20 años de paz

Veinte años han transcurrido desde la firma de los acuerdos que pusieron fin a la guerra civil en El Salvador (1980-1992). El 16 de enero de 1992, la comandancia general de la organización político-guerrillera Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el presidente Alfredo Cristiani (1989-1994) suscribieron pactos conciliatorios al darse cuenta de que ninguna de las partes podría salir victoriosa del enfrentamiento armado. “El FMLN renunció a su sueño socialista y el Gobierno de turno, a seguir apuntalando la dictadura de los militares”, dijo a Deutsche Welle la politóloga y catedrática de la Universidad de Leipzig Heidrun Zinecker.

“El resultado de ese compromiso es una democracia caracterizada por la supremacía de lo civil y la retirada de las Fuerzas Armadas del ámbito político”, agregó Zinecker, experta en Relaciones Internacionales, al ser consultada sobre los objetivos específicos de los acuerdos de paz firmados en el castillo de Chapultepec, México, y las metas alcanzadas en los últimos cuatro lustros. “Ahora tienen lugar elecciones más libres y justas, al punto de que Mauricio Funes, candidato presidencial del partido FMLN –que tomó su nombre del grupo guerrillero y estuvo relegado a la oposición durante años–, ganó los comicios de 2009”, acotó Zinecker.

Aunque incipientes, la alternancia de partidos en el poder y la asunción de un carácter democrático por parte del Ejército son indicios de que ha habido cambios tangibles en El Salvador. Por otro lado, numerosos proyectos de transformación social, política y económica han quedado inconclusos o postergados, haciendo evidente la incapacidad de las bancadas en la Asamblea Legislativa para olvidar sus diferencias ideológicas a la hora de cooperar. Nidia Díaz, diputada del Parlamento Centroamericano y miembro del FMLN, no titubea al admitir que queda mucho por hacer ni duda en atribuir a la actual oposición falta de disposición para cumplir lo acordado.

“La paz sigue estando en proceso de construcción”

“El hecho de que los fusiles callen no significa que la paz se haya alcanzado plenamente. Seguimos procurando erigir una sociedad justa, en donde todos sientan que vale la pena vivir”, comentó desde Berlín quien fuera conocida como la “Comandante Díaz” durante la guerra civil salvadoreña. Tras visitar España y Francia, dos países que ayudaron a que el FMLN fuera reconocido internacionalmente como una fuerza beligerante legítima, Díaz pasó por Italia y Alemania –la última parada de su breve gira europea–, en el marco de la conmemoración del vigésimo aniversario de los pactos de paz.

“En los dos años que lleva gobernando el FMLN, se ha comenzado a hacer justicia social con la implementación de políticas públicas que favorecen a amplios sectores de la población tradicionalmente ignorados”, señaló Díaz, aludiendo a un tercio de los salvadoreños que vive en estado de pobreza extrema. “Se han hecho reformas en las áreas de la educación y la salud, pero impulsar el desarrollo de una economía productiva es uno de los retos más grandes que tenemos por delante. Nuestro fin es que El Salvador vuelva a convertirse en un país exportador, sobre todo de productos agrícolas”, añadió la política.

“Para alcanzar estas metas y resolver la crisis socioeconómica que aqueja al país, el Gobierno necesita que los sectores poderosos hagan mayores contribuciones. Sin embargo, persuadirlos no es una tarea fácil porque la oligarquía, que ha dominado el ámbito económico, el político y el castrense históricamente, protege sus privilegios con ferocidad”, dijo Díaz. Su esperanza es que, en las elecciones parlamentarias del próximo 11 de marzo, el FMLN se haga de una mayoría simple –43 puestos– en la Asamblea Legislativa. De momento, el FMLN tiene 35 puestos y su principal adversaria, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), 16.

La violencia criminal pone al actual Gobierno salvadoreño en un dilema.

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Violencia criminal, el problema más grave

A juicio de Díaz, una mayoría parlamentaria le desataría las manos al FMLN y le permitiría pagar las deudas que el Estado tiene pendientes con muchos ciudadanos salvadoreños. ¿Puras promesas? “El Gobierno del FMLN ha otorgado más títulos de propiedad de tierra a los campesinos en dos años que el partido Arena en dieciocho”, puso como ejemplo Díaz, sin pretender distraer la atención de asuntos que ameritarán respuestas más complejas. Las secuelas dejadas por la guerra civil en la nación centroamericana han dado pie a nuevos problemas y, según la exguerrillera, las soluciones a la mano han puesto al Gobierno de Funes en más de un dilema.

El conflicto armado obligó a alrededor de 500.000 salvadoreños a abandonar el país. Ese éxodo, sumado a la fuga de capitales y al cierre de innumerables empresas, pasmó la economía nacional. El Salvador pasó de depender de la agricultura –70 por ciento de las divisas provenían de la exportación de productos agrícolas en la década de los setenta– a depender de las remesas enviadas por los emigrantes: en este instante, el dinero que los salvadoreños mandan a sus familiares desde el extranjero constituye el 80 por ciento de los ingresos nacionales. Por si fuera poco, miles de armas de fuego quedaron en manos de la población civil cuando terminó la guerra civil.

Ese arsenal no controlado hizo posible el surgimiento de las maras, las pandillas dedicadas al narcotráfico y otras formas de crimen organizado que, en tiempos de paz, han convertido a El Salvador en uno de los países latinoamericanos con mayores índices de violencia. “Las encuestas apuntan a que la inseguridad es el problema más grave del país. No obstante, me preocupa que un Gobierno de izquierda, que prometió usar estrategias contra la violencia distintas de las de su predecesor, vuelva a recurrir al principio de ‘mano dura’. El Ejército se ha hecho cargo de la seguridad pública y la Policía Nacional Civil es dirigida por un general”, criticó Zinecker.

La ley de amnistía, en la mira

“Durante los Gobiernos del partido Arena, los programas de seguridad ciudadana no se vieron complementados por reformas necesarias para restituir el tejido social salvadoreño. Es por eso que, ahora, en lugar de aplicar una noción preventiva de la seguridad, se apela a un modelo punitivo, represivo”, sostuvo Díaz, argumentando, por otra parte, que se han tomado medidas para optimizar y acelerar la administración de la justicia. “La captura de alrededor de 160 personas, diariamente, hace que la policía se vuelva un organismo meramente auxiliar. Y, de momento, la investigación de los delitos no nos está permitiendo echarle el guante a quien deberíamos”, agregó la política salvadoreña.

A los ojos de Díaz, el auge de la violencia criminal y la corrupción está relacionado con otro hito de la historia reciente de El Salvador: la ley de amnistía de 1993, atribuida al presidenteCristiani.“Hay sectores cuya máxima es no mirar hacia el pasado, sino hacia el futuro. Pero eso tiene un problema: la impunidad que ha prevalecido de cara a los crímenes de lesa humanidad, cometidos durante la guerra civil, estimula el florecimiento del crimen organizado. Como nadie ha sido enjuiciado por asuntos más graves, como las violaciones de los derechos humanos, la gente aprendió que en El Salvador se puede hacer y deshacer sin que la ley prive”.

Cuando se analizan las implicaciones del caso Garzón en España, se hace evidente lo frágiles que pueden ser las democracias cuando se construyen sobre la base de olvidar las violaciones de derechos humanos perpetradas por los regímenes autoritarios que la precedieron. Hoy, cuando se pregunta por las reparaciones para las víctimas de la violencia estatal en El Salvador, se suele responder que el respeto por la ley de amnistía es necesario para garantizar la paz social. Al respecto opinó Zinecker: “Reconocer esta amnistía como un mal necesario, no significa que se deban olvidar por completo las violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar”.

En los doce años que duró la guerra civil en El Salvador, más de 75.000 personas perdieron la vida –la mayoría de ellas eran civiles–, 12.000 quedaron lisiadas y 8.000 han sido dadas por desaparecidas. El pasado 16 de enero, el presidente salvadoreño, Mauricio Funes, pidió perdón, en nombre del Estado, por las masacres cometidas durante el enfrentamiento armado. Díaz recordó que la Comisión de la Verdad salvadoreña le imputó el 10 por ciento de las violaciones de los derechos humanos a los guerrilleros y el 90 por ciento de ellas al Ejército, a los cuerpos de seguridad del Estado y a escuadrones de la muerte creados por militares y policías al margen de la ley.

Autor: Evan Romero-Castillo
Editor/a: Claudia Herrera Pahl