El conflicto social en Ecuador está lejos de una solución

Este lunes, 4 de julio, comienza en Quito el juicio al líder indígena Leonidas Iza, principal dirigente de las recientes protestas contra el Gobierno, que se prolongaron por dieciocho días. Se le acusa de presunta instigación a la paralización de servicios esenciales durante el primer día de las movilizaciones.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) convocó a sus bases a participar en un "plantón de apoyo" a su máximo líder. Esto no presagia nada bueno para el fin del paro, de las protestas, o para el nuevo diálogo que el Gobierno del presidente Guillermo Lasso y la CONAIE acababan de acordar el jueves pasado. La protesta indígena, apoyada por sindicatos y otros grupos sociales, concluyó el pasado 30 de junio con un "Acta de paz" suscrita por ambas partes, que contenía compromisos del Gobierno y soluciones parciales a las demandas de la CONAIE, sobre todo la reducción de 15 centavos en el precio de la gasolina regular y el diésel.

"En general, el acuerdo fue acogido con alivio por gran parte de la población. La huelga fue larga, costosa y en ocasiones muy brutal", dice a DW Constantin Groll, director de la oficina de la fundación alemana Friedrich Ebert en Ecuador. "Los puntos en los que las partes pudieron ponerse de acuerdo son un comienzo. Sin duda, ofrecen la oportunidad de mejorar la situación social y, sobre todo, de extrema precariedad de las clases bajas, entre las que se encuentran desproporcionadamente los indígenas", añade Groll.

Desatención durante décadas

La economía ecuatoriana ha sufrido especialmente bajo la guerra en Ucrania. El banano, por ejemplo, es el segundo producto de exportación no petrolera más importante de Ecuador. Un cuarto del banano que exporta el país iba a Rusia y a Ucrania. En este contexto, el aumento del costo de vida, el alza de precios de combustibles, sumada a una desatención de décadas puso en pie de guerra a las comunidades indígenas, aproximadamente el 7 por ciento de la población.

Ximena Zapata, investigadora del Instituto GIGA de Estudios Latinoamericanos en Hamburgo, también califica el acuerdo encontrado en principio como positivo, pero subraya sus dudas, en entrevista con DW: "Queda la incertidumbre de si el Gobierno va a cumplir con lo prometido. No creo que con estos compromisos las políticas y el programa del Gobierno lleguen a enrumbarse para satisfacer las tantas demandas de educación, salud y seguridad de la población. Las demandas populares son incompatibles con lo que puede ofrecer el programa neoliberal del Gobierno de Lasso".

De hecho, los índices de popularidad del presidente han descendido masivamente. Según la encuestadora Perfiles de Opinión, la aprobación de la gestión de Guillermo Lasso cayó a un 17 por ciento a principios de junio, viniendo de un 74 por ciento en julio de 2021.

Poca confianza en Guillermo Lasso

A la desconfianza se suma la mala experiencia del pasado, advierte Constantin Groll: "En 2019, Lenín Moreno había retirado unilateralmente las concesiones a los pocos meses tras el paro nacional. Por lo tanto, existe una gran desconfianza por parte de los indígenas." Por eso, los siguientes pasos del Gobierno de Lasso serán decisivos. "Hasta ahora, se ha intentado aplicar un programa decididamente neoliberal. Aparentemente, no hay apoyo suficiente en el Parlamento y la resistencia pública es masiva. Si el Ejecutivo se decide alejar de ese proyecto y emplea una política basada en el diálogo, veo una esperanza para el Gobierno. Si no, será muy muy difícil", sostiene Groll.

Como sea, el juicio al líder indígena Leonidas Iza ya demuestra, para Ximena Zapata, la falta de voluntad del equipo de Lasso de encontrar soluciones para los graves problemas sociales del país: "Si realmente el Gobierno quiere enmendar sus grandes errores y recobrar un mínimo de respeto, debería reconocer que fue un gran error detener ilegalmente a Iza, dejar sin efecto el juicio que sigue en contra Iza, conformar comisiones imparciales para investigar los excesos de la Policía, militares e infiltrados, y posibles violaciones de derechos humanos".

(rml)