El 12 de agosto pasado, durante la celebración del Día Internacional de la Juventud, la vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó: "Nicolás Maduro Moros cuida a la juventud como su joya más preciada". Sin embargo, la cruda realidad de la juventud venezolana—invisibilizada en las estadísticas y reportes oficiales—es otra. Múltiples investigaciones de expertos y organizaciones civiles demuestran que los segmentos más vulnerables de la población venezolana son la niñez, la adolescencia y la juventud. Estos grupos carecen de protección y, en gran medida, son víctimas de diversas formas de violencia.
En mayo de 2023, el Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO), junto con el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), presentaron un conjunto de investigaciones agrupadas bajo el título "Violencia contra la niñez y la juventud en Venezuela". Allí aparece como un tema transversal la violencia estructural, la cual ha generado, durante la última década y de manera sistemática y duradera, un impacto muy negativo en la juventud venezolana.
Según la investigadora Gloria Perdomo, compiladora del informe de LACSO, la violencia estructural se refiere a aquellas "condiciones que se imponen, privando a las personas de sus garantías de derechos humanos, como el derecho a la vida, a un nivel de vida adecuado, a la salud y a la protección inmediata en caso de daño y afectaciones". Estas condiciones reducen significativamente la capacidad de la población para enfrentar sus desafíos de manera autónoma y satisfacer sus necesidades humanas básicas.
En Venezuela, la violencia estructural ha sido consecuencia directa del sistema económico, social, político e institucional que ha prevalecido en el país durante las últimas dos décadas. Según Perdomo, las principales manifestaciones de esta imposición han sido la inseguridad alimentaria, las continuas privaciones a las que la población ha sido sometida, el empobrecimiento acelerado y repentino de las familias, la merma de los ingresos y la negación de libertades. La investigadora agrega a estos factores la omisión y, al mismo tiempo, la represión y arbitrariedad como respuestas del Estado ante las demandas de la comunidad.
Pobreza, marginación y exclusión de la juventud
Desde el año 2015, Venezuela ha estado sumida en una profunda crisis económica, política y social sin precedentes en su historia republicana. Esta crisis ha sido categorizada por diversas organizaciones internacionales, incluyendo a la ONU, la FAO, la OEA y la Cruz Roja Internacional, como una "crisis humanitaria compleja”. HumVenezuela, una plataforma independiente compuesta por organizaciones de la sociedad civil que vigila la emergencia humanitaria en el país, estima que, en la actualidad, de una población de 28,7 millones de personas en Venezuela, alrededor de 19 millones (66 por ciento) enfrentan necesidades humanitarias, y cerca de 18,7 millones (65 por ciento) han sufrido la pérdida o el agotamiento irreversible de sus medios de subsistencia, cayendo en la pobreza. Esta catástrofe humanitaria que afecta a toda la población del país tiene en niños, niñas y adolescentes sus principales víctimas, de acuerdo con el estudio de LACSO.
Susana Raffalli, reconocida experta en protección y asistencia humanitaria, destaca que, en la actualidad, aproximadamente 4,8 millones de niños, niñas y adolescentes enfrentan una situación de inseguridad alimentaria severa o moderada, mientras que otros 9 millones están en riesgo de caer en esa condición. Esta problemática es especialmente crítica en el grupo de los niños, ya que en este segmento las repercusiones no solo son inmediatas, sino que también se proyectan hacia el futuro. Según Raffalli, entre un 9 y un 12 por ciento de los niños en Venezuela (lo que equivale a unos 450 mil) padecen desnutrición aguda, y cerca de 600 mil están afectados por desnutrición crónica.
Otro indicador que evidencia los efectos de esta violencia estructural en la niñez venezolana es la Tasa de Mortalidad Infantil (TMi), índice que cuantifica el número de defunciones de niños menores de un año por cada mil nacimientos vivos. Durante el período 2015-2020, la TMi en Venezuela promedió 26,8, lo que representa un crecimiento superior al 70 por ciento en comparación con el período anterior (2010-2015), cuando la TMi fue de 15,4. Estas cifras reflejan un retroceso de 30 años en los avances logrados por el sistema de salud del país para prevenir las muertes prematuras, según lo destaca Gustavo A. Páez, especialista en análisis demográfico, en su estudio 'Mortalidad infantil en Venezuela” (2023).
Respecto a los efectos de la violencia estructural sobre los jóvenes venezolanos, la Encuesta Nacional sobre Juventud de la UCAB 2021, encontró que casi la mitad de los jóvenes con edades comprendidas entre 15 y 29 años forman parte de los dos quintiles más pobres del país. Esta encuesta también puso de manifiesto que entre el 2013 y 2021 el fenómeno de la "doble exclusión” entre los jóvenes sufrió un aumento, al pasar de 23 a 37 por ciento el número de venezolanos entre 15 y 29 años que no estaban inscritos en algún centro educativo ni tampoco insertos en el mercado laboral. Entre el 2015 y el 2020, 880 mil jóvenes entre 20 y 24 años "no continuaron su formación” y 821 mil jóvenes, entre 15 y 19 años, dejaron los estudios.
Muertes violentas de niños, adolescentes y jóvenes
Venezuela viene experimentado durante las dos últimas décadas los más altos niveles de criminalidad de su historia, convirtiéndose en uno de los países más peligrosos de la región y del mundo. Dentro de este contexto ha crecido y se ha socializado una generación de jóvenes venezolanos, con edades comprendidas entre diez y treinta años, que no solo han sido testigos y víctimas de esta extrema violencia criminal, sino que incluso han sido partícipes de ella.
Según los datos proporcionados por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) y citados por el sociólogo Roberto Briceño-León en su estudio "Las múltiples victimizaciones de los jóvenes y la policía”, entre los años 2019 y 2021 se registraron 6.917 muertes violentas de niños, adolescentes y jóvenes venezolanos. Dentro de esta trágica cifra, 4.265 de las defunciones correspondieron a homicidios, mientras que 2.652 fueron muertes catalogadas como enfrentamientos con la autoridad. A estas escandalosas cifras habría que agregar las 4.446 muertes o desapariciones de niños y jóvenes que no han sido esclarecidas o resueltas y que se catalogan como "muertes en averiguación”. De este grupo, 2.129 (48 por ciento) son niños menores de 11 años.
Según los autores del estudio de LACSO, el impactante número de muertes de jóvenes a causa de enfrentamientos con la autoridad está directamente vinculado con la violencia estructural que afecta a la juventud venezolana. En muchas regiones del país, la pobreza, la marginación y la exclusión social han creado un ambiente propicio para que menores de edad sean reclutados por bandas delictivas armadas y sean introducidos al delito. Como destaca la investigadora Carla Serrano en su contribución al libro, "los símbolos de prestigio que definen su identidad generacional, como los teléfonos celulares, la vestimenta y las redes sociales, no son considerados alcanzables a través del estudio o el trabajo. Esto lleva a que algunos jóvenes sueñen con emigrar, mientras que otros se exponen a las bandas delincuenciales locales o, peor aún, a las redes del crimen organizado. Estas últimas les pueden ofrecer comida, entretenimiento, teléfonos e incluso la tentadora promesa de obtener respeto y poder de manera inmediata, sin necesidad de esperar por un futuro mejor".
Frente a esta tragedia, el Estado venezolano, corresponsable de esta situación, y careciendo de un auténtico plan nacional de protección para la niñez y la juventud, ha optado por una política estatal represiva que se dirige especialmente a los estratos de bajos ingresos del país. Durante el período de 2019 a 2021, los operativos militarizados de seguridad ciudadana arrojaron como trágico saldo la muerte de 2.652 jóvenes, muchos de los cuales han sido denunciados como víctimas de ejecuciones extrajudiciales estatales por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Esta sintética radiografía de la realidad de la juventud venezolana permite comprender mejor una de las razones primordiales por las que, entre los años 2017 y 2022, el 50,5 por ciento de las personas que salieron de Venezuela tienen edades que oscilan entre 15 y 29 años (ENCOVI 2022), y por qué esta sangría aún se mantiene en el país.
(dz)