemas, el desarrollo social y las actividades económicas de la región aumentará aún más en el futuro cercano, la región debe avanzar hacia procesos políticos que armonicen la toma de decisiones, el monitoreo y la gestión de las aguas subterráneas tanto a nivel nacional como internacional.

¿Qué les espera a los países de la región en vista de los fenómenos climáticos extremos que ya están experimentando? ¿Aumentarán esos fenómenos en frecuencia y magnitud?

Las inundaciones, sequías y desplazamientos de masas húmedas se han amplificado con el calentamiento global y el cambio climático, y también afectan las dinámicas y la integridad de los ecosistemas de los países y territorios de la región, dificultando el logro de otros ODS.

La gestión de riesgo de desastres, la preparación y gestión de emergencias, así como la gestión integrada de recursos hídricos, son vitales para aumentar la resiliencia y adaptación, así como disminuir el impacto y sostener los ciclos hídricos necesarios para la provisión de agua y saneamiento para toda la población y las actividades económicas. La subregión del Caribe se encuentra en una posición desfavorecida en relación con el cambio climático. La región ha realizado una contribución históricamente pequeña al cambio climático (0,3% de las emisiones globales de GEI), pero sus Estados insulares son altamente vulnerables a sus efectos. Desastres hidrológicos, meteorológicos y climatológicos incluyendo tormentas, inundaciones y desplazamientos de masa húmeda, impactan al Caribe, con daños y pérdidas económicas reportados entre 1970 a 2022 ascendentes a 118,6 millones de dólares.

En una década, la región de las Américas ha sufrido el 25% de los desastres mundiales asociados a cambio climático, y como consecuencia, ha registrado el 15% de los fallecimientos, el 6% de los afectados y un 53% de las pérdidas económicas mundiales. Un ejemplo de esto es la "megasequía de Chile Central", que con 13 años hasta la fecha, constituye la más larga en mil años, agravando una tendencia a la desecación, y sitúa a Chile a la cabeza de la crisis hídrica de la región (Organización Meteorlógica Mundial, 2022). Con el cambio climático y el aumento de la cota de derretimiento, la situación se ha vuelto más aún más crítica en Santiago, enfrentándose cortes de suministro de agua debido a los aumentos en la turbiedad por el exceso de sedimentos.

Las proyecciones climáticas hacia 2050 y 2070, asociadas a los incrementos en la temperatura, indican un aumento de precipitaciones en el oeste de la Amazonía y el sur de Sudamérica de entre un 10% hasta un 15%, y una tendencia a la sequía y reducción de la precipitación de hasta un 20% en el noreste de Brasil, México, Centro América y el Caribe.

¿Qué importancia tienen las medidas que se toman en el sector agrícola e industrial, así como para la seguridad alimentaria, para resolver la falta de agua?

La CEPAL ha definido acciones "Nexo" a iniciativas que pueden ser políticas, programas, planes o proyectos de distinta naturaleza que involucren agua, agricultura, energía o medioambiente, que se consideren intersectoriales o que al menos requieran de soluciones intersectoriales.

Lo que se ha encontrado es que en la actualidad hay muchas políticas sectoriales que generalmente están descoordinadas o que muchas veces tienen objetivos incompatibles entre sí, lo que logra bajo impacto a veces, y, además, otro punto muy importante es que suele ocurrir que hay una duplicación de esfuerzos y de recursos (en muchas ocasiones en distintos niveles territoriales).

América Latina y el Caribe es una región relativamente abundante en recursos naturales, comparada con las demás regiones del mundo, y basa gran parte de sus actividades productivas en el uso intensivo de estos recursos. Sin embargo, se encuentran distribuidos de forma muy heterogénea, particularmente el agua, tanto a nivel regional e incluso dentro de los países. Lo cual ocasiona muchos conflictos. La región es un gran proveedor de alimentos para el mundo y representa aproximadamente el 16% de las exportaciones agrícolas mundiales. Y el 45% de la generación eléctrica proviene de hidroenergía. Los puntos anteriores, si bien representan una oportunidad de desarrollo para nuestros países, también han traído consigo impactos ambientales negativos. En el caso de la agricultura, por ejemplo, ésta genera aproximadamente 70% de la deforestación en la región y los embalses de las hidroeléctricas muchas veces se han visto inoperados por sequías o bien lluvias extremas.

Las políticas que generalmente requieren soluciones intersectoriales no siempre están totalmente coordinadas y por eso es recomendado contar con un enfoque del Nexo a lo largo de todo el ciclo de la política: diagnóstico, formulación, implementación y monitoreo.

En la región ya existen algunas iniciativas que alinean al enfoque del Nexo, como los planes de cuenca, políticas de riego, proyectos multipropósito, bioenergía y soluciones basadas en la naturaleza. Estas acciones representan una oportunidadad para potenciar las fortalezas actuales, incluir una visión más integrada, que considere las interrelaciones con los otros sectores, promover un mayor alineamiento entre los objetivos de políticas sectoriales y lograr un uso más eficiente de los recursos en el largo plazo.

¿Qué métodos o soluciones se pueden aplicar para darle prioridad al recurso del agua para el uso humano, y también para la actividad agrícola y agropecuaria? ¿Cuál es la clave para una mayor sostenibilidad del agua en América Latina? 

En línea con lo que se ha mencionado anteriormente, la CEPAL plantea cuatro pilares de acción para impulsar la transición hídrica sostenible e inclusiva en ALC como estrategia regional para el logro del ODS6 y atender los desafíos propios de la región:

• Garantizar el derecho humano al agua y saneamiento gestionado de manera segura, sin dejar a nadie atrás, a través de un fuerte compromiso de inversión en el sector a fin de cerrar brechas de cobertura y calidad.

• Promover el acceso equitativo y asequible a servicios de agua y saneamiento para erradicar la pobreza hídrica, considerando tarifas sociales para los grupos más vulnerables. Lo anterior necesita fortalecer los sistemas actuales de prestación y su regulación.

• Revertir las externalidades negativas asociadas a la sobreexplotación del recurso hídrico, la contaminación de los cuerpos de agua y los conflictos por el uso, asegurando la conservación y restauración de servicios ecosistémicos. Lo anterior pasa por el fortalecimiento de los sistemas de gobernanza a diversas escalas y participación, incluyendo mayor fiscalización y monitoreo, por medio de instrumentos económicos, como cobros, multas y sanciones, así como mayor grado de digitalización para el monitoreo de los cuerpos de agua.

• Incentivos para adoptar prácticas innovadoras e impulsar inversiones en tecnologías que incrementen la productividad y resiliencia ante el cambio climático, transformando el manejo lineal del agua en una gestión circular.

El agua, sus usos productivos y los servicios públicos de provisión de agua y saneamiento se encuentran intrínsecamente ligados a las formas de organización social, así como a las dinámicas ecosistémicas y territoriales, los estilos de producción y consumo, la gobernanza y a las arquitecturas institucionales. Por lo mismo, no proceden recomendaciones únicas y generales que garanticen la gobernabilidad del agua. Sin embargo, en base a experiencias prácticas, es posible identificar una serie de preceptos centrales que se pueden considerar validos tanto para mejorar la gobernanza como para el desarrollo de políticas públicas y de instrumentos de gestión idóneos para alcanzar las metas planteadas.

La Dra. Silvia Saravia Matus es oficial de Asuntos Económicos a cargo de los recursos hídricos dentro de la CEPAL. Es doctora en Economía de la Universidad de Sheffield (UK) y tiene una maestría en Análisis de Política Social y Económica de la Universidad de York (UK). Se ha especializado en el diseño e implementación de programas para el desarrollo sostenible, gobernanza de los recursos naturales, seguridad hídrica y alimentaria. Además, tiene más de 10 años de experiencia como docente online en la Universidad de Oxford (UK) en temas de globalización y desarrollo económico. 

(ers)