El gobernador de Río recurre a la ONU para reducir las armas
30 de septiembre de 2019
El gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, anunció este domingo (29.09.2019) que le pedirá a las Naciones Unidas una sanción internacional contra países como Colombia, Paraguay y Bolivia, que, a su juicio, venden armas ilegales a los grupos criminales y han provocado un "genocidio", una "masacre", en su estado. "Es una situación sangrienta la que vivimos en las comunidades de Río de Janeiro. Hay que cerrar la frontera" para las armas, apuntó el gobernador, quien adelantó que esta misma semana formalizará el pedido ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
"Estamos con todas las acciones para retirar las armas y trabajando ahora junto a las Naciones Unidas para llevarles realmente la causa del genocidio de Río de Janeiro, que no es por el gobernador", declaró Witzel a periodistas en la Cidade do Rock, donde se celebra el festival musical Rock in Río. De acuerdo con Witzel, el propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas "puede tomar esa decisión de sancionar a Paraguay, Bolivia y Colombia en lo que tiene que ver con las armas. Y los países que a su vez venden armas para esos países tiene que ser prohibidos o va a continuar esta masacre".
El caso Ágatha Felix
Witzel, un exjuez y exfusilero naval defensor de una política de combate directo al crimen en las favelas, con represión, fue blanco de fuertes críticas esta semana por la acción policial que el pasado 20 de septiembre terminó con la vida, por una bala perdida, de una niña de ocho años que estaba en el interior de una furgoneta.
A pesar de que la muerte de la menor levantó de nuevo las voces de movimientos y líderes sociales contra la política de extrema represión adoptada por Witzel en materia de seguridad pública, el gobernador reafirmó su postura y extinguió esta semana una medida que buscaba incentivar la reducción de la violencia de la Policía.
El decreto altera una ley de 2009 que ofrece compensaciones financieras en sus salarios a los policías como premio por la reducción de diferentes estadísticas criminales excluyendo de la medida la norma que incentivaba a los uniformados que se esforzasen por reducir el número de civiles muertos en operaciones policiales. En consecuencia, los diferentes cuarteles de policía podrán recibir los incentivos salariales si reducen indicadores criminales como número de homicidios o de robos sin importar si en sus áreas de actuación aumenta el número de civiles muertos en operaciones policiales.
lgc (efe/globo)
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