El Salvador: piden investigar la captura de Manuel Gámez

La lideresa comunitaria y presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), Vidalina Morales, pidió este jueves (18.05.2023) a la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, que investigue la detención "arbitraria" de su hijo de 33 años en El Salvador.

"Me dirijo públicamente a usted para solicitar que en cumplimiento de su mandato constitucional vele por el respeto y la garantía de los derechos humanos de mi hijo y de todas las personas inocentes capturadas bajo el régimen de excepción", señaló Morales en una carta abierta dirigida a Caballero.

Morales solicitó a la procuradora que, además de investigar las denuncias de violaciones de derechos humanos, "asista a las víctimas y supervise real y efectivamente la actuación de la administración pública frente a las personas".

"Esta captura de mi hijo se suma a los diferentes y cobardes ataques que han sufrido las personas defensoras de derechos humanos y sus familias, como actos de intimidación ante la exigencia de justicia", subrayó la lideresa de la comunidad Santa Marta, del departamento de Cabañas (centro).

Morales agregó que su hijo Manuel Gámez Morales "no tiene ninguna vinculación con grupos de pandillas". También, responsabilizó a las autoridades gubernamentales "por el daño a la integridad física, moral y psicológica que mi hijo pueda estar sufriendo".

"Exijo la inmediata liberación de mi hijo, la de mis cinco compañeros ambientalistas y la de miles de personas inocentes capturadas bajo el régimen de excepción", acotó en referencia a los lideres comunales que forman parte de ADES acusados de asesinar a una mujer en el marco de la guerra civil (1980-1992).

Abogado pide conocer estado de salud de líder comunitario

En tanto, el abogado Dennis Muñoz -defensor de los cinco líderes comunitarios detenidos- pidió este jueves a una corte de vigilancia recibir informe sobre el estado de salud de uno de sus clientes. El escrito fue presentado al Juzgado de Vigilancia de Sonsonate por el caso de Saúl Rivas Ortega, quien fue trasladado de un centro de salud, donde se encontraba, a una prisión en el municipio occidental de Izalco.

"Queremos conocer las condiciones de salud de mi representado" y "nos parece contradictorio que se haya trasladado a alguien que se encuentra mal de salud de un centro especial a un centro de mediana seguridad", declaró Muñoz a periodistas. Añadió que este tipo de prisiones -a su juicio- no presentan las "condiciones favorables" para una persona "que tiene una enfermedad crónica degenerativa".

Los detenidos también forman parte de la comunidad que fue una de las principales impulsoras de una ley aprobada en marzo de 2017 por el Congreso que prohíbe la minería en el país centroamericano.

ama (efe, ysuca)