El arma de doble filo de Europol e Interpol

De la noche a la mañana, Alemania se convirtió en coprotagonista de un caso en el que se confunden la investigación policial y la persecución política. El español Carles Puigdemont, expresidente de Cataluña y líder de su movimiento secesionista, es la más prominente de todas las personas que tienen órdenes de arresto a escala europea en su contra. El pasado 25 de marzo, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia español, gendarmes detuvieron a Puigdemont cuando entró a territorio germano desde Dinamarca. La posibilidad de que Berlín lo extraditara a Madrid fue objeto de intenso debate.
    
Cuando un tribunal germano exigió la liberación de Puigdemont, el daño ya estaba hecho: el obedecimiento ciego de la orden de captura en su contra derivó en una crisis política porque el delito de rebelión que se le atribuye no está contemplado en las leyes de Alemania. España aceptó el veredicto de la corte alemana a regañadientes. ¿Dónde están los límites de esas herramientas usadas por Europol e Interpol? La orden de detención a escala europea existe para evitar que delincuentes evadan la Justicia cruzando la frontera hacia países vecinos. No obstante, esa orden también debe garantizar los derechos de los señalados en Europa.

Así lo explica Ralph Bunche, director de la organización no gubernamental Fair Trials (Juicios Justos), que tiene sedes en el Reino Unido y en Bélgica. El caso Puigdemont da pie a muchas interrogantes, acota Bunche, pero no es el primero. Las órdenes de arresto dictadas por Europol entraron en vigor en 2004; desde entonces, éstas han sido emitidas con cada vez mayor frecuencia, lo cual preocupa a las instancias encargadas de fiscalizar la labor de la Policía y la Justicia. Por su parte, las órdenes de arresto dictadas por Interpol descritas como “red notice” (avisos rojos) llaman a “rastrear, definir el área de permanencia y detener” a personas determinadas.

El riesgo de los “avisos rojos”

Fue un “aviso rojo” de Interpol el que condujo al arresto temporal del escritor turco-alemán Dogan Akhanli en España en agosto de 2017, solicitado por el Gobierno de Recep Tayyip Erdogan. Lo que salvó al autor de ser extraditado a Turquía fue el volumen de la protesta internacional; sin embargo, a Akhanli no se le permitió salir de España durante dos meses. La jefa del Ejecutivo alemán, Angela Merkel, acusó a Ankara de instrumentalizar a Interpol para perseguir a Akhanli. En su reporte Fortaleciendo a Interpol, la ONG Fair Trials sostiene que esa organización ha sido usada “como arma contra periodistas, refugiados y defensores de derechos humanos”.

Entre los 190 Estados con acceso a los servicios de Interpol hay países donde los derechos humanos son violados sistemáticamente, se lee en el informe de Fair Trials. “Y estas naciones abusan del sistema Interpol para exportar sus mecanismos de opresión y hacer callar a los críticos de sus regímenes”, se subraya en el documento citado. Actualmente, Fair Trials asesora a más de un centenar de ciudadanos con “avisos rojos” en su contra. Entre ellos están Dolkun Isa, presidente del Congreso Mundial Uigur (WUC), el refugiado ruso Petr Silaev y el solicitante de asilo egipcio Sayed Abdellatif, encarcelado en Australia bajo cargos de terrorismo.

Reforma en Interpol

Otro caso conocido es el de la periodista venezolana Patricia Poleo, quien vive asilada en Estados Unidos. Como las órdenes de arresto de Europol, también los “avisos rojos” de Interpol se han multiplicado en los últimos lustros: de 1.481 al año en 2001 a 12.878 al año en 2017. Interpol refuta la noción de que la instrumentalización política de ese recurso sea un problema recurrente. “El número de casos en los que un ‘aviso rojo’ no se alinea con los estatutos de Interpol es extremadamente bajo. Interpol tiene prohibida toda intervención o actividad política”, asegura un vocero de la institución bajo condición de anonimato.

Aun así, Interpol decidió someterse a reformas, cediendo a la presión de las críticas crecientes, incluidas las del Consejo Europeo. En su seno, un nuevo departamento –la Comisión para el Control de los Expedientes (CCF)– inspecciona cada emisión de órdenes de captura con “avisos rojos” y recibe las quejas de las personas detenidas bajo ese principio; anteriormente, éstas sólo podían apelar las medidas desde sus países de origen. Fair Trial celebra la reforma interna de Interpol, pero aclara que eso no disipa el riesgo de la injerencia política en lides policiales. “El sistema debe cambiar de tal forma que los regímenes represivos no puedan abusar de las órdenes de captura nunca más”, arguye esta ONG. “Es importante que la policía mundial sea controlada por el mundo”.

Astrid Prange De Oliveira (ERC/VT)

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