El caso Assange y los pilares de la democracia

Desde hace, entretanto, ya 11 años, Julian Assange no puede vivir en libertad: cerca de 4.000 días y noches. Sus últimos tres cumpleaños los ha pasado en una cárcel británica de alta seguridad, que algunos llaman también "la versión británica de Guantánamo” debido a las duras condiciones de reclusión. Las peticiones de libertad bajo fianza y prisión domiciliaria han sido denegadas.

En consecuencia, el periodista debe seguir esperando tras las rejas, sin haber sido condenado, a que se decida si Gran Bretaña lo extraditará a Estados Unidos. Allí podría ser condenado a hasta 175 años de cárcel por sus publicaciones, que revelaron, entre otras cosas, la brutalidad del proceder estadounidense en Afganistán e Irak, poniendo al descubierto crímenes de guerra por los que nadie ha sido juzgado.

Decisión correcta, argumento errado

El 4 de enero de 2021, un tribunal de Londres decidió en primera instancia contra la extradición de Assange, lo que en principio fue un alivio para defensores de derechos humanos, asociaciones de periodistas y otras personas que respaldan al fundador de Wikileaks. Pero ese alivio duró lo que se tarda en leer la fundamentación del fallo.

La jueza "únicamente se basó en el argumento humanitario de que a Assange le esperarían condiciones de reclusión inhumanas en Estados Unidos”, explica a DW la parlamentaria alemana Margit Stumpp, del partido alemán Los Verdes. "No rechazó ni puso en duda ninguna de las razones que esgrime Estados Unidos para pedir la extradición. Por eso pende sobre Julian Assange el riesgo de ser extraditado, si Estados Unidos demuestra que sus condiciones de encarcelamiento serán tales que su salud no corra peligro y, por ende, tampoco su vida”, agrega.

Ese es el punto central del proceso en segunda instancia, derivado de la apelación estadounidense al fallo inicial. El tribunal superior londinense acogió tres de los cinco motivos de apelación, y este miércoles (11.08.2021) se decidirá si también se da lugar a los dos restantes.

"Juicio político”

Una amarga ironía: los magistrados admitieron la apelación pocos días después de que el principal testigo de cargo, el islandés Sigurdur Ingi Thordarson, revelara que sus declaraciones, que inculpaban a Julian Assange, era falsas y que, a cambio, había recibido dinero y la promesa de que no sería sancionado.

Con este proceso, el sistema judicial británico ha perdido confiabilidad en su conjunto, según Christian Mihr, jefe de la sección alemana de Reporteros sin Fronteras. La directora del capítulo británico de la misma organización, Rebecca Vincent, tuiteó el lunes (09.08.21), frustrada: "Ya lo he dicho y lo repito: nunca he tenido tantas dificultades en ningún caso, en ningún país, para acceder a un proceso como en el caso Assange”.

Para Christian Mihr, es un hecho que se trata de un juicio político, y afirma que Estados Unidos debería terminar con esto. Joe Biden es ya el tercer presidente estadounidense que se ve involucrado en la persecución de Assange. Y, hasta ahora, no ha prestado oídos a las demandas de ponerle fin.

Fatal precedente

Margit Stumpp es una de las 120 personalidades que firmaron tiempo atrás una carta abierta pidiendo la libertad de Assange. Para la parlamentaria alemana, la extradición y condena del fundador de Wikileaks sería "una devastadora señal para los periodistas”. "Quienes realizan labores de investigación tendrían que sentirse en el futuro permanentemente amenazados por el poder estatal democráticamente legitimado. La libertad de prensa se vería extremadamente restringida también en Europa. Su función de control, y con ella un elemento esencial de la democracia, ya no se ejercería, sino que sería criminalizada”, indica a DW. A su juicio, sería un ataque a los pilares de nuestro orden democrático.

Al igual que Stumpp, también el parlamentario socialdemócrata Frank Schwabe pertenece al grupo suprapartidista "Libertad para Julian Assange". En entrevista con DW, afirma que la forma en que se ha tratado a Assange no es conciliable en modo alguno con los principios del Estado de derecho. "Se transmite la impresión de que el whistleblowing es un acto criminal y otros deben ser disuadidos. Yo pienso que el whistleblowing es urgentemente necesario y debemos proteger a quienes lo practican”.

"Si Estados Unidos y la comunidad occidental de naciones quiere defender de manera creíble la libertad de prensa y el Estado de derecho, debe dejar de intentar establecer con Julian Assange un precedente de persecución de periodistas incómodos", subraya Margit Stumpp.

(er/cp)